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En los planes del Ministerio de Trabajo (MTSS), el 2022 era el año para profundizar en la regulación de las relaciones laborales. Sin grandes negociaciones salariales —tras un 2021 marcado por la novena ronda, en la que acordaron 187 grupos—, la energía se concentró en la redacción de un proyecto de ley para levantar las observaciones de la OIT, en un protocolo para los casos de acoso sexual y en una norma para el trabajo de las plataformas digitales. También estaba planeada una “modernización” de los Consejos de Salarios, que quedó postergada para 2023, el año de la última ronda de este período de gobierno.
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De todas formas, en 2022 comenzó la décima ronda de los Consejos de Salarios para los sectores más afectados por la pandemia de Covid-19, que, además del período “puente” general de 2020, tuvieron otro en 2021. También hubo otros sectores, como el de los médicos, que tuvieron negociaciones “duras” durante seis meses.
En 2022 hubo 26 acuerdos por la décima ronda. Diez fueron tripartitos; tres, bipartitos; en cinco casos el Poder Ejecutivo se abstuvo de votar; en ocho mesas los delegados del gobierno votaron con los empresarios; en dos se resolvió con un proyecto de decreto, informó a Búsqueda el director de Trabajo, Federico Daverede.
Todavía resta que termine la negociación del grupo de taxis, que “seguramente vaya a decreto” porque no hay acuerdo entre las partes. Los molinos de arroz, en tanto, iban a negociar de forma bipartita y en el MTSS esperan una devolución. Si bien el comercio logró un convenio, el sector de los free shops está demorado y se prevé hacer un subgrupo específico para encontrar una solución.
El gobierno espera que el reordenamiento de los Consejos de Salarios esté pronto para cuando presente los lineamientos para los sectores que negociarán en esta décima ronda. Daverede dijo al sitio de Presidencia que en el MTSS tienen previsto para abril un informe sobre los cambios necesarios para que el “nuevo esquema” de los Consejos de Salarios se implemente en la negociación que iniciará a mediados de año.
Con 195 grupos, será la más grande de este período, que, en un año preelectoral, debe cumplir con el “compromiso de la recuperación salarial”.
Las cláusulas
Algunos acuerdos firmados durante 2022 incluye, además de los futuros ajustes salariales y los correctivos por inflación, un “gatillo” si el Índice de Precios al Consumo (IPC) supera el 12%, así como cláusulas “de paz” y “de género”, surge de las actas de los convenios.
En el subgrupo de prestación de servicios audiovisuales para eventos del comercio se reflejan estos temas. El convenio se firmó por cuatro años: desde julio del 2022 a junio del 2026. Tienen previsto correctivos salariales por inflación y la “salvaguarda” de que, si la variación del IPC es mayor a 12% en alguno de los años de vigencia, se podrá convocar nuevamente al Consejo de Salarios. Esa formulación o la referencia a una “cláusula gatillo” se repite en otros convenios firmados, también si supera el 12%. Daverede dijo a Búsqueda que este número “surge de las partes” y que no fue propuesto por el Ejecutivo. Sin embargo, aclaró, en los convenios anteriores era “frecuente” que apareciera este tipo de disposiciones.
En las cláusulas se establecen correctivos en cada ajuste semestral si la inflación excede la esperada: la diferencia se imputa como recuperación para los trabajadores.
El acuerdo en servicios audiovisuales incluye una cláusula de “equidad de género”, que no establece ninguna obligación pero exhorta que se cumplan las leyes referidas a la discriminación y a la violencia doméstica. Esta disposición se repite en otros convenios, pero no se establecen acciones concretas a seguir. En el acuerdo alcanzado a fin de año entre los trabajadores de la industria química y la Cámara de Especialidades Veterinarias se profundiza en este punto y se establece que debe haber un “acompañamiento” a las víctimas”. A su vez, en el convenio de los remises se promueven “cambios culturales que propicien la compatibilización de responsabilidades laborales entre hombres y mujeres”.
La “cláusula de paz” acordada por el comercio obliga a los trabajadores a “no formular planteos de naturaleza salarial alguna ni desarrollar acciones gremiales”, salvo las medidas de carácter general. También propone “pasos” para prevenir conflictos antes de la “adopción de cualquier medida”.
Los acuerdos de los hoteles, bares y restaurantes vencían el año pasado. Empresarios y trabajadores no llegaron a un convenio en los plazos previstos y el Poder Ejecutivo hizo una propuesta, que se aprobó por mayoría (sin el voto de los trabajadores).
La representante de los asalariados Fernanda Aguirre dijo a la diaria que el planteo del Ejecutivo “no recupera lo perdido” en los dos períodos “puentes”. En julio de 2026, estimó, los salarios estarán todavía 1,6% por debajo en términos de poder de compra.
El acuerdo firmado establece un “correctivo final” por la diferencia entre la inflación esperada y la efectivamente ocurrida y la “cláusula de salvaguarda” por inflación.
“Duras” negociaciones
El sector que nuclea a médicos, odontólogos, químicos farmacéuticos y parteras firmó su acuerdo a fin de año, en el marco de la décima ronda. Las negociaciones se extendieron durante seis meses y fueron “duras”, aseguró el Sindicato Médico (SMU). “El punto de partida era menos que cero y durante varias reuniones lo único que se obtuvo fueron respuestas negativas”, expresó esa gremial.
Además de los ajustes salariales, los delegados acordaron la creación de varias comisiones para planificar cambios en el sector y se establecieron partidas salariales. Una “cláusula de salvaguarda” establece que se podrá volver a convocar a los Consejos de Salarios si la inflación es mayor a 12%.
El acuerdo incluye una partida por capacitación —fijada también en convenios anteriores—, para la que el Poder Ejecutivo asigna un monto de $ 404.581.000 por año, que se distribuirá entre todos los trabajadores que participen de esas actividades. Además, las mutualistas y los seguros de salud otorgarán una partida para la formación en telemedicina, de $ 100 millones anuales en 2023 y 2024.
Los trabajadores no médicos —que firmaron su acuerdo en noviembre— también cobrarán una partida fija por capacitación, financiada por el Ejecutivo, que destinará $ 909 millones para 2022, 2023 y 2024.
Entre las cláusulas de los médicos, se acordó retomar el tiempo de consulta de 15 minutos —que se había reducido en la pandemia— de forma progresiva a partir de abril. El Poder Ejecutivo deberá promover el uso “racional de los servicios de salud” para evitar el ausentismo “sin aviso ni justificación”, señala. A su vez, se creará una comisión especial tripartita que estudie las “condiciones y requisitos” de un aumento del tiempo por paciente en las policlínicas ginecológicas.
Otra comisión —que comenzará a trabajar en abril y funcionará nueve meses— se creará para tomar definiciones sobre cargos de alta dedicación, buscando que “concentren carga horaria y mejoren la dedicación y la asistencia de los usuarios”. Ese grupo también deberá definir un cronograma de incorporación de estos puestos de trabajo en las mutualistas.
El acuerdo firmado es hasta junio de 2025. En los próximos convenios se sumarán los nutricionistas y los dietistas a este grupo.
Otro de los grandes sectores que deberá negociar este año es el de la construcción. El convenio vigente fue firmado en abril de 2020 y el acuerdo no implicó pérdida salarial.
