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Demandan al Estado por “competencia desleal” de la Asociación Española a través de “desvíos de fondos públicos” y venta de servicios vip a sus socios
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Una demanda judicial que se presentará en los próximos días pretende que el Poder Ejecutivo le prohíba a la mutualista Asociación Española utilizar “fondos públicos o fondos obtenidos con garantías del Estado” para “competir deslealmente” con otras empresas del rubro sanitario. La denuncia la realiza el servicio de acompañantes Secom.
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En el escrito, elaborado por los abogados Juan Andrés y Gonzalo Ramírez, se explica que la Española desarrolla desde el 2015 la actividad de servicio de compañía (Familia) a través de Farunel S.A., cuyas acciones pertenecen íntegramente a la mutualista. Los demandantes argumentan que esto sería legítimo si no fuera porque la Española “se encontraba en un situación de grave dificultad económica y por ello ha sido fuertemente financiada con la garantía del Estado”, y porque si bien los fondos para crear el nuevo servicio surgen de la propia institución, se obtuvieron a través de “prácticas comerciales en franca violación de la ley de creación del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS)”.
Según la demanda —a la que tuvo acceso Búsqueda—, la Asociación Española “no podría haber dispuesto de las sumas que invirtió en financiar Familia, si no hubiera recurrido a esos dos mecanismos, para desviar fondos públicos en primer caso y para obtener fondos en violación a la ley en el segundo caso”. Los abogados aluden a fondos obtenidos mediante fideicomisos destinados exclusivamente a reestructurar su pasivo —que ronda los US$ 180 millones— y a la venta de servicios vip para socios que pagan una sobrecuota y acceden a beneficios y privilegios en la agenda médica que no gozan el resto de los afiliados. Esto último mereció una investigación del Ministerio de Salud Pública (MSP) para determinar si la práctica no afecta la equidad del sistema (Búsqueda Nº 1.908).
El 6 de diciembre habrá una instancia de conciliación entre las partes y, de no prosperar, la demanda quedará radicada en el Juzgado Civil de 4º turno.
Los fideicomisos
El Fondo de Garantía IAMC (Instituciones de Asistencia Médica Colectiva) fue creado por la Ley 18.439 con el objetivo de garantizar el financiamiento a aquellas mutualistas que presenten planes de reestructuración de sus pasivos para volverse viables económicamente. La Española recurrió dos veces a este mecanismo. La primera vez en 2011, cuando colocó deuda en unidades indexadas por 210 millones y la segunda en 2016, con 330 millones en unidades indexadas. Al día de hoy, ambas operaciones suman más de US$ 67,6 millones.
Según la demanda la Asociación Española “no podría haber dispuesto de las sumas que invirtió en financiar Familia, si no hubiera recurrido a esos dos mecanismos, para desviar fondos públicos en primer caso y para obtener fondos en violación a la ley en el segundo caso”.
De acuerdo con el texto de la demanda, se trata de un “subsidio directo por parte del Estado” ya que la mutualista “jamás habría obtenido financiamiento por ese monto, y mucho menos a esa tasa de interés”. Los abogados se apoyan en la calificadora de riesgo CARE, que en un documento fechado en abril de 2016 expresa que la Española, por sí sola, no podría haber accedido a ese tipo de financiamiento. Para los abogados, que en este caso representan los intereses de Secom, la garantía del Estado “es la única razón por la cual la Asociación Española pudo obtener un préstamo garantizado con los flujos de la cobranza del Fonasa (Fondo Nacional de Salud)”. Y subrayan que “este beneficio no lo tiene ninguna de las empresas de servicio de compañía que operan en el mercado, y con las cuales la Asociación Española compite en forma desigual”.
Agregan que del mismo modo “y aunque parezca paradójico”, solo las mutualistas que atraviesan una situación financiera que comprometa su viabilidad o deban reestructurar sus pasivos, pueden acceder a este tipo de garantía.
En la demanda se cuestiona que el Estado haya aprobado el plan de reestructuración de la mutualista sin una “vigilancia severa” del destino de los montos obtenidos. Los demandantes concluyen que “resulta innegable” que una institución con el millonario pasivo de la Española “no podía desviar un solo centavo de los fondos que recibe del Fonasa y de los préstamos garantizados por el Estado, para capitalizar una sociedad anónima —Farunel S.A.— con la finalidad de prestar un servicio de compañía”, que en los primeros siete meses de actividad perdió unos US$ 2 millones, según surge de notas a los estados contables de la propia empresa.
Los vip
Hay otra cuestión incluida en la demanda —que está dirigida formalmente al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Economía— y es la “competencia desleal adicional” que supone la venta del servicio Socios Vitales. Se trata de un producto al que actualmente se accede a través de un pago por única vez de US$ 6.500 y que además de mejores condiciones de hotelería (como internación en salas individuales) y el derecho al servicio de acompañantes, implica acceso en tiempo preferencial a las coordinaciones con médicos.
En la demanda se cuestiona que el Estado haya aprobado el plan de reestructuración de la mutualista sin una “vigilancia severa” del destino de los montos obtenidos.
Los abogados cargan contra lo que entienden que es una violación a la ley de creación del Fonasa, donde en varios de sus artículos se habla de la “equidad, continuidad y oportunidad” de las prestaciones. “Existe una discriminación perversa, y moralmente aberrante, en tanto se restringe el acceso a una salud de calidad a los menos pudientes, en beneficio de quienes pueden pagar por una asistencia de mejor calidad que se logra postergando a los demás”, escriben los abogados en la denuncia. Y añaden que más allá de lo que implica la creación de la categoría socios vitales frente a la normativa aplicable al SNIS, lo importante a los efectos de este caso es “el impacto que tiene la comercialización conjunta del acceso prioritario a la agenda médica y el servicio de compañía”. “Se trata de lo que la doctrina llama venta de productos atados”, se explica en el documento.
Actualmente hay unos 3.000 socios vitales. Fuentes del MSP dijeron a Búsqueda que aún están analizando cómo reglamentar las cuestiones que queden por fuera del Programa Integral de Atención en Salud (PIAS). Y que se hace un “seguimiento” para establecer si la atención de afiliados vip no va en desmedro de los que no pagan una cuota extra. Además, anunciaron que en los próximos días se va a implementar un sistema de denuncias “más sencillo” para que el usuario denuncie cualquier tipo de demoras en acceder a los servicios que las mutualistas están obligadas a prestar.
