En ese sentido, el Secretariado Ejecutivo resolvió por unanimidad encomendar una auditoría a la Comisión Fiscal del PIT-CNT y conformar una comisión integrada por los coordinadores de la central, Pereira, Marcelo Abdala y Beatriz Fajián junto a los integrantes Iván Hanfliger, Read, Edgardo Oyenart, Gustavo Signorele y Carlos Cachón para elaborar un “informe pormenorizado” del PVS.
Esas obras fueron observadas en 2011 por la Auditoría Interna de la Nación (AIN), que en su Informe de Actuaciones de ese año denunció presuntas irregularidades en el destino dado a casi 450.000 kg de cemento portland, además de otros incumplimientos legales y contractuales cometidos por la Armada.
Los responsables de la empresa en cuestión, Calpusa SA, debieron declarar ante la justicia de Crimen Organizado en el proceso que ha determinado el procesamiento con prisión de oficiales de la fuerza de mar por manejo inapropiado de dineros públicos.
La AIN, en su Informe de 2011, dijo que “no es posible determinar el destino dado a 444.000 kg” de cemento portland, “lo que impactaría en un aumento del costo de las obras” del astillero naval.
“Según la División Portland de ANCAP, el total suministrado al 2 de diciembre de 2009 fue de 479.000 kg” y la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas “constató que en las obras informadas por el SCRA al 24 de junio de 2010 sólo se consumieron 35.000 kg”.
“Posteriormente —dice el Informe de la AIN— se informó que el portland se utilizó como forma de pago a las empresas a cambio de trabajos realizardos” y recomendó al Ministerio de Defensa Nacional “disponer una investigación administrativa a los efectos de determinar responsabilidades por el destino dado a 444.000 kg de portland”.
El 24 de junio de 2013, el diario “La República” informó que Calpusa SA se encargaría de construir “las primeras viviendas del PIT-CNT” y que la central sindical había resuelto contratar a esta empresa “por su capacidad de construir en forma rápida y con altos niveles de calidad”.
Uno de sus directivos, Alejandro Chertkoff, informó en esa ocasión que Calpusa ha tenido como clientes a muchas instituciones públicas para obras de infraestructura. Por ejemplo, fue la empresa que construyó los nuevos módulos carcelarios en el Comcar por un valor superior a U$S 10 millones.
El planteo de Read.
El martes 3, el dirigente de la industria de la bebida, Richard Read, elevó un pedido de informes a la Comisión de Vivienda del PIT-CNT en el que solicitó “un balance económico actualizado de la Comisión” e incluía varias consultas: “cuáles son las fuentes de ingresos genuinas de la Comisión”, “si hay o hubo propuestas de inversores nacionales o extranjeros para incentivar la construcción de viviendas sindicales”, “cuáles son los criterios de gasto de la Comisión” y “cuáles son los criterios de selección de las empresas constructoras en el momento de elegir quién se hace cargo de las mismas”.
La inquietud del Read surgió a partir de un artículo publicado por Búsqueda el 10 de octubre en el que se informó sobre denuncias de presuntas irregularidades contra el promotor privado Sergio Lindner, quien estuvo al frente del Instituto de Asesoramiento Técnico (IAT) del PVS.
El PIT-CNT le confió el diseño del PVS al promotor Lindner pese a que esté tenía abierto un expediente en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. En dicho expediente se acusaba a Lindner de emplear las normas del cooperativismo y de actuar como promotor privado usando el sistema de ayuda mutua y cometiendo fraude contra el Banco de Previsión Social.
Esta advertencia se la hicieron llegar informalmente veteranos militantes de ANCAP a Marcelo Abdala, pero no fue considerada en el Secretariado Ejecutivo ni en la Mesa Representativa.
En 2010 Lindner fue colocado al frente del IAT del PVS, organismo que se encarga de asesorar a las cooperativas y que administraría más de U$S 5 millones si se confirmara que las cooperativas hicieron sus adelantos previstos, dado que hasta el momento no hay rendición de cuentas divulgada.
Luego de la solicitud presentada por Read, Abdala defendió el PVS y cuestionó al dirigente de la bebida. En declaraciones a “El País”, Abdala pidió que se le pregunte a Read “qué hizo” con “los U$S 500.000 del Banco Interamericano de Desarrollo” para formación de negociadores en Consejos de Salarios.
Ese mismo día el matutino divulgó otra denuncia vinculada al plan sindical de una empresaria que afirmó haber sido estafada por dos particulares privados que actuaron como intermediarios del PIT-CNT para la construcción de 1.000 viviendas.
Dos agentes vinculados a la construcción se acercaron meses atrás a la Comisión de Vivienda Sindical y dijeron que podían conseguir inversiones para el plan, por lo que solicitaban el aval de la Comisión que comprobara que estaban trabajando para el PIT-CNT.
La Comisión se comprometió con uno de los agentes, sin consultar al Secretariado Ejecutivo, a designar a los cooperativistas beneficiarios una vez terminadas las viviendas. Eso fue suficiente para que los intermediarios firmaran un contrato con una empresaria a la que le aseguraron que tenían los terrenos para la construcción de las viviendas.
A partir de allí le pidieron un aporte de U$S 300.000 para la compra de terrenos, como un porcentaje de los U$S 3 millones que ganaría la empresaria una vez se construyeran las viviendas, los cuales fueron entregados.
Un prestamista quiso cobrar uno de los cheques girados por la empresaria a los agentes supuestamente vinculados al PIT-CNT, pero al no poder hacerlo la denunció a la Justicia Civil, donde se constató que los intermediarios intentaron utilizar los fondos de la empresaria para uso propio.
En los últimos días la empresaria presentó la denuncia en un juzgado especializado en Crimen Organizado que, según fuentes consultadas por Búsqueda, va a ser instruida y probablemente sea derivada a un juzgado penal.
El Secretariado Ejecutivo de la central sindical emitió una declaración el martes 10 en la que manifiesta que “todo aquel que se haya sentido perjudicado por estas personas puede y debe denunciarlo a la justicia uruguaya”.
Las filtraciones.
Al presentar su informe el martes 3, el referente de la Comisión de Vivienda Sindical aseguró que el episodio denunciado en la Justicia es un “negocio entre particulares que no tiene nada que ver con el PIT-CNT” pero reconoció el error de no haber comunicado la situación a las autoridades de la central.
El representante de los funcionarios públicos, José Lorenzo López, manifestó que “el error más grande” fue no haberse enterado y que “ni siquiera se advirtiera que había ese lío”, según indicaron participantes en la reunión.
Pereira compartió que fue un error no comunicar lo sucedido y planteó su malestar con que “las discusiones del Secretariado (Ejecutivo) se exterioricen por los medios de comunicación”.
“Un organismo de conducción tiene que discutir sin temor a equivocarse. Por lo tanto, filtrar las discusiones es un mecanismo dañino para el movimiento sindical”, dijo.
“No creo que sea ni el FBI ni la CIA; son compañeros que filtran noticias a la prensa y traen un problema serio de no poder confiar ni discutir los temas en profundidad para evitar que salga al otro día en la prensa”, insistió Pereira.
Por su parte, según los informantes, Abdala cuestionó que quienes brindan información a la prensa “no respetan ciertos códigos y principios”.
Asimismo, respaldó el trabajo realizado por la Comisión y aseguró que su buen desempeño se va a demostrar con la construcción de las viviendas.
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2013-12-12T00:00:00
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