“Las aves pueden adaptarse a los ruidos de los autos que están siempre en el mismo lugar, pero no se acostumbran al kitesurf, ya que las velas tienen un radio de acción muy largo. Incluso se asustan de la propia sombra de las velas”, indicó. Ríos contó que un grupo de organizaciones sociales presentó un informe que muestra aves degolladas en la laguna Garzón, presuntamente a causa de este deporte. “¿Qué va a ser si no?”, planteó.
La regulación, ya en vigencia, limita en gran medida las zonas permitidas para realizar este deporte en la laguna (excluye el área de la “lengua”, que comunica la laguna con el mar) y reduce la cantidad de personas que pueden realizar kite de forma simultánea (30 por zona, totalizando un máximo de 60 personas). A su vez, establece un tramo sobre la acera norte de la Ruta 10 para estacionar los vehículos con el fin de evitar dañar la vegetación costera, algo que, según constató Búsqueda, tampoco se cumple.
Sin embargo, los kitesurfistas no están de acuerdo con la nueva regulación y opinan que no existe un sustento científico que respalde la decisión.
“Es una arbitrariedad. Fuimos afectados como escuela, ya que estamos en la zona donde se prohibió el kite. Pero la medida afecta sobre todo a los particulares que quieren practicar. En plena pandemia, es uno de los pocos deportes que se puede hacer y es algo que también afecta al turismo”, dijo a Búsqueda Diego Varela, director de Kitesurf Uruguay.
A su entender, no hay ningún estudio que sostenga que el fenómeno de disminución de las aves sea debido a este deporte. Desde el ministerio “primero prohíben y después estudian”, criticó.
“Si se mantuviera el mismo criterio de prohibir las actividades que podrían potencialmente afectar la laguna, habría que prohibir todo. Pero se puede hacer kayak, remo, navegar en catamarán, practicar stand up paddle. Todas podrían afectar las aves, incluso una persona caminado, pero se prohibió solamente el kite”, cuestionó Varela. Y agregó: “Poner 60 personas alrededor de un puente en un área de pocos metros cuadrados genera una gran acumulación. Las medidas que tomaron son bastante incontrolables, pero no va a quedar acá, porque todos quieren hacer kite en la laguna”. Otro aspecto importante es que el kite solo se practica en promedio 30 días por temporada, agregó.
La directora de otra de las escuelas del lugar, Laura Moñino, quien además es ingeniera agrónoma, también se refirió a la falta de estudios científicos previos en la laguna Garzón.
“Se está haciendo todo de atrás para adelante. La disminución de las aves no solo se debe al kite, que sabemos que tiene sus impactos ambientales, sino que hay otros factores que influyen, como la disminución de su alimentación, la sedimentación que quedó después de la construcción del puente (ya que los terraplenes no fueron retirados como se había previsto) y también se debería tener en cuenta problemas vinculados al cambio climático”, dijo a Búsqueda.
Para Moñino el problema es que la cantidad de practicantes de kite ha aumentado en forma exponencial, por lo que entiende correcto que el ministerio busque regularlo. Lo que cuestiona es que no se haya tenido en cuenta a los kitesurfistas independientes, aquellos navegantes que no tienen la capacidad para salir al mar y que necesitan obligatoriamente practicar dentro de la laguna.
“Hay una gran cantidad de gente que necesita navegar en aguas seguras, tranquilas y cerradas, que no están contempladas en la regulación. Y las condiciones de navegación que brinda la laguna Garzón en cuanto a clima, condiciones geográficas y de viento son ideales para la práctica de este deporte náutico”, dijo. “Confiamos en llegar a un acuerdo con las autoridades, ya que incluso estamos trabajando en la Comisión Asesora de Laguna Garzón en la redacción final del plan de manejo”, indicó la deportista.
El kitesurf es una actividad costosa: los equipos cuestan cientos de dólares y las clases pueden ascender hasta US$ 100 por hora.
Un kitesurfista pasa por el puente de la laguna Garzón. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
Controles
Según Ríos, si bien no hay estudios específicos sobre el impacto del kite en las aves de la laguna Garzón, existen “evidencias internacionales y algunas pistas o sospechas locales”, por lo que deben actuar en forma precautoria y “ordenar la situación”.
“La actividad quizás hasta debería estar prohibida en el lugar”, indicó, ya que incumple el decreto de ingreso del área que prohíbe provocar molestias a animales silvestres o actividades que afecten la calidad del bosque costero. “Para las ONG ya hay suficiente información como para prohibirla, ya que el área protegida se creó para proteger las aves. En realidad el ministerio está dando una concesión transitoria mientras hace los estudios específicos en el lugar, algo que puede derivar en que la actividad se permita más o menos”, indicó.
En estos días se defenderá la tesis del Centro Universitario Regional del Este que fue utilizado por las autoridades para elaborar la regulación. “Era la mejor información disponible para laguna Garzón y con base en eso entendemos que hay que seguir profundizando los monitoreos”, dijo la técnica.
Hasta ahora, los controles no han sido una tarea sencilla y la regulación se incumple muy frecuentemente. Las autoridades se han enfocado en comunicar las medidas. El ministro de Ambiente, Adrián Peña, se reunió dos veces con vecinos de José Ignacio para informar sobre el tema. Pero ahora pretenden aplicar “fiscalizaciones educativas”, sobre todo a los kitesurfistas independientes, a través del trabajo de Prefectura y de los guardaparques, quienes recorren a diario el brazo de la laguna. Incluso solicitaron apoyo de otras divisiones dentro de la Dirección Nacional de Medio Ambiente para reforzar los controles en Garzón durante el verano.
“El ministro ha sido muy firme al decir que al que incumple se le multa. Si vemos que no acatan, se les labra un acta. Hasta la fecha ya iniciamos un procedimiento administrativo a una escuela. Recién empezamos a fiscalizar y ahora vamos a empezar a medir la reincidencia”, dijo Ríos.
Un grupo de kitesurfistas independientes, en su mayoría residentes de José Ignacio y las inmediaciones de la laguna Garzón, están redactando un recurso para impugnar la resolución ministerial. Según dijo a Búsqueda uno de los vecinos, Guibert Englebienne, entienden que se tomó una decisión apresurada de regular algo “que es al agua, lo que la bicicleta es a la tierra”.
“El kite es de lo más inocuo que hay. A todos nos gusta tener un José Ignacio y una laguna Garzón sustentables. Nos sorprendió mucho que no se haya consultado a los vecinos que hacen kitesurf antes de proceder a esta regulación, que no toma en cuenta cosas vinculadas al lugar donde se hace y la forma en la que se implementa”, indicó.
“Deseamos un desarrollo sustentable para nuestra zona. Nuestra laguna es ese lugar único y muy amplio donde podemos convivir respetuosamente y en paz con la naturaleza. Entendemos que en esa resolución se omitió contemplar el punto de vista de los navegantes independientes, los que viven en la zona e invirtieron allí por lo que esta ofrecía”, dijo por su parte el vecino Manuel Presa.
Una de las escuelas, a su vez, presentó una propuesta formal que solicita la ampliación de la zona permitida para navegar, así como también la flexibilización del aforo hasta al menos 90 personas. Desde el ministerio, sin embargo, explicaron que no harán lugar al pedido hasta que cuenten con el resultado de los estudios específicos.
La discusión por el kitesurf se ha vuelto “casi una cuestión de Estado”, dijeron fuentes del ministerio, ya que constantemente son objeto de presiones por parte de personas influyentes o de alto poder adquisitivo, que entienden tener “un derecho adquirido”.
