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El ministro de Defensa, Javier García, tiene la idea de cambiar la ley orgánica militar desde el mismo momento en que fue aprobada un año atrás en el Parlamento, con él sentado como oposición en una de las bancas del Senado. Apenas horas después de asumir su cargo en marzo, dijo públicamente que la norma fue pensada y aprobada por el Frente Amplio “bajo prejuicios políticos e ideológicos”. En junio inició una serie de reuniones con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y los líderes de los principales partidos políticos del país para escuchar sus propuestas sobre el tema; en agosto, el mensaje y la exposición de motivos del ministerio en el proyecto de ley de Presupuesto mencionaron la posible modificación de la ley orgánica para darle “una visión moderna que contribuya en el cumplimiento de sus misiones y cometidos”.
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Con todas las cartas sobre la mesa la decisión está ahora en manos de García, que ya planteó oficialmente por dónde irán algunos de los cambios y rechazó otros. Entre los últimos, descartó la posibilidad de que militares en ejercicio puedan ocupar cargos en la administración pública, informó a Búsqueda Fabián Martínez, director general de Secretaría del ministerio. “Haberlo aceptado hubiera significado politizar las Fuerzas Armadas”, indicó Martínez. La idea contaba con el apoyo del subsecretario de Defensa Rivera Elgue y su sector político Cabildo Abierto, cuyo programa de gobierno incluye derogar la ley orgánica militar y sustituirla con una norma que surja del análisis de todo el sistema político e integrantes de las Fuerzas Armadas.
La propuesta respaldada por Elgue buscaba que se avale la suspensión del estado militar del personal para que, sin necesidad de retiro, pueda acceder a puestos públicos, incluidos aquellos de particular confianza. Actualmente, la ley orgánica militar (Nº 19.775) define al personal militar como aquel que, a diferencia del personal civil, se rige por las normas inherentes al estado militar y no por las normas del estatuto del funcionario público, cuya designación y cese se regula por las disposiciones generales que rigen para los funcionarios de la administración central. Una vez en situación de retiro el militar sí queda liberado de las obligaciones fundamentales que impone el estado militar.
Recientemente, el senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, recibió cuestionamientos internos de parte de dirigentes civiles de su sector por la cantidad de militares retirados que fueron nombrados por Cabildo Abierto a cargos en distintas dependencias del gobierno (Búsqueda Nº 2089). Dentro del Ministerio de Defensa hay tres autoridades con pasado militar que pertenecen a ese partido político: los coroneles retirados Rivera Elgue, Gustavo Figueredo y Alejandro Bordagorri, quienes ocupan los puestos de subsecretario, director general de Recursos Humanos y director de Formación Militar, respectivamente.
Javier Garcia y Julio María Sanguinetti tras la reunión sobre la ley orgánica militar. Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
Institución armada
La ley orgánica militar fue promulgada en julio del año pasado para modificar el decreto-ley Nº 14.157 de 1974, aprobado durante la dictadura. Fue ideada por el gobierno del Frente Amplio para definir otros principios y disposiciones que rijan la composición, jurisdicción, organización, misiones, personal y logística de las Fuerzas Armadas. Entre otros puntos, reduce la cantidad de oficiales generales y de oficiales superiores, elimina los tribunales de honor por un tribunal de ética y conducta militar y establece ascensos transparentes por concurso.
Según José Bayardi, ministro de Defensa durante la votación de la ley en 2019, la antigua legislación conservaba aspectos de la “doctrina de seguridad nacional” que era necesario “desplazar”, entre ellos, fijar a la población como sujeto central fundamental de la misión militar, a diferencia de 1974 cuando “parte de la población podía ser consideraba como un enemigo en materia del Estado”.
En la ronda de reuniones que comenzó a mitad de año, García pretendió escuchar las opiniones que desde dentro y fuera de la coalición de gobierno se tiene sobre la ley orgánica militar, según explicó el ministro en su momento. Los encuentros incluyeron a Manini Ríos, Julio María Sanguinetti del Partido Colorado y Javier Miranda del Frente Amplio. Por ahora el gobierno solo explicitó ciertos cambios al sistema disciplinario como las únicas modificaciones que planea realizar a la normativa. Es el tema que más preocupa a García, porque cree que se perdió rigidez en la cadena de mando y se flexibilizaron las sanciones a un militar, asimilándolas a las de otros funcionarios públicos que no portan armas ni tienen la misma responsabilidad.
En esa línea, el proyecto de Presupuesto que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento prevé cambios a artículos de la ley orgánica militar relacionados con medidas disciplinarias, recargo en el servicio, arresto, información sumaria militar y baja como sanción. Uno de ellos, de aprobarse, es sustituir el artículo 157 para que en casos de faltas muy graves, ineptitud, omisión o delito se establezca la baja como sanción complementaria, sin que constituya causal de retiro obligatorio. Se trata, por ejemplo, de aquellas personas que son procesadas y condenadas y que, debido al régimen actual, permanecen en las fuerzas hasta que culmine el proceso. La idea “es que sea sancionado, que pase a la Justicia, se dé de baja en las Fuerzas Armadas para continuar luego con su proceso judicial”, dijo Elgue en el Parlamento.
En julio del año pasado dos subalternos de la Brigada Aérea N° 2 de la Fuerza Aérea en Durazno violaron y golpearon a una adolescente de 17 años y permanecieron dentro de la institución hasta ser finalmente condenados por la Justicia semanas atrás. “Entonces, uno se pregunta, ¿es lógico que dos personas que cometieron un delito gravísimo continúen revistando en una institución armada? ¡No!”, se quejó el ministro ante el Parlamento.