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A fines del año pasado, el servicio de acompañantes Secom presentó una demanda judicial contra el Estado por promover una “competencia desleal” de la mutualista Asociación Española frente a otras empresas del rubro sanitario.
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La denuncia fue elaborada por los abogados Juan Andrés y Gonzalo Ramírez. Y se fundamentaba en que la institución mutual se valió de “fondos públicos o fondos obtenidos con garantías del Estado” a través de fideicomisos aprobados en el Parlamento para crear el servicio de compañía Familia y el servicio de pacientes VIP (Very Important People, por su sigla en inglés) denominado Socios Vitales, que salieron al mercado a disputarse clientes con otras empresas. Ahora Secom vuelve a la carga con una nueva demanda ante la Justicia en la que se reclama la nulidad todos los contratos de socios VIP celebrados por la mutualista.
En el escrito, al que tuvo acceso Búsqueda, se sostiene que la Asociación Española para “obtener una pago extraordinario de sus asociados más pudientes” creó la categoría Socios Vitales “en violación de diversas normas de rango legal”. “Especialmente las que consagran el principio de equidad y no discriminación por razones económicas entre los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS)”.
Por estos contratos VIP, la mutualista cobra US$ 6.300 a cada usuario que adhiere al régimen de socio preferencial. A cambio accede en forma vitalicia, en tiempos diferenciales a prestaciones sanitarias obligatorias para todas las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC). Según surge del contrato de los socios vitales —que fue agregado en el expediente judicial—, estos tienen derecho a coordinaciones, con tiempos de espera acotados para los servicios incluidos en la cobertura mutual obligatoria. Por ejemplo, los socios vitales tienen derecho a una consulta médica en policlínica programada como máximo dentro de los 12 días de solicitada, intervenciones quirúrgicas de coordinación dentro de los 30 días desde la presentación de la solicitud. También tienen derecho al acceso a técnicas de diagnóstico dentro de las 24 horas hábiles para los análisis de laboratorio, las tomografías, las ecografías y varios estudios que el resto de los usuarios reciben en plazos más extensos.
Según se sostiene en el escrito judicial, estos cupos preferenciales se les asignan a los socios vitales “por el solo hecho de pagar una suma de dinero” y ello significa “desplazar” al resto de los usuarios que ven retrasado el acceso a las consultas y estudios de diagnóstico e intervenciones quirúrgicas sin importar la patología ni la edad del paciente. “Esto no solo está expresamente prohibido por diversas normas de rango legal, sino también constitucional”, plantea el abogado Gonzalo Ramírez.
En la demanda se argumenta que la Asociación Española “no solo aprovechó a recaudar US$ 6.300 por cada socio vital”, sino que además en el paquete del contrato de adhesión les “impuso” a los usuarios en forma gratuita y vitalicia el servicio de compañía de Familia.
Ramírez señaló a Búsqueda que frente a estos contratos que se consideran “ilícitos” y que además le permitieron a la Española “agudizar la competencia desleal”, consultó al profesor Andrés Mariño López, quien concluyó a través de un extenso escrito que “todos” los contratos vitales celebrados por la mutualista serían “absolutamente nulos o en su defecto, jurídicamente inexistentes”. Lo que supone, en caso de prosperar el reclamo judicial de Secom, que la mutualista debería dejar de ejecutar los contratos o el servicio de los socios vitales y reintegrarles a los usuarios VIP el dinero cobrado. En 2017 el ministro de Salud, Jorge Basso, había ordenado a los servicios jurídicos del Ministerio que le elevaran un informe sobre los servicios VIP en las mutualistas. “Queremos ver en qué medida esto no afecta a los principios de equidad del sistema de salud”, señaló.
Expulsión
Ese no es el único flanco que se le abrió para la Asociación Española.
La Comisión Directiva de la Cámara de Emergencias y Asistencia Extrahospitalaria del Uruguay comunicó su decisión de expulsar a la empresa Russomando S.A., la flamante adquisición de la mutualista Asociación Española para entrar en el mercado de las emergencias móviles. En el comunicado publicado el miércoles 15, la cámara sostiene que las prácticas de inserción en el mercado que desplegó Española Móvil —nuevo nombre de la compañía— “atentan contra los principios morales y el concepto de competencia leal” que pregona la institución.
En el texto se detallan algunas de las decisiones que generaron malestar entre el conjunto de empresas. Por ejemplo, señala que “en un muy breve lapso de tiempo incurrió en un operativo de desafiliación de competidores para el que utilizó información que indujo a confusión a los usuarios”. Para la cámara quedó claro que Española Móvil no solo intentó incrementar su cartera de clientes, sino que buscó “perjudicar de forma directa” a las otras compañías. Esa práctica, sostiene, “es inaceptable” en cualquier caso, pero más cuando está en el medio “la asistencia de salud de la población”.
“Nuestra cámara rechaza que la lógica del sector sea el atropello y la eliminación de competidores por métodos desleales”, afirman.
Al entrar en el mercado de las emergencias, Asociación Española obligó a sus empleados a desafilarse de Suat y afiliarse a Española Móvil. También obligó a Casa de Galicia a romper su vínculo con Suat, firmó un acuerdo para dar cobertura al Antel Arena y otro para hacerlo con Cutcsa, lo cual implicó el desplazamiento de UCM.
El vicepresidente de Española Móvil es Juan Salgado, que es además presidente de Cutcsa, presidente de la Cámara de Transporte y asesor honorario de Tabaré Vázquez. Su hijo, Pablo Salgado, se desempeña como tesorero de la Asociación Española. En la mutualista trabajan también el hijo del presidente Vázquez y el de su secretario, Miguel Ángel Toma. Álvaro Vázquez se desempeña como director del Centro de Diagnóstico y Tratamiento Mamario y Álvaro Toma como asesor jurídico.
