El ministro del Interior Luis Alberto Heber no disimuló su molestia cuando fue consultado por los periodistas tras la publicación de la nota, y reclamó a los defensores que brinden información específica. “El Ministerio del Interior no sabe nada, la Fiscalía no sabe nada, ¿y van a mandar una carta a la Suprema Corte de Justicia? Digo, nosotros tenemos que investigar, lo lógico sería que nosotros estuviéramos informados”, reprochó. “Hay que decir dónde y quién”, agregó. “No se puede decir en general” porque “somos 33.000, y unos pocos no pueden ensuciar la tarea de todos”.
Desde la Fiscalía no hicieron declaraciones públicas, pero fuentes del organismo transmitieron a Búsqueda malestar con las críticas de los defensores al nuevo Código del Proceso Penal y señalaron la necesidad de conocer cuántas denuncias formales presentaron. De hecho, tras la difusión del informe, la Fiscalía General pidió a todas las fiscalías del país que informen, en un plazo de 72 horas, si tienen denuncias presentadas por defensores de oficio sobre situaciones de abuso policial.
También legisladores del oficialismo reaccionaron de manera crítica, en particular sobre la responsabilidad que los defensores atribuyeron a la Ley de Urgente Consideración (LUC) en el aumento de los abusos. Es que, según plantearon en su informe los abogados, algunos artículos de la ley derivaron en un incremento de la discrecionalidad policial. Principalmente, el que autorizó a la Policía un plazo de cuatro horas para investigar antes de comunicar un hecho a la Fiscalía.
Eso generó especial molestia en el oficialismo, que en estos momentos se prepara para defender la LUC luego de que el PIT-CNT, el Frente Amplio y otras organizaciones sociales presentaran casi 800.000 firmas para convocar un referéndum contra 135 artículos de la norma.
El senador del Partido Nacional Gustavo Penadés dijo el martes 27 a Radio Universal que solicitó que se remita la denuncia a la Comisión de Seguridad Pública del Senado y que evalúa convocar a los defensores. “Me parece realmente preocupante que aquello que ellos denuncian pueda existir. Pero lo más preocupante es que ellos interpretan que lo que está sucediendo es producto de la LUC. Y eso es absolutamente equivocado”, aseguró. Se trata de “una barbaridad” y “una interpretación realmente temeraria”, agregó.
Las autoridades del gobierno consideran que los cambios introducidos por la LUC y el nuevo “paradigma” que rige la actuación de la Policía son las principales razones que explican la baja en las denuncias de delitos. El lunes 26, en declaraciones al diario El País, el director de Secretaría de la cartera, Luis Calabria, destacó que “al menos 500 personas han sido imputadas por delitos o agravantes creadas” en la LUC. “Si la LUC se derogara al menos 500 delincuentes se beneficiarían” y “se despojaría a la Policía de instrumentos fundamentales para luchar contra el delito”, afirmó.
Luis Alberto Heber. Foto: Mauricio Zina/ adhocFOTOS
Señales positivas
Los defensores no se replegaron ante las reacciones. En la última semana sus voceros estuvieron en programas de televisión matutinos y vespertinos, en los informativos, en las emisoras de radio y en la prensa escrita. Insistieron en que se trata de una situación preocupante que se da de forma “repetida” en muchos departamentos del país. Y cuestionaron que las autoridades busquen poner el foco en las denuncias de “hechos concretos”, cuando ellos precisamente buscan señalar que se trata de situaciones generalizadas.
Además, reiteraron que muchas denuncias no llegan a concretarse porque los propios agredidos no quieren por temor a las represalias. En muchos otros casos, no tienen pruebas de los hechos.
De todas formas, en respuesta a las inquietudes del Ministerio del Interior y de la Fiscalía, la asociación realizó consultas entre los defensores y relevó hasta el momento más de 50 casos de abusos que fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía durante las audiencias, según informó a Búsqueda el presidente de la asociación, Joaquín Gamba.
El defensor señaló que muchas de esas denuncias se realizan en la propia audiencia y no quedan registradas como denuncias formales o independientes, por lo cual no van a figurar en los registros que solicitó la Fiscalía General. “Nosotros entendemos que basta con ponerlo en conocimiento en la audiencia, y la Fiscalía tiene la obligación de investigar”, afirmó Gamba.
“Por eso estamos relevando todas las veces que dejamos constancia de estos hechos en las audiencias, y tenemos más de 50 casos de defensores en todo el país”, señaló.
Por otra parte, insistió en “sacar el foco de una cuestión político-partidaria vinculada a la LUC”. Explicó que el informe lo finalizaron semanas atrás y decidieron no difundirlo hasta que no venciera el plazo para la recolección de firmas para el referéndum, ya que quisieron evitar incidir o ingresar en el debate sobre la ley.
No obstante, afirmó, no se puede “tapar el sol con un dedo”: “Hubo un aumento de estos abusos después de la LUC. Es así”.
El defensor se refirió también al caso que mencionó el ministro Heber, sobre cinco funcionarios policiales que fueron denunciados por el ministerio por agredir a dos prisioneros. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad. “Ahí tenés un ejemplo claro de por qué pedimos que se filme todo con las cámaras Go Pro. Por la importancia que tiene que esos hechos queden registrados, porque si no es muy difícil probarlos”, afirmó. “¿Cómo vamos a probar una coacción psicológica?”, planteó.
Por su parte, la vicepresidenta de la asociación, Victoria Muraña, dijo a Búsqueda que desde la difusión del informe notaron un cambio positivo en la actuación de los operadores del sistema. “Estamos viendo que tuvo una repercusión. Vemos una forma de trabajar más cuidada, con más foco en el tema”, relató a partir del testimonio de varios colegas. Muraña destacó que se trata de una consecuencia “muy positiva”, en contraste con las reacciones negativas de algunas autoridades: “Estamos siendo los acusados cuando estamos tratando de que las cosas se hagan bien y con respeto de los derechos humanos”, cuestionó.
Gamba coincidió con la percepción de un cambio positivo. “Lo vemos en los propios operadores jurídicos. Los defensores nos han dicho que el control de la detención se hace más exhaustivo”, destacó.
Desde el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que funciona en el ámbito de la Institución Nacional de Derechos Humanos, se pusieron en contacto con la asociación de defensores y acordaron reunirse para tener más información sobre los hechos que denunciaron.
El abogado Daniel Díaz, integrante del equipo técnico del Mecanismo, explicó a Búsqueda que desde 2017 trabajan en el monitoreo del cumplimiento de las garantías en los primeros momentos de la detención. Indicó que en las próximas semanas publicarán un nuevo informe con los resultados del último monitoreo que realizaron en Montevideo, que contempla el impacto de los cambios introducidos por la LUC.
“Es en el marco de nuestro trabajo de monitoreo que contactamos a los defensores; nos resulta muy interesante y muy bueno el material que han difundido y por eso queremos coordinar con ellos”, señaló. “En principio plantea un panorama muy complejo”.
Díaz dijo también que el Mecanismo mantiene diálogo con todos los organismos involucrados en el tema, como el Ministerio del Interior, la Fiscalía y el Poder Judicial.
El abogado señaló que en el último informe que publicó el Mecanismo se identificaron dos preocupaciones que coinciden con las mencionadas por los defensores. Estas son la falta de acceso a un abogado en los primeros momentos de la detención y las falencias en la revisión médica de los detenidos.
La organización Servicio Paz y Justicia (Serpaj) también solicitó una reunión a la asociación de defensores, mientras que el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) destacó en su cuenta de Twitter la “acción emprendida” por los abogados públicos.
Por su parte, el director del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Juan Ceretta, destacó en una entrevista con la radio El Espectador la “valentía” de los defensores de oficio para denunciar estas situaciones, “que son una alarma que se prende y debería preocuparnos a todos, fundamentalmente a las autoridades”. Coincidió a su vez en la importancia de filmar todas las actuaciones policiales. “La filmación de los procedimientos es una garantía para todos. No estamos descubriendo nada, esto es lo que se usa en el mundo, la policía filma los procedimientos como una forma de garantizar que son regulares”.