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    Demandas internacionales

    Sr. Director:

    En el momento de escribir estas líneas, hacia fines de setiembre de 2022, el país se encuentra abocado a dos demandas internacionales que suman un total —aún no determinado— de miles de millones de dólares. Para un país con un Producto Bruto algo por encima de los US$ 50.000 millones, esa suma no es insignificante.

    Planteadas por un antiguo socio de un proyecto malogrado —la explotación de mineral de hierro por parte de la multinacional Zamin Ferrous y su susbsidiaria en Uruguay, Aratirí— y por Montecon, empresa perteneciente al grupo multinacional chileno Von Appen, que opera en las áreas públicas de los muelles del Puerto de Montevideo.

    La demanda impuesta por el entonces propietario de Zamin Ferrous, el ciudadano hindú residente en Londres Pramod Agarwal, se basa en presuntos incumplimientos del gobierno uruguayo, al que le reprocha repetidos cambios en las condiciones de su proyecto de explotación de mineral de hierro en Valentines, que hicieron imposible —sostiene— que este se cumpliese en los plazos previstos. Lo que determinó, a su vez, que venciesen plazos de concesiones y el abandono definitivo del proyecto. Con la pérdida de una inversión millonaria en dólares.

    Agarwal intenta en 2017 interponer una demanda con base en el Tratado de Protección de Inversiones entre Uruguay y el Reino Unido —donde sus hijos asumen el papel de demandantes—, que no es reconocida. En un segundo intento, la demanda se plantea ante el Tribunal de Apelaciones de la Cámara de Comercio Internacional de París, la que será considerada el próximo mes de octubre. Si en esta instancia la sentencia le es favorable, Pramod tendrá el camino abierto para demandar al Uruguay por una suma de unos US$ 3.000 millones.

    No es el propósito discutir, en esta ocasión, los detalles de esta demanda, ni de estimar las posibilidades de éxito. Basta decir que la suma reclamada sería realmente onerosa para Uruguay y recordar que, en su momento, la presencia del presunto inversor hindú levantó enormes expectativas, tanto en la ciudadanía como en esferas gubernamentales.

    Lo que no se investigó en aquel momento fueron los antecedentes de Pramod Agarwal, pese a que existían informaciones que hubiesen puesto en entredicho su calidad de inversor confiable. Las advertencias estaban hechas y los resultados, varios años más tarde, a la vista (ver, El nebuloso periplo sudamericano de Zamin Ferrous y Pramod Agarwal, 070622_praagarw_bio_second_indicecorr.pdf, merino-roig.com). El país se encuentra frente a una situación que hubiese sido evitable con algo más de diligencia.

    Actualmente, nos encontramos en una situación similar, con una amenaza de una demanda milmillonaria en dólares por parte de una empresa propiedad de un grupo inversor multinacional que ha llegado a los muelles públicos del puerto de forma subrepticia y que no ha cesado de provocar dificultades desde su arribo.

    Se trata de la empresa Montecon, la cual se ha establecido en la imaginación popular como una empresa mediana perteneciente a una sociedad chileno-canadiense pero con un fuerte arraigo nacional. Empresa que intenta hacerse un hueco frente a otro concesionario portuario de gran peso internacional —Katoen Natie—, al que su competidor le reprocha que habría sido favorecido por un arreglo con el Estado uruguayo que coarta la competencia. El enfrentamiento ha subido de tono y se ha desbordado hacia el campo político, convirtiéndose la oposición actual de izquierda y algunos de sus legisladores en abanderados de los intereses de Montecon y —lo más sorprendente— del grupo multinacional de la cual es subsidiaria.

    Se trata del grupo chileno regido por la familia Von Appen, que es fundado promediando la década del 1950 del siglo pasado por Alfred von Appen, un capitán mercante alemán llegado a Chile en 1937 y que tuvo una actuación poco gloriosa allí como saboteador al servicio de la Alemania nacionalsocialista durante el conflicto mundial. Luego de sufrir prisión e internamiento en los Estados Unidos tras la guerra, Albert von Appen regresa a Chile y, en medio de dificultades económicas aparentemente insalvables, no obstante, funda la primera empresa de lo que actualmente es un gran grupo naviero y logístico internacional. Hoy día las empresas del Grupo Ultramar —así se llama comercialmente— son propiedad y están gestionadas por la tercera generación de la familia Von Appen en Chile. En particular por los primos Richard von Appen Lahres, a cargo de la rama portuaria, y Dag von Appen Burose, responsable de las actividades navieras.

    Montecon es el último eslabón de una cadena de cuatro que conducen hasta la sede de una multinacional chilena con sede en Las Condes, un acomodado suburbio de Santiago de Chile desde donde se controla un imperio multinacional presente en 16 países que cuenta con 9.337 filiales y 3.504 empresas asociadas localizadas en esos 16 países. La mayoría de ellas en América del Sur, pero también en Europa y los Estados Unidos.

    Estas empresas ocupan todos los eslabones de la cadena de valor logística. El grupo presenta unas marcadas integraciones verticales y horizontales. Y los intentos de alcanzar posiciones monopólicas en distintos escenarios geográficos no son escasos en la historia de estas empresas. Al respecto es ejemplar el largo contencioso que se desarrolla en Chile en la segunda década de este siglo durante la adjudicación de la ampliación del frente marítimo de Valparaíso. En ese proceso, la subsidiaria de Von Appen Terminal Pacífico Sur (TPS) defiende a ultranza una posición monopólica.

    Cuando, como en el caso de Montevideo, se utiliza la “defensa de la competencia” como un argumento para reclamar concesiones, no se trata de un tema de convicción liberal o de defensa del usuario, sino simplemente un posicionamiento táctico (Ultramar Reporte de Sostenibilidad 2021. Ultramar_2021_Interactivo.pdf).

    La inserción de Montecon en este enorme complejo empresarial se hace a través de sus propietarios: la chilena Neltume (Neltume Empowering Trade, neltumeports.cl) y la canadiense ATC. Neltume, el corazón del negocio portuario del grupo de empresas Von Appen, es a su vez controlada por el holding Ultramar, con sede ejecutiva en Santiago de Chile, el que a su vez rinde cuentas a la Marítima Choshuenco Ltda.

    Neltume Ports controla 19 empresas portuarias y cuatro de estiba. En Uruguay, además de Montecon, se encuentran Terminal Granelera Uruguaya S.A. (TGU, TGU Terminales Graneleras Uruguayas), Terminal Ontur (Terminal Ontur), Río Estiba (Río Estiba, rioestiba.com.uy), Ontemar y Sualtico.

    La rama naviera está representada en Paraguay y Uruguay por Nodus (Inicio, Nodus) con sus secciones de agenciamiento, de logística y de servicios marítimos. Un total de 16 empresas solo en Uruguay.

    Pero el grupo de empresas Von Appen tiene, además, un entramado de empresas offshore, registradas mayormente en Panamá, cuya existencia no es publicitada en las páginas web oficiales.

    La legislación panameña exime completamente de impuestos a las actividades realizadas en el exterior (offshore) por empresas registradas en ese país. Lo que le vale a ese país el mote de “paraíso fiscal.” Las exigencias para la formación de las offshore son mínimas, y escritorios de abogados especializados se encargan de llevar adelante todas las formalidades para establecer estas empresas y los mecanismos para controlarlas. Esto ofrece a quien desee desarrollar sus negocios, especialmente internacionales, una enorme flexibilidad y una gran discreción en relación con los movimientos de dinero. Amén de asegurarse una fiscalidad mínima.

    El desconocimiento público del verdadero calado de quienes desarrollan actividades económicas en el país se convierte entonces en una fuente de riesgos para el proceso político y las finanzas de la sociedad uruguaya. Las actividades de una empresa rodeada de escándalos como Zamin Ferrous hace una década han sido el origen de la multimillonaria demanda que hoy se enfrenta el Estado uruguayo. Situación que hubiese podido ser salvada si los responsables políticos hubiesen mostrado algo de diligencia en su momento.

    La situación actual que surge de las pretensiones de Montecon es otra variante del mismo problema. El conflicto local causado por esta subsidiaria, la demanda contra el Estado uruguayo en ciernes, es en realidad el reflejo de las actitudes del grupo multinacional al que pertenece. Gente que se viste de buenas intenciones cuando en realidad persigue sus intereses comerciales y monopólicos sin otra clase de consideraciones, convirtiéndose así en una importante amenaza para las finanzas del país y el bienestar de los uruguayos, máxime cuando el contencioso se utiliza como arma política arrojadiza por parte de intereses partidarios.

    Es entonces de primordial importancia que la opinión pública conozca las características y antecedentes de candidatos a inversores como Pramod Agarwal o de conflictivos grupos multinacionales como el Grupo Ultramar (Von Appen), del cual Montecon es solo la punta del iceberg. Los intereses del país están en juego.

    Dr. Miguel Merino-Pacheco

    C.I. 1.237.218-0

    Observatorio Atlántico (merino-roig.com/observatorio-atlantico.html)

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    2022-10-05T22:35:25