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Finalmente, luego de meses de acusaciones públicas entre los dos grandes operadores de contenedores en el Puerto de Montevideo y tras el debate político sobre el acuerdo por el cual el gobierno le prorrogó la concesión a uno de esos grupos —liderado por Katoen Natie—, el tema llegó a una instancia de análisis técnico. Con más de 100 folios, Montecon presentó el viernes 3 ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia la denuncia contra esa multinacional belga y las instituciones públicas que sellaron ese convenio.
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Este caso del puerto es uno de los más voluminosos que ha llegado hasta ahora a ese órgano desconcentrado del Ministerio de Economía (MEF), reconocieron sus autoridades a Búsqueda. “Estamos evaluando la pertinencia” de la denuncia, dijo su presidenta, Natalia Jul. Un pronunciamiento en ese sentido se conocerá esta misma semana; el plazo legal para hacerlo vence mañana, viernes 17.
Si la comisión decide la procedencia del caso, habrá por delante un largo trabajo técnico. “Nos puede demandar mucho trabajo, de varios meses, porque es una denuncia importante, con cantidad de prueba testimonial y oficios”, reconoció Alejandra Giuffra, otra integrante de la comisión.
La denuncia de Montecon por supuestas prácticas anticompetitivas de parte de Katoen Natie —accionista principal en Terminal Cuenca del Plata, en la que el Estado es socio minoritario— es una de las pocas que el órgano ha recibido tras la reforma del marco legal, en 2019; la Ley 19.833 introdujo en el régimen el concepto de la existencia de prácticas anticompetitivas “per se”, algunas innovaciones procesales y de sanción. Pero el cambio más relevante en torno a la actuación de la comisión fue la potestad de autorizar las concentraciones empresariales cuando superen cierto umbral de facturación (600 millones de unidades indexadas a la inflación); antes solo recibía notificaciones de algunas fusiones y adquisiciones económicas.
Tras esa reforma, la comisión está recibiendo un “advenimiento brutal de los expedientes de concentraciones. Nos llevamos la sorpresa de que muchas operaciones nos pasaban por el costado, si bien antes no teníamos la posibilidad de autorizarlas o someterlas a condicionamientos. Ahora recibimos un aluvión de concentraciones económicas”, contó Jul.
Señaló que se presentaron 40 casos en todo 2020 y 28 en lo que va de 2021, lo que es “muchísimo”, apuntó Giuffra, si se compara con las “seis u ocho” notificaciones que en promedio se presentaban cada año. Al coincidir el cambio en el régimen con la pandemia de Covid-19, los comisionados entienden que es difícil analizar el impacto de ambas circunstancias en estos números.
Otra modificación está planteada en artículos del proyecto de ley de Rendición de Cuentas que ya tiene media sanción en el Parlamento. De aprobarse, la comisión sumará la competencia de investigar las prácticas anticompetitivas en las áreas reguladas por el Banco Central, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua y la de Telecomunicaciones. Sin embargo, esos organismos conservarán la competencia para aprobar las concentraciones económicas que ocurran en los mercados que vigilan. “Es una reforma positiva y un avance en seguridad jurídica”, opinó Jul.
“Faltan recursos”
Daniel Ferrés es el tercer comisionado y fue el último en integrarse, a mediados de este año. Los tres lamentaron la escasez de recursos para impulsar acciones de concientización sobre la defensa de la competencia. “Nos faltan recursos y eso nos impide avanzar en varias cosas que nos gustaría hacer para empujar la agenda. En el país toda la defensa de la competencia creció desde cero y tuvo una evolución. Hoy el presupuesto de la comisión no refleja la prioridad que debería tener”, señaló Ferrés.
Las autoridades de la comisión dijeron desconocer cuánto es el presupuesto del que disponen por tratarse de un órgano con dependencia financiera del MEF. Ese aspecto fue señalado como una restricción en un estudio al que Uruguay se sometió en 2016 para evaluar el funcionamiento y marco legal en la materia. De esa investigación surge que entonces rondaban los US$ 446.000 (Búsqueda Nº 1.890).
Actualmente, la comisión está en proceso de incorporar a dos abogados y a un administrativo como refuerzo del equipo; igualmente prevé seguir recurriendo a cooperación técnica internacional para reforzar sus capacidades. Además de los comisionados, hoy cuenta con tres economistas y una abogada.
Indicaron que les interesa profundizar y hacer más investigaciones de oficio en algunos mercados. Actualmente, la comisión tiene en curso una en el mercado de las cervezas, y estudia el sector de la alimentación minorista y de la pasta de dientes. Informaron que se busca analizar la falta de competencia entre marcas, los sobrecostos que hay para realizar importaciones, las relaciones comerciales entre los distintos agentes y cómo incide ello en el funcionamiento del mercado, en la formación de precios y en el costo de vida en general, más allá de otras dimensiones como la escala y los impuestos.
Como parte de ese análisis, el mes pasado la comisión le pidió al Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas Autoservicistas y Afines (Cambadu) que le remita una vez al año información de los precios de venta de 385 artículos de aquellas empresas socias con más de dos locales que tengan tres o más cajas o más de 200 metros de salón de ventas.
Los comisionados coincidieron en que las empresas que se preocupan por respetar las normas de competencia son, en general, aquellas que tuvieron o conocieron algún caso que estudió la comisión y que se saben vigiladas. Pero perciben que en general “todavía queda mucho” para profundizar en concientizar tanto a empresas como a los consumidores en la relevancia de evitar prácticas anticompetitivas.
Giuffra alegó que el accionar de la comisión “genera reacciones en los agentes del mercado, que se reposicionan”, pero consideró algo pronto medir la incidencia de las sanciones y acciones realizadas. “Porque la sanción sería como la pena que se le impone a un delincuente, la parte de rehabilitación es otra cosa”, señaló.
