Denuncian que asistente del presidente de la Suprema Corte filtró información sobre votos de ministros para torcer un fallo

La parte perjudicada con ese fallo entiende que lo que ocurrió fue una “estafa procesal” y denunció los hechos ante la Suprema Corte, reclamó que se declare la nulidad por “cosa juzgada fraudulenta” y se integre un nuevo tribunal para dirimir el caso. Además, presentó una denuncia penal en la Fiscalía.

“Torcieron” el proceso

En primera instancia la Justicia hizo lugar a una demanda civil por escrituración forzada, daños y perjuicios y cobro de multas. Pero un tribunal de apelaciones dio la razón a los demandados y revocó la condena. Más tarde, en una sentencia del 4 de mayola Suprema Corte votó, por mayoría de tres votos contra dos, rechazar un recurso de casación y mantener el fallo de segunda instancia.

Para llegar a ese resultado la Corte atravesó un proceso complejo, con recursos y pedidos de recusación, al punto que uno de los ministros se jubiló en medio del trámite y debió ser suplantado por otro juez.

Según el recurso de revisión presentado por la familia que inició la demanda —al que accedió Búsqueda—, los abogados de la contraparte “en probable connivencia con una funcionaria judicial, torcieron una y otra vez el devenir natural del proceso para así obtener el espurio resultado que pretendían”.

“Valiéndose de información privilegiada que obtuvieron ilegalmente, desplegaron una estrategia mediante la cual, abusando de las vías procesales, imposibilitaron que la voluntad del órgano colegiado se conformase con uno de sus miembros naturales, consiguiendo una decisión reñida con la buena fe y el Derecho”, prosigue el escrito presentado por los abogados Pablo Donnángelo y Hebert Gatto.

De acuerdo a la denuncia, la conducta de los abogados de la parte demandada, Andrés Mariño y Giacomino Di Matteo, “se enfocó en apartar de la causa a aquellos ministros que habían votado en contra suya conformando una mayoría adversa”.

“Ganar tiempo”

Cuando ingresa un expediente a la Corte, los ministros lo estudian por separado, de forma sucesiva. En general, salvo casos sensibles, el voto es abierto, es decir, que los ministros saben qué votó el anterior. Tras pasar por las cinco oficinas, los ministros discuten sus posiciones y acuerdan una sentencia, que luego uno de ellos redacta.

En este caso, lo que sucedió es que después de que los cinco ministros habían determinado su voto, los abogados de los demandados pidieron la recusación de dos de los que tenían una posición contraria a ellos. Eduardo Turell, Bernadette Minvielle y Luis Tosi se habían pronunciado a favor de la demanda, mientras que Sosa y Claudia Kelland (integrando la Corte en lugar de la ministra Elena Martínez, que se apartó) se pronunciaron en contra.

Lo habitual es que los incidentes de recusación se presenten al inicio del trámite, y no sobre el final. Esto en su momento llamó la atención de los ministros, según pudo saber Búsqueda. Además, los recursos no se presentaron juntos, sino de forma escalonada. Primero recusaron a Turell por un vínculo familiar que podía condicionar su objetividad. Dos días después de que la Corte lo rechazara, pidieron la recusación de Minvielle por haberse asesorado en el pasado con un abogado vinculado a la causa, que también fue desestimada. Pero mientras se resolvían las recusaciones llegó la fecha de jubilación del ministro Turell, que debía retirarse por cumplir 70 años. Por lo tanto, su voto debió ser sustituido por el de otro juez que integró el tribunal en su lugar.

Finalmente, el nuevo ministro cambió la mayoría, y pasaron a ser tres votos contrarios a la casación y dos votos favorables.

Según el recurso interpuesto la semana pasada en la Corte, “el ánimo dilatorio fue evidente. Nadie de forma sensata puede entreverar y enardecer de tal modo el expediente si no es por un intento desesperado de ganar tiempo, y con ello la jubilación del Dr. Turell, cuyo voto era contrario a sus intereses”.

De acuerdo a los denunciantes, esta estrategia demuestra que los abogados conocían lo que habían votado los ministros, algo que es estrictamente confidencial hasta el momento en que se firma la sentencia. Y señalaron como posible responsable de la filtración a una asistente del presidente Sosa, la abogada Sofía Feuer, quien mantiene —o mantenía al momento de los hechos— un vínculo sentimental con el abogado Mariño. “La existencia de esa relación sentimental pudo haber posibilitado que mantuviera informado al abogado Mariño de los votos individuales de cada uno de los ministros”, sostuvieron.

A su entender, “la mera existencia de la relación sentimental” entre ambos “debió haber sido puesta en inmediato conocimiento de todos los ministros de la Corte y consecuentemente con ello abstenerse formal y realmente de participar” en el proceso. Los denunciantes aseguraron que la relación sentimental “es conocida en diversos sectores académicos y profesionales”, y ofrecieron la declaración de testigos.

Los abogados Donnángelo y Gatto pidieron a la Corte que suspenda la ejecución de la sentencia y que admita la presentación de pruebas, entre ellas el testimonio de Turell y de otros ministros. Además, pidieron que se realicen pericias a la computadora de la funcionaria y que se requiera a las compañías telefónicas información sobre las comunicaciones entre ella y el abogado Mariño.

Ahora, la Corte deberá resolver si da trámite al recurso de revisión y si integra un nuevo tribunal para resolver el tema; las fuentes indicaron que es posible que los ministros entiendan que deben apartarse. Además, tendrá que decidir si inicia una investigación administrativa a la funcionaria señalada. En paralelo, una de las Fiscalías de Delitos Complejos investigará la denuncia penal para determinar si se cometieron delitos en las conductas denunciadas.