Udelar y Codicen consideran “inconstitucional” la ley propuesta por Bordaberry para que haya 200 días de clase

Utec respondió en marzo de 2025 que la propuesta de los senadores colorados es “altamente positiva”, en el sentido de que la exigencia planteada “contribuye a una mayor exposición a los escenarios de aprendizaje y, en esa línea, (a) alcanzar mejores niveles de logros de aprendizaje”. El informe, que eleva la opinión de la Dirección de Educación de la universidad, lleva la firma de los tres consejeros de entonces —Andrés Gil, Graciela Do Mato y Rodolfo Silveira—, quienes dirigieron la Utec hasta julio de ese año, cuando asumieron las nuevas autoridades designadas por el actual gobierno.

Udelar respondió este mes y también alertó sobre la eventual violación de la Constitución en caso de que se apruebe el proyecto. El contenido de la iniciativa “podría afectar la autonomía técnica y normativa de los entes autónomos de la enseñanza, consagrada constitucionalmente”, expresa una resolución de la Asamblea General del Claustro aprobada por unanimidad el 25 de febrero. El Consejo Directivo Central (CDC) de Udelar ratificó el martes 10 lo resuelto y lo envió a la comisión del Senado, revela el expediente al que accedió Búsqueda.

La Udelar sustenta su posición en el artículo 202 de la Constitución, que establece que “la enseñanza pública superior, secundaria, primaria, normal, industrial y artística serán regidas por uno o más consejos directivos autónomos”. La resolución de la Asamblea del Claustro respalda el informe de la directora de Jurídica de la universidad, Nora Silva, quien consideró que “la materia sobre la que se pretende legislar está comprendida dentro de la especialización de los entes respectivos y es muy discutible que el Poder Legislativo pueda legislar al respecto”. Entre las definiciones que le competen a la ANEP, acotó Silva, están las relacionadas al “tiempo destinado a la formación, sea que esté estimado en créditos o en cargas horarias y también en lo relativo a la duración de los cursos”.

Citas controvertidas

El proyecto de ley de Viera y Bordaberry expresa que “para computar el día de clase como efectivo deberá desarrollarse, por lo menos, el 50% del total de las horas dispuestas para la modalidad educativa que se trate”.

Las autoridades educativas deberán “garantizar” un mínimo de 200 días a partir del año 2028, dice la iniciativa, que prevé una aplicación gradual en 2026 y 2027. También estipula que el centro educativo deberá adoptar medidas para “compensar” el día perdido “reprogramando las actividades de manera presencial o virtual” durante el año lectivo. La responsabilidad por el cumplimiento de estas disposiciones recae en “las autoridades de cada centro educativo”.

A su vez, el proyecto expresa que la ANEP publicará 10 días después de finalizado el año lectivo la cantidad de días “efectivos” de clase impartidos en cada centro, así como “las acciones desarrolladas para compensar los días perdidos”.

En la exposición de motivos de la iniciativa, los senadores plantean que los países “mejor ubicados en los resultados académicos” que emergen de las pruebas PISA del año 2009 superan o se acercan a los 200 días de clase dictados por año. Corea del Sur lidera el ranking con 221 días y 539 puntos, Finlandia secunda con 200 días y 536 puntos, en tercer lugar aparece Hong Kong (región administrativa especial de China) con entre 190 y 200 días y 533 puntos, y luego figuran Canadá (200 días y 524 puntos), Nueva Zelanda (190 días y 521 puntos), Japón (243 días y 520 puntos), Australia (200 días y 515 puntos), Holanda (200 días y 508 puntos) y Bélgica (200 días y 506 puntos).

Los legisladores responden, también en la exposición de motivos, a quienes “procuran evitar cualquier propuesta o alternativa que pueda provenir desde fuera del sistema educativo”. Defienden su legitimidad con base en el planteo de dos catedráticos. Enrique Sayagués Laso sostiene que “los órganos y entes descentralizados están respecto del Poder Legislativo en la misma situación que los servicios centralizados”, aunque con la salvedad de las excepciones a texto expreso, como el estatuto de los funcionarios. El otro catedrático que citan es Alberto Pérez Pérez, quien afirma que el consejo directivo del ente autónomo de la enseñanza tiene asignados “todos los poderes de administración”, pero no los de “carácter jurisdiccional o (salvo texto constitucional expreso) los de naturaleza legislativa”.

Con base en estos argumentos, los senadores alegan que el proyecto cuenta con “respaldo constitucional”.

Codicen cuestiona este respaldo y para ello también cita a Sayagués Laso, aunque con otra frase: “El Parlamento no puede, bajo forma de ley, dictar actos administrativos en la materia propia de los entes, usurpando la competencia de las autoridades”.

La subdirectora de la División Jurídica de Codicen, María Gloria Irazábal, discrepa “categóricamente” con “las citas doctrinarias” mencionadas en la exposición de motivos del proyecto de Viera y Bordaberry: las de Sayagués Laso y Pérez Pérez. “Como fragmentos que son, resultan ser inexactos y erróneos para fundamentar la pretensión de limitar o reducir el cometido estatal de la ANEP a la sola administración del servicio”, advierte Irazábal. Estos planteos fueron compartidos por la encargada de la División Jurídica de Codicen, María Eugenia Sorondo.

Por otra parte, el director sectorial de Planificación Educativa de Codicen, Andrés Peri, y el director ejecutivo de Políticas Educativas, Antonio Romano, expresaron en otro informe que Irazábal argumentó de forma “convincente” que el proyecto “viola la autonomía”. Los jerarcas abordan la propuesta desde otra perspectiva y plantean que “en América Latina, reducir el ausentismo, mejorar la calidad de la instrucción y hacer un mejor uso del tiempo en la escuela podrían tener un mayor impacto en el aprendizaje que simplemente aumentar el número de días” de clase. También manifiestan que “la investigación muestra que no hay una correlación lineal entre el aumento del año escolar y el rendimiento en PISA”. Agregan que “aumentar los días de clase puede mejorar el rendimiento escolar, pero solo si se acompaña de calidad en la enseñanza” y sentencian que “establecer los 200 días como norma, suponiendo la obligación de reponer los días perdidos en caso de que ocurra, no es un criterio universal de buena política”.

Estos argumentos fueron tomados en cuenta en la resolución de Codicen del 4 de noviembre de 2025.

Oficialismo alineado con espíritu del proyecto

El senador Sebastián Sabini, que integra el Movimiento de Participación Popular y la comisión de Educación y Cultura que tiene a estudio el proyecto, dijo a Búsqueda que a la luz de los informes “el camino no es una ley”. Destacó que los entes autónomos “no se expiden sobre el tema de fondo del proyecto”, sino que refieren a “cómo se deben hacer las políticas educativas”, en el sentido de que es una competencia “privativa” de los entes autónomos.

Para Sabini, es clave que la Constitución obligue a los legisladores a pedir opinión a estos entes y que la iniciativa le resulte “inconstitucional” a la División Jurídica de ANEP, donde se implementarían los cambios.

Sebastian Sabini

Los legisladores colorados proponen “una discusión importante”, dijo el senador oficialista, para quien es necesario definir si todos los estudiantes requieren de ese tiempo educativo y si se mide solo en días o en “tiempo pedagógico”.

“Más allá del proyecto, lo que podemos discutir es la política. Y en la política, que es la expansión del tiempo pedagógico y de las modalidades de 200 días, hay cierto acuerdo. En cuanto al espíritu del proyecto, hay acuerdo, aunque no se podría aprobar porque es inconstitucional”, agregó Sabini.

El senador frenteamplista destacó que el Codicen ha adoptado medidas para extender el tiempo de enseñanza y aumentar la cantidad de días de clase. Este año 19 escuelas ampliaron el tiempo pedagógico, se duplicaron los centros de educación media de tiempo extendido y completo (medida acompañada por la duplicación de los comedores: de 60 a 120) y por primera vez se implementó en educación media el programa Verano Educativo. “Todas son medidas que van en el sentido que plantea el proyecto”, opinó.