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El sindicato de trabajadores (ATEC) de la Dirección Nacional de Cultura (DNC) denuncia en una carta pública la vulneración de sus derechos, por lo que acudieron al Instituto Nacional de Derechos Humanos con sus reclamos.
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La carta señala el atraso en el cobro de salarios, la desvinculación de trabajadores sin explicación, nuevos contratos con sueldos por encima de la media y la falta de una estructura de la DNC. Para el sindicato, la precariedad laboral genera “miedo a perder el trabajo”, “miedo a denunciar” y “miedo a señalar que la falta de organización constituye un elemento central del acoso moral laboral”.
Mariana Wainstein, directora de Cultura, se mostró sorprendida por el tono de la carta. “Hay un tema objetivo que es el de seis contratos que se atrasaron en su renovación por el periplo administrativo del Estado. Nos preocupamos por ese tema y nos reunimos con COFE y miembros de ATEC. Todos saben que apenas pudimos pagamos la deuda a esas personas”.
Para la directora, en su administración se trató de poner orden desde el punto de vista institucional con la creación por ley (LUC) de cinco institutos. “Las quejas emocionales de miedo no sé ni cómo responderlas. Son insinuaciones sin ningún ejemplo. Me reúno mucho con los equipos y trato de apoyar en lo que puedo. No coincide el clima de la DNC con lo que dice la carta”.
En cuanto a las personas que han ingresado últimamente, aclaró que en toda la DNC hay 260 trabajadores y que ahora contrataron a 18. “Son personas idóneas para trabajar en los cinco institutos que creamos. Estamos en todo derecho, no hicimos nada ilegal”. También niega que se haya desvinculado a personas a las que se les prometió renovar el contrato. “Es otra insinuación y casi una calumnia. Nunca hicimos eso. El año pasado, cuando pagamos 1 millón de dólares de deuda de la administración anterior, no teníamos plata para contratar. Le pedí a las autoridades para analizar el caso de 26 contratos que vencían y vimos que eran necesarios. Hace dos días pagamos Museos en la Noche y el Día del Patrimonio, que se debía desde 2019. No entiendo por qué no fueron antes al Instituto Nacional de Derechos Humanos”.
Williams Martínez, vocero del sindicato, explicó que las seis personas con problemas contractuales cobraron los meses atrasados, pero ahora siguen trabajando sin nuevo contrato y sin cobrar. Considera que en esta situación los nuevos ingresos producen enojo y desmotivación. “Ingresaron con contratos de entre 60.000 y 100.000 pesos, muy por arriba de los sueldos del MEC”. Sobre las desvinculaciones, puso como ejemplo a dos arquitectos que trabajaban en el área de los museos y a las personas que quedaron sin trabajo por el cierre de los Centros MEC.
“Tampoco hemos tenido una mesa de negociación para discutir la reestructura y la carrera administrativa, un derecho básico del funcionario público”, agregó.
