—Trazar una línea de que por la aplicación de un sistema procesal automáticamente aumenten o disminuyan los delitos, me parece que es algo muy mecánico. No hay evidencia empírica que demuestre que eso sea así. No se pueden sacar conclusiones tajantes, hay que esperar y ver la evolución en el tiempo. Algunos de los delitos que aumentaron, que fueron los homicidios, poco o nada tienen que ver con la aplicación del código, porque todas las formalizaciones fueron con prisión. Y los delitos contra la propiedad, como las rapiñas, se siguen formalizando con prisión. Lo que notamos en noviembre y diciembre fueron dificultades en el arranque de la aplicación del código, cosa que además es natural. Las formalizaciones esos meses fueron más bajas y en enero subieron y volvieron a un régimen parecido a la cantidad de procesamientos que había antes. Eso sabíamos que iba a pasar. Pero hay que seguir analizando detenidamente las cifras. Hay eficacia alta en la aclaración de algunos delitos y en la de otros no tanto.
—El ministro también planteó que hay dificultades en el trabajo entre policías y fiscales. ¿Está de acuerdo?
—Falta mucho. Hemos venido trabajando en tejer relaciones de confianza y entender por parte de policías y fiscales que formamos un equipo. Esa conciencia de equipo todavía falta construirla.
—¿Hay recelo?
—No, creo que es desconocimiento. Por ejemplo, la policía decía y sigue diciendo en algunos casos que si el fiscal no le da la orden no puede investigar, cuando no hay ningún impedimento para eso. Es un error conceptual que se ha extendido. En cuanto al interrogatorio de los testigos y de las víctimas, también han surgido esas dudas. Hubo operadores que dijeron que se les ató las manos a la policía. La intención nunca fue esa, sino que se trabajara en equipo. Si hay confusiones, hay que aclararlas y trabajar mucho en esa línea.
—¿Se está trabajando en un proyecto para modificar el código?
—Yo planteé, tras la reunión con la vicepresidenta Lucía Topolansky, que si hay alguna norma que se presta a confusión, podía ser modificada. Pero el que tiene que recoger el guante es el sistema político y, de hecho, quedó comprometido a que este año iban a hacer un seguimiento y se iban a hacer las modificaciones necesarias. Y en el relacionamiento con la policía, si hay alguna dificultad, hay que superarla. Acá hay una cosa que es clara: no existe más el nosotros y el ellos. “Nosotros los agarramos y ellos los sueltan”, o “nosotros los soltamos porque ellos no traen la prueba”. Formamos parte del mismo equipo con la policía, del mismo cuadro, para usar términos futbolísticos. Y juntos ganamos el partido o juntos lo perdemos. Si los fiscales estamos en sus despachos y la policía en la comisaría, vamos a tener dificultades.
—¿Habló del tema con Bonomi?
—Sí, se habló. Tengo un contacto fluido y permanente con el ministerio y con las autoridades policiales. Pero más allá de las visiones políticas, lo que nosotros tenemos que lograr es en la parte operacional, lo que se hace en la cancha. Hemos incentivado que se hagan periódicamente reuniones de fiscales con policías. Porque ahí es donde se fijan los criterios, se tejen las confianzas. Y va a llevar tiempo, porque los factores culturales no se cambian de un día para otro.
—En febrero la Unidad de Depuración, Priorización y Asignación (DPA) distribuyó las denuncias recibidas y algunas fiscalías quedaron con unas 900. ¿Es posible que los fiscales atiendan esa cantidad de trabajo?
—Ahí hay un problema que hay que aclarar. Nosotros estimamos que, previo al CPP, había unas 220.000 denuncias por año. De esas, solo 44.000 tenían una respuesta del sistema de Justicia. Y cuando hablo de que 44.000 tenían respuesta, me refiero a que en muchos casos había una llamada telefónica al juez. No quiere decir que había 44.000 investigaciones. Y el resto quedaba totalmente fuera, en la bandeja de la policía. Con el CPP, todo eso entra en la bandeja de los fiscales. Es natural y obvio que haya un incremento importante del número de casos que llegan a los fiscales. ¿Eso significa que todos sean casos que deban investigarse? No. Porque hay suicidios, accidentes de tránsito sin lesionados, y otro montón de situaciones en las cuales en principio no hay que hacer nada.
—Pero tomar esa decisión implica al menos analizar brevemente cada denuncia. Y si son 900, lleva su tiempo...
—Y bueno, es que antes no las miraba nadie. Además, hay que sumar otra cosa: hubo un incremento del 54% del número de denuncias.
—¿La gente denuncia más?
—No sabemos si la gente denuncia más o si antes había un subregistro, porque el Ministerio del Interior hizo un proyecto de mejora de gestión para que se registre mejor. Lo que es claro es que hoy a la fiscalía le entran 28.000 denuncias por mes, un 54% más de lo que entraba antes del CPP. No podemos correr bajo la utopía de que le vamos a dar respuesta a todo, porque necesitaríamos el cuádruple o el quíntuple de cantidad de fiscales. La apuesta es dar respuesta a todos los delitos donde están identificados los responsables, y aquellos delitos priorizados que hay que investigar. Pero nadie pretende que el fiscal esté investigando 900 causas porque es imposible. Pasa que antes el fiscal no tenía nada en su bandeja, solo lo que el Poder Judicial le remitía, que ya tenía 50 filtros. Ahora le llega todo. Ya no va a tener la bandeja limpia. Hay que entender que la situación cambió. De lo contrario habría que cambiar el código, volver al sistema anterior y que los fiscales solo se enteren de lo que la policía les informe. Pero sería un retroceso.
—¿Tenían previsto ese aumento?
—No lo teníamos previsto. Habíamos calculado unas 18.000, estamos en 28.000. Entre noviembre, diciembre y enero tuvimos 104.000 eventos. A este ritmo vamos a llegar a 340.000 en el año, cuando habíamos partido de una base de 220.000. Hay un incremento sustantivo que tenemos que tener en cuenta en la rendición de cuentas. Porque uno hace los números en base a una determinada realidad y si esa realidad cambia, hay que ajustarlos. Ya estamos trabajando en la rendición de cuentas y hemos planteado al sindicato de funcionarios y fiscales la participación en ese grupo de trabajo. El sindicato de fiscales aún no se sumó, pero la idea es que vengan a plantear sus necesidades, porque cuando un gremio dice ‘necesitamos X cantidad de cargos más’, perfecto, pero el fiscal de Corte no dispone de esos cargos, hay que incluirlos en la rendición de cuentas y reclamarlos. Soluciones mágicas no hay. Probablemente necesitemos más recursos y hay que pedirlos.
—Fiscales se han quejado de la lentitud del sistema informático para conseguir autorizaciones de allanamiento o detención. La Suprema Corte, en cambio, sostuvo en un comunicado que el sistema no tiene demoras. ¿Cuál es la situación?
—Cuando se ha usado el sistema informático las demoras no existen. Pasa que lo que hemos constatado es una resistencia de parte de algunos fiscales a usar el sistema.
—¿No es porque no funciona bien?
—Al principio hubo dificultades, pero ha mejorado muchísimo, y aspiramos a que mejore mucho más. Hoy una orden de allanamiento o detención en Montevideo la puede solicitar el fiscal desde una tablet en su casa. Si me niego a usar el sistema porque presumo que va a funcionar mal, y me voy al Juzgado y lo quiero hacer a mano, va a llevar más tiempo. Lo que igualmente se hizo, a raíz de una reunión con la Corte, es formar un grupo de trabajo entre el Poder Judicial y la fiscalía para ver dónde había dificultades operativas y flexibilizar algunos criterios.
—Habilitaron las llamadas telefónicas entre jueces y fiscales.
—Sí, pero esa vía exprés es para la contingencia, no para todos los días. Porque por otro lado hay reclamos de los abogados diciendo: “Ojo con esto”, porque si trabajás con la contingencia no te queda registrado. Creo que la Corte hizo muy bien en sacar ese comunicado, porque pone las cosas en su lugar: 23 minutos para disponer una orden no parece un tiempo excesivamente largo. No es que levanto el teléfono y pido y ya está. Tienen que quedar los registros, porque del otro lado están los derechos de la gente.
—Tras el asesinato de una cajera de supermercado quedó en evidencia que el homicida llevaba dos meses requerido por otro crimen y no se lo había capturado. Sin embargo, tras la conmoción social que generó el episodio se lo encontró en dos días. ¿Qué conclusión saca de ese hecho?
—Hay mucha gente que anda circulando por la calle con órdenes de captura. Hay como una idealización con la orden de captura y se cree que basta que se libre una orden para que la policía automáticamente lo detenga.
—Bueno, pero estamos hablando de un homicida...
—Está bien, pero yo no voy a pronunciarme sobre la labor policial porque los detalles los desconozco. El crimen fue impactante, obviamente. Conmocionó a la sociedad y evidentemente eso ejerció una presión y movilizaron una cantidad de policías muy importante que terminó rodeándolo. Pero aun así, disponiendo de una cantidad de recursos muy importante de gente, tampoco la detención fue automática. Esa gente se desplaza permanentemente. Estoy absolutamente convencido de que los fiscales y la policía que intervinieron en el asunto pusieron lo mejor de sí. Ahora hay una investigación administrativa dispuesta por la Policía Nacional y serán ellos los que determinen el accionar policial. No me corresponde a mí.
—Según información que publicó Búsqueda a raíz de datos del Ministerio del Interior, hay unos 200 pedidos de captura vigentes contra presuntos homicidas.
—No tengo información precisa sobre eso.
—Pero si hay tantas órdenes de captura vigentes, significa que lo que pasó el sábado puede volver a pasar: que alguien cometa un crimen horroroso y al tiempo cometa otro.
—Bueno, también pasó en Casavalle de gente que estaba requerida y apareció muerta. Y bueno. La gente que se dedica al delito no vive todos los días en su casa, es gente que está circulando permanentemente, cambiando de lugar. No es que tengan una infraestructura brutal, pero sí hay un desplazamiento constante. El hecho de la difusión pública del Kiki tuvo un efecto y es que se fue quedando sin aguantadero, porque los propios delincuentes no lo querían. Pero eso es parte de una labor policial y yo no soy policía.
—Pero hoy son los fiscales los que dirigen a la policía, ¿no?
—Sí, pero el fiscal pide la orden de captura, de allanamiento, se reúne con la policía, pero no está en la calle haciendo el trabajo. Si me preguntás cuál es el resumen de esto, sí, es de preocupación. Como el aumento de los homicidios en este período y de la violencia en determinados sectores de la sociedad.
—El traslado de la fiscal Gabriela Fossati, que ha sido crítica con el funcionamiento del nuevo sistema, generó una gran controversia y ella alegó que se trató de un castigo. ¿Por qué se la trasladó?
—Hubo más de 60 traslados y va a haber esta semana 10 o 15 más. Todos se hicieron sin ningún tipo de problema. Tenemos un traslado problemático, porque hubo una reacción pública. ¿De qué estamos hablando? De un traslado de una fiscalía a otra, de la misma categoría, en la misma materia.
—Pero se la trasladó al viejo sistema penal, con el cual muchos fiscales hoy no quieren trabajar.
—El objeto de trabajo es exactamente el mismo: la materia penal. Los bienes que están en juego son exactamente los mismos. Un delito ocurrió antes y otro después. La única modificación es el régimen procesal. No hubo ninguna vulneración de derechos. Se dice que es una sanción por sus dichos. Este fiscal impulsó un artículo en el estatuto que establece que los fiscales tienen la más absoluta libertad de expresión. Y ha defendido siempre la libertad de expresión de los fiscales. Basta mirar los diarios de cinco años atrás o las redes sociales y este fiscal ha recibido críticas de un montón de fiscales, y algunas en términos muy duros. Y si embargo, nunca tomé una medida sancionatoria respecto de un fiscal porque ejerciera la libertad de expresión. Es más, desde que yo asumí en 2012 hubo muy pocas designaciones directas, y una de ellas fue la doctora Fossatti. O sea que no solo no se la persiguió, sino que... me parece un despropósito que por un traslado horizontal se haga todo este escándalo.
—La fiscal dijo que no hay garantías para investigar casos cercanos al poder…
—Lo que a mí más me preocupa es cuando se dice eso. En este país, donde un fiscal pidió el procesamiento de funcionarios públicos de altísima jerarquía, en funciones… Porque si miramos la historia del Uruguay, nunca se pedía el enjuiciamiento de una persona mientras estaba en el gobierno. Pero siendo Díaz fiscal de Corte, un fiscal pidió el enjuiciamiento de un dirigente político que estaba en el gobierno. Entonces, ¿decir que no hay garantías? Explíquele a Juan Gómez que no hay garantías. Además, que lo diga una persona que no tiene causas de ese tipo... ¿cuál fue la causa que no pudo avanzar por falta de garantías? Se hacen afirmaciones muy peligrosas sin ningún tipo de fundamento, que generan desconfianza y conmoción. ¿Qué puede pensar Luis Pacheco, que tiene todas las causas vinculadas a corrupción en Montevideo? ¿O la fiscal que tiene la causa de Agustín Bascou, o la que tiene las denuncias contra Sergio Botana? ¿Qué puede pensar Enrique Rodríguez, que desde el 1º de noviembre tiene las denuncias que se presenten contra jerarcas en Montevideo? Realmente es agraviante para mí y para muchos de esos colegas.
—¿Pero por qué se la trasladó?
—Hay una resolución que explica los motivos y ahora que hay un recurso administrativo se va a explicar allí. Pero yo no voy a salir a la prensa a decir las razones. Porque había gente que no conocía el acto y ya decía que no había motivo.
—¿Sí hay motivos?
—Obviamente. Todas las resoluciones tienen fundamento. Además, a alguien tenía que mandar al sistema viejo. ¿Por qué otra y no ella? También preguntemos eso.
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Contratapa
2018-03-01T00:00:00
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