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    miércoles 12 de junio de 2024
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    Del Centro Militar

    Sr. Director:

    La Comisión Directiva del Centro Militar comparte con la familia militar y con la ciudadanía en general su profunda desazón por las declaraciones que en el almuerzo de ADM, de fecha 28 de setiembre del corriente, emitió el Sr. Ministro de Defensa Nacional.

    Según dichas expresiones, no apoya la iniciativa del proyecto de ley que otorgaría la posibilidad de prisión domiciliaria a personas mayores de 65 años entre los que se encuentran militares y policías, privados de libertad en forma perpetua, dada la edad de los mismos y las penas que les fueron impuestas.

    La negativa del Sr. Ministro a apoyar y siquiera considerar dicho proyecto de ley se argumenta en que la posibilidad de prisión domiciliaria es un tema que “divide a los uruguayos”. El argumento del Sr. Ministro que, notoriamente, se refirió a la situación de militares y policías actualmente privados de su libertad no se ajusta a la realidad del devenir ni histórico ni jurídico de la República.

    Los sucesos acaecidos hace más de 50 años tuvieron, como es de público conocimiento, varias etapas, no obstante no se puede tergiversar la dinámica jurídico-político que dentro de la concepción del Estado de derecho y la forma de gobierno democrático republicana los encuadraron.

    Dichos hechos, en síntesis se sucedieron así:

    1) Acciones armadas de movimientos subversivos atacando la institucionalidad y a la sociedad civil.

    2) Actuación del Estado a través de sus tres Poderes y con el especial apoyo de las Fuerzas de Seguridad para salvaguardar a la sociedad y su sistema de gobierno.

    3) Declaración del Estado de guerra interno por parte del Parlamento Nacional cometiendo a las Fuerzas Armadas el enfrentamiento directo al terrorismo organizado, en el marco de sus competencias constitucionales y de las correspondientes al Poder Ejecutivo Art.168 Nral.17.

    4) Apertura de negociaciones hacia la transición para la normalidad democrática.

    5) Elecciones nacionales de noviembre de 1984.

    6) Asunción del nuevo gobierno electo con pleno retorno a la vigencia del sistema de gobierno democrático republicano para el período 1985-1990.

    En dicho período se dictaron las leyes necesarias para el total regreso a la vida democrática del país.

    Una de esas leyes es la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que refiere a la actuación de los Poderes Públicos y sus respectivos subordinados en el período de excepción. Dicha ley fue aprobada por el Parlamento electo democráticamente.

    Asimismo, de acuerdo a la Constitución, dicha ley fue sometida en 1989 a referéndum legítimamente, por uno de los procedimientos de democracia directa al que alude el Art. 82 de la Carta Magna. Como es de conocimiento público el cuerpo electoral, máxima expresión de la soberanía, ratificó en todos sus términos el texto de la ley de caducidad, tal como había sido aprobada por el Parlamento.

    Los sucesivos gobiernos democráticos aplicaron dicha ley con improntas propias, cada uno desde su perspectiva política e ideológica pero dentro del Estado de derecho.

    Prueba de ello es que en el año 2009, habiendo pasado más de una generación desde el primer referéndum, a través del mecanismo constitucional de democracia directa, la ley de caducidad se somete a plebiscito y nuevamente el cuerpo electoral, la ciudadanía, ratifica totalmente el contenido de la ley N° 15.848 promulgada el 22 de diciembre de 1986.

    En el año 2011 el Parlamento con la totalidad de partidos políticos con representación decide por mayoría circunstancial torcer la voluntad ciudadana expresada en dos ocasiones.

    En síntesis, la actuación parlamentaria que aprueba la ley y sus dos ratificaciones por el cuerpo electoral nos acredita para afirmar, al contrario de la opinión del Sr. Ministro, que si hay un tema que institucional y jurídicamente no dividió a los uruguayos es el de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado.

    Muy distinto o diferente, respetable y digno de toda la elevación espiritual posible son los sentimientos de dolor que anidan en todas y cada una de las familias orientales que vivieron aquellos tristes días y que el propio Estado ha tratado de reparar en algunos casos, en otros no.

    Así ocurrió siempre en nuestra historia patria, el dolor es intimista, la fraternidad cívica se ha vestido de amnistía, caducidades, perdones y otras sendas que nos permitieron seguir adelante en búsqueda del bien común.

    Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad tienen por ley competencias, misiones, tareas sometidas a sus jerarquías y en ningún caso han dejado de cumplirlas, no lo hicieron hace 50 años, no lo hacen hoy, obedecen a sus Mandos y al Mando Superior.

    Son convocadas permanentemente desde distintos sectores de la actividad del Estado para prestar su profesionalidad logística estratégica y operativa en innumerables situaciones, alimentación de la sociedad, desastres naturales, recolección de residuos, cuidar y patrullar cientos de kilómetros de frontera, asistir a vacunatorios en la reciente pandemia, representar al país en zonas de conflictos con alto destaque internacional; seguramente son y serán requeridas para enfrentar las crecientes amenazas e hipótesis de conflicto graves que enfrenta nuestro mundo y de las cuales nuestro país no es ajeno.

    Cumplirán siempre, porque esa es su vocación y su profesión, quieren hacerlo y saben hacerlo.

    Sus respetuosos reclamos se limitan a que dentro de las posibilidades nacionales se los pertreche con los suficientes medios humanos y materiales para que su labor sea más eficiente y más eficaz.

    Esa es su principal ocupación y preocupación y asimismo por competencia constitucional, legal y reglamentaria es también el poder-deber del Estado: Poder Ejecutivo-Ministerio de Defensa Nacional.

    Lamentamos la desafortunada intervención del Dr. García que percibimos como una equivocada opinión subjetiva. Deseamos que el señor ministro de Defensa Nacional en un acto de grandeza procure en sus futuras alocuciones promover una efectiva reconciliación nacional.

    Comisión Directiva del Centro Militar

    Cartas al director
    2022-10-12T23:45:36