Defensores de oficio evalúan entrar en conflicto y retomar reclamo internacional si no tienen “soluciones a corto plazo”

En materia penal, las personas son detenidas y el defensor de oficio debe concurrir a la Fiscalía para entrevistarlas, determinar cómo fue el procedimiento policial de la detención, leer el parte realizado por los funcionarios, ver la carpeta investigativa, explicarle a la persona implicada cómo es el proceso y asesorarla jurídicamente.

Cabrera sostiene que en el interior del país las dificultades son mayores, principalmente por problemas de accesibilidad. Los defensores trabajan en los juzgados letrados, pero suelen tener que trasladarse a los de paz, que pueden llegan a estar a 10 o 100 kilómetros de distancia. Para ir a algunas ciudades solo hay ómnibus por día, lo que implica desatender el servicio en su lugar habitual de trabajo. La distancia también disuade a los usuarios de recurrir a la Justicia. Así, para la representante del gremio de defensores de oficio, se terminan creando leyes y se hacen reformas de los procesos sin tomar “en cuenta a las personas”.

“Podemos discutir mucho doctrinariamente pero no podemos perder de vista que las normas se aplican a personas pobres, que no siempre están pudiendo acceder al sistema de Justicia”, aseguró.

Acorde a su relato, hay personas que directamente se quedan sin asistencia, como algunos denunciados por violencia doméstica. La ley obliga a asistir y acompañar a la víctima, pero como no hay defensores suficientes para todos, la mayoría de las veces los agresores reciben la información de las medidas cautelares que se les van a aplicar sin un defensor al lado que les explique el alcance y sus derechos.

La descentralización es uno de los reclamos principales. Para ello, de nuevo, se necesitan recursos humanos y materiales: más presupuesto.

En su comparecencia en la Comisión de Constitución y Legislación del Parlamento el pasado 18 de octubre, durante el análisis del proyecto de ley que busca reglamentar la descentralización y democratización del acceso a la Justicia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor John Pérez Brignani, reconoció las dificultades en la accesibilidad y planteó la posibilidad de que se prevea que los abogados puedan realizar consultas o asesorar por medios digitales, para evitar esos desplazamientos que son “muy inconvenientes” o que se vean privados de una defensa por esa razón.

Consultada respecto a esta alternativa, Cabrera aseguró que eso generaría “dificultades” porque no tienen los recursos materiales suficientes, además de considerar que el contacto personal con los usuarios es “fundamental”.

“Hacerlo por Zoom no puede ser la regla, sino la excepción. La solución es generar más cargos”, afirmó.

En un contexto de poco personal, las licencias médicas —muchas de ellas por “estrés”— agravan el problema y sobrecargan a los defensores activos que deben asumir el trabajo que dejan de hacer sus colegas. Como solución a estas dificultades, el gremio considera fundamental la creación de cargos “suplentes”, nueve en el interior del país y cinco en Montevideo.

Las licencias maternales también son frecuentes en un rubro que tiene 235 mujeres (de un total de 295 funcionarios) y la mayoría son jóvenes en edad reproductiva. Para atender esta realidad, piden que se reglamente una licencia por maternidad especial, porque trabajar medio horario en etapa de lactancia es “imposible de cumplir” para las tareas que deben realizar, que muchas veces son imprevisibles, de plazos impostergables y sujetas a la agenda de jueces y fiscales. La Comisión de Género de la asociación sugiere un régimen similar al que se emplea en la salud, donde se extiende la licencia por maternidad.

Todos estos reclamos vienen de tiempo atrás. Cabrera dijo que esperan tener “soluciones a corto plazo”. Si esto no sucede, el gremio realizará una denuncia de la situación ante organismos internacionales. Este planteo había sido formulado en marzo de 2022 por el expresidente de la asociación Joaquín Gamba, pero se dejó en suspenso luego de que el Parlamento los recibiera y escuchara sus planteos.

Para incrementar la presión en busca de soluciones, dijo que evalúan declararse en conflicto, en principio sin afectar los servicios que brindan.

“Desconfianza” e “inconvenientes”

Desde la primera presidencia de Tabaré Vázquez, los defensores de oficio reclaman que se establezca un régimen que les dé independencia del Poder Judicial. Eso les permitiría reclamar presupuesto de forma directa y fortalecer el servicio.

Una iniciativa planteada por el Frente Amplio en agosto de este año propone que se transformen en un servicio descentralizado, con su propio presupuesto, sin injerencia de los jueces, que se comunique con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura. El proyecto va en línea con el lineamiento trazado en un informe del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas publicado en julio, sobre la necesidad de que haya una defensa pública independiente. “Depender del mismo poder del Estado genera desconfianza del usuario”, indicó Cabrera.

En la práctica, la dependencia provoca inconvenientes. Al trabajar con personas de bajos recursos, los defensores de oficio no tienen la posibilidad de contratar peritos particulares como mecanismo probatorio. Ese tipo de trabajos los encargan al Instituto Técnico Forense, el mismo lugar al que recurren los fiscales que acusan a sus defendidos. Además del conflicto de intereses, las pericias pueden “demorar meses” para casos en los que es importante la celeridad, como violencia doméstica o abuso sexual.

Otro aspecto inconveniente de la dependencia del Poder Judicial es que las evaluaciones de los jueces son condicionantes para que los defensores de oficio asciendan en sus carreras, algo que consideran “ilógico”.

“El Poder Judicial está pensado para los jueces, no para los defensores. Por eso las fallas en el sistema”, sentenció Cabrera.