El año pasado Costa Rica se convirtió en el primer país latinoamericano en prohibir la caza de animales como deporte, tras reformar la Ley de Conservación de Vida Silvestre. Colombia se sumó poco después y también decidió prohibir el desarrollo de esa actividad, tan arraigada en ciertos sectores de la población. Sin embargo, otros países han hecho de la caza deportiva una práctica tradicional que incluso hizo que emergiera un sector turístico que mueve millones de dólares.
En Uruguay existen empresas que ofrecen paquetes turísticos a extranjeros que incluyen la caza de animales. Según datos del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medioambiente proporcionados a Búsqueda, se entregan unos 2.000 permisos de caza por año. Debido a esto, la Dirección Nacional de Medioambiente (Dinama) recauda por año unos US$ 250.000.
La actividad no está exenta de polémica: los cazadores han estado siempre enfrentados a los grupos animalistas, que reclaman que la caza se restrinja o directamente se prohíba.
La caza está regulada por los decretos 164/96 y 104/00, que indican la lista de especies permitidas y definen cuáles son las temporadas y las cantidades habilitadas. Los procedimientos de control y fiscalización están bajo la órbita de la Dinama.
Los cazadores no están conformes con la legislación actual, ya que entienden que faltan estudios poblacionales de las especies, que sustenten las decisiones. “Si el Estado no tiene recursos para controlar qué se caza y qué no, ir por el camino de la prohibición responde a un Estado totalitario. Y así estoy atacando el derecho esencial del hombre: la libertad”, dijo a Búsqueda Bernardo Barrán, presidente de Profauna, una fundación sin fines de lucro que promueve la preservación de las especies de valor cinegético y de los entornos naturales.
Barrán, que es socio de la estancia de caza San Juan, en Paysandú, defendió que cazar es un derecho en tanto no cause perjuicios a la comunidad. Además sostuvo que los cazadores deportivos contribuyen con recursos económicos al control de la actividad al pagar entre 2 y 4 Unidades Reajustables los permisos de caza.
“Los cazadores deportivos hace años que estamos luchando para que la plata que nos sacan por permisos se utilice para controlar que la caza se realice de acuerdo con la ley. Estamos dispuestos a hacer un acuerdo para que se realicen conteos de especies”, afirmó.
En tanto, Mauricio Álvarez, director de la organización Conservación de Especies Nativas del Uruguay (Coendu), dijo a Búsqueda que hoy “la normativa está muy dispersa” y que la Dinama “viene corriendo de atrás, tratando de ordenar la información”.
“Uruguay lo primero que necesita es uniformizar toda la legislación y que no sea tan difícil de acceder. También sucede que cuando vas con una denuncia la policía no sabe qué está permitido y qué no. Además sería bueno tener un registro de cazadores, como se utiliza en otros países. Y que ya sea un delito directamente cazar sin registro”, opinó.
La caza de especies silvestres como el cardenal, el ñandú, la mulita y el carpincho está prohibida. Está permitido cazar perdiz, paloma, liebre y jabalí de forma libre, y ciervos axis con permiso de caza comercial. La caza de patos se prohibió en setiembre pasado.
“Estamos en contra de toda caza, no por defender al jabalí, por ejemplo, sino porque a nuestro criterio hace más daño el cazador de jabalí que el propio animal, ya que se utilizan perros que dañan al resto de la fauna. Cuando esa balanza se incline y el cazador haga menos daños que el jabalí, podremos evaluar y tomar otra postura”, afirmó.
Álvarez aseguró que la cantidad de cazadores no ha aumentado, pero dijo que sin embargo la cantidad de permisos otorgados para caza descendió notoriamente, ya que muchos no los solicitan y actúan por fuera de la ley. “Los únicos permisos de caza que se envían son para extranjeros. Veremos este año qué pasa con los permisos de plumas”, señaló.
Dijo además que en una charla organizada por la ONG el pasado 16 de mayo se analizaron los aspectos jurídicos de la actividad y se llegó a la conclusión de que hay contradicciones respecto a quién es el propietario de un animal silvestre, según la rama del derecho —administrativa, penal o civil— que se aplique.
Barrán coincidió con ese punto y reconoció que los cazadores locales no solicitan autorizaciones.
Agregó además que la legislación actual es muy antigua, casi “obsoleta”, por lo que no se ajusta a la realidad. “Hay algunas especies prohibidas que hay cantidad enorme y otras especies permitidas que no hay tanto, estaría bueno aggiornarla”, agregó.
Ecologistas, no enemigos
Barrán sostuvo que los cazadores deportivos desean proteger los espacios naturales, ya que los necesitan para desarrollar su actividad. “No hay nadie más protector de la fauna que nosotros, porque nos encanta estar en la naturaleza, competir con los demás animales en destreza para cazarlos, amamos el entorno natural, nadie nos puede enseñar nada a ese respecto. Mucho menos la gente de la ciudad que está en contra de estas actividades tradicionales”, afirmó.
“Los cazadores deportivos tienden a hacer una regulación natural, ningún cazador deportivo abusa de las especies de manera que esta desaparezca. Cazo en los mismos lugares hace tres generaciones y cuido de nunca abusar del recurso porque quiero seguir cazando. Pero me parece legítimo que la población quiera que el Estado controle”, indicó.
Para Barrán, cuanto más controles se realicen, las suspicacias y argumentos de los grupos “animalistas radicales desaparecerán”. Por eso, defiende el concepto de la sustentabilidad y asegura que la caza deportiva debe preservar las especies.
“Las actividades tradicionales están siendo amenazadas por grupos radicales que están en contra de las carreras de caballos y de galgos, las jineteadas, la cazería; no les sirve nada. Una cantidad de actividades están siendo atacadas por la cultura urbana y ponen en riesgo todo un estilo de vida”, se lamentó.
Álvarez, por el contrario, opinó que si el argumento de los cazadores radica en que la caza existió siempre, se podría aplicar el mismo discurso respecto al asesinato, y no por eso está justificado. “Los cazadores tienen mala prensa porque creemos que la sociedad ha evolucionado y avanzado respecto a cosas que antes eran normales”, evaluó.
Barrán también cuestionó la actuación de la Dinama al entender que es sensible a los “grupos radicales” minoritarios “sin ningún fundamento científico ni jurídico”.
Búsqueda procuró conseguir datos oficiales, pero desde el Ministerio de Turismo indicaron que no cuentan con registros sobre el desarrollo del sector, debido a que entienden que no es una práctica que quieran promover. Según datos manejados por miembros de la comunidad de cazadores deportivos, actualmente la caza crea muchos puestos de trabajo, cerca de 1.000 en forma directa y unos 5.000 de manera indirecta. Además, según Barrán la actividad genera un alto beneficio económico para el país, alrededor de US$10 millones anuales.
