Desastres ambientales potenciados por el cambio climático en el sector agrícola “ponen en riesgo todo el sistema alimentario”

Es por eso que la FAO presentó una herramienta que permitirá evaluar los daños y las pérdidas económicas causadas por fenómenos climáticos extremos en los diferentes rubros agropecuarios, de manera de contar con mayor información para la toma de decisiones.

—La necesidad tiene que ver con el tremendo impacto que causan los desastres en el sector agropecuario. Según un reciente informe de la FAO, a escala mundial entre el 2008 y el 2018 el sector agrícola de los países menos adelantados y de ingresos bajos y medios absorbió el 26% del impacto global causado por los desastres de mediana y gran escala. En América Latina y el Caribe se perdieron US$ 29.000 millones como consecuencia de la disminución de las cosechas y el ganado tras esos desastres. Esta cifra representa una fracción de las pérdidas reales del sector, ya que los países aún deben fortalecer sus capacidades para realizar evaluaciones sistemáticas y precisas. El impacto de los desastres en la agricultura se extiende a lo largo de toda la cadena de valor, menoscabando la vida de las personas, devastando los medios de subsistencia y poniendo en riesgo todo nuestro sistema alimentario. Por eso la FAO viene trabajando desde 2016 en una herramienta para evaluar los daños y las pérdidas económicas causadas por eventos de pequeña, mediana y gran escala en todos los rubros agropecuarios (cultivos, ganadería, forestación, pesca y acuicultura) y también lo hace en Uruguay.

—¿Cómo funcionará y qué importancia tiene contar con una mayor cantidad de datos?

—Este trabajo se basa en la idea de que lo que no se mide no se administra y que, para tomar decisiones, hace falta contar con información oportuna, actualizada, creíble, que aporte evidencia robusta. La metodología que acabamos de lanzar en Uruguay y en otros países latinoamericanos busca apoyar la institucionalización de sistemas nacionales para recolección, evaluación y reporte de daños y pérdidas en el sector agropecuario. Esa evaluación sistemática es una condición para entender la vulnerabilidad del sector y para contar con políticas públicas capaces de reducir dicho impacto y garantizar la seguridad alimentaria. Solo con un sistema de evaluación de daños y pérdidas se puede generar el necesario respaldo de instrumentos financieros (asignaciones presupuestarias, desarrollo de seguros agrícolas para agricultura familiar, entre otros) que permitan la inversión —a mayor escala—, para una agricultura y unos sistemas alimentarios más sostenibles, resilientes e inclusivos. Mejores datos pueden impulsar una acción más eficaz y ambiciosa.

En el caso de Uruguay, la FAO va a apoyar, a pedido del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el desarrollo de una solución informática para administrar y centralizar la información disponible en diferentes fuentes y poder calcular los daños y pérdidas en los diferentes rubros de la producción agropecuaria, a partir de la propuesta de requerimientos funcionales y recomendaciones para la implementación de este sistema, realizado en el marco del proyecto.

—En Uruguay aumentaron las sequías, se incrementó la temperatura y las lluvias han variado ¿Qué rol tienen los impactos del cambio climático?

—El aumento de la ocurrencia e intensidad de los desastres es una nueva normalidad. La mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos (sequía, inundaciones, tormentas, olas de calor, entre otros), como consecuencia del cambio climático, ha pasado a constituir uno de los principales problemas a los cuales hacer frente en la agricultura regional. La sequía es uno de los desastres que más afecta al sector agropecuario en Uruguay, en la región y en el mundo. A escala mundial el sector agrícola absorbe el 82% del impacto total de la sequía. Entre los años 2008 y 2018, las pérdidas de producción agrícola y ganadera por sequía alcanzaron los US$ 37.000 millones. En América Latina y el Caribe, la sequía causó US$ 13.000 millones en pérdidas de cultivos y producción. En Uruguay, la sequía de 2017 y 2018 resultó en pérdidas directas del orden de US$ 550 millones, según la Oficina de Programación y Políticas Agropecuarias.

—¿Es posible adjudicar al cambio climático los daños que se registran en el sector?

—La metodología de la FAO para evaluar daños y pérdidas en el sector agropecuario busca también cuantificar los daños y pérdidas por eventos extremos que son causados por impacto del cambio climático. Esta se aplica independientemente de si el daño fue causado por una sequía, una tormenta o una inundación. Lo que se mide es el daño y la pérdida directa que generó ese evento en la producción. Desde la FAO enfatizamos la necesidad de abordar de manera sistémica las múltiples amenazas. Los sistemas de los que depende nuestra forma de vida están estrechamente vinculados. En lo que va de este año se ha demostrado que son frágiles y ponen a prueba la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nos enfrentamos a una era caracterizada por la existencia de riesgos sistémicos.

—¿Qué efectos podrían registrarse en el sector agropecuario debido al cambio climático?

—Se estima que para el año 2050 la población mundial haya aumentado hasta 9.800 millones de personas, lo cual irá acompañado de un aumento de la demanda mundial de alimentos del 60% al 70%. Está previsto que para 2028 corresponda a América Latina y el Caribe más del 25% de las exportaciones mundiales de productos agrícolas y pesqueros. Teniendo en cuenta los efectos del cambio climático en la temperatura y en las precipitaciones, se estima que en algunas zonas del Cono Sur la producción agrícola de secano disminuirá como consecuencia del aumento del estrés hídrico estacional. También están previstas reducciones del rendimiento de la producción pesquera y acuícola, al igual que repercusiones en las pautas de las plagas y enfermedades y en la capacidad de los ecosistemas de responder a los fenómenos climáticos adversos.

El cambio climático afecta de forma desproporcionada a la población y a las comunidades agrícolas que viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Es escasa su capacidad de recuperación después de fenómenos adversos, como también son escasas sus posibilidades de adoptar medidas preventivas para reducir los daños. Para garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición ante el aumento de la demanda de alimentos, la mayor competencia por los recursos naturales y la crisis climática, urge replantearse los sistemas agroalimentarios de nuestra región y aprovechar las enormes oportunidades de sinergias ambientales, económicas y sociales que pueden derivarse de los modelos de crecimiento sostenible. La pandemia de Covid-19 ha demostrado que hoy, más que nunca, los sistemas agroalimentarios de América Latina y el Caribe ofrecen oportunidades de atacar simultáneamente la crisis actual y articular esfuerzos para una recuperación sostenible.

—¿Cómo ha impactado el cambio climático en Uruguay?

—En Uruguay, el sector agropecuario y la ganadería en particular tienen un peso muy relevante. La participación de las exportaciones de productos agroindustriales en el total de bienes exportados es del 70%, por lo que el sector agropecuario es clave para la economía del país, y se trata de un sector muy sensible a la variabilidad climática. Desde marzo 2020 y al inicio del actual gobierno ya se decretaron tres emergencias agropecuarias, y la última afectó a la gran mayoría de las tierras productivas del país. Eso supone una presión importantísima para los productores, pero también para el gobierno, para la economía nacional en su conjunto y para el funcionamiento del sistema agroalimentario.

Estudios recientes realizados por el Instituto Saras para un proyecto de cooperación técnica de la FAO con el MGAP actualizaron el conocimiento de los cambios ocurridos en variables climáticas que son muy significativos para la producción agropecuaria: sabemos que aumentan las temperaturas, crecen las precipitaciones, aumenta la variabilidad de lluvia, hay secas extremas en años recientes, se da una mayor pérdida de humedad de una superficie por evaporación directa y pérdida de agua por transpiración de la vegetación y también que existe una tendencia a la reducción del período con heladas. El mismo estudio proyecta para fines del siglo XXI en Uruguay un incremento de temperatura media de entre 2 °C y 3 °C, un aumento de 10% a 20% en el acumulado anual de precipitaciones, una mayor duración de las olas de calor, aumentos significativos en el número de noches cálidas, aumentos significativos en la intensidad de las precipitaciones y un leve descenso en el número de días con heladas.

—¿Qué políticas o acciones de respuesta y adaptación puede tomar el país?

—Potenciar la acción climática es clave. La FAO, con financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, lleva adelante el proyecto Ganadería y Clima, cuyo objetivo es reducir las emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero, capturar carbono en suelo y revertir los procesos de degradación de la tierra, aumentando al mismo tiempo la productividad. Otra iniciativa prometedora es la Plataforma de Acción Climática en Agricultura de Latinoamérica y el Caribe, lanzada en la COP25, de la que Uruguay forma parte. El objetivo es generar un espacio regional para potenciar la acción climática y promover la colaboración para implementar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático en la agricultura.

Desde 2019, Uruguay cuenta con un instrumento estratégico para orientar las políticas públicas hacia la adaptación de los sistemas agropecuarios a los desafíos planteados por el cambio climático a largo plazo: el Plan Nacional de Adaptación a la Variabilidad y el Cambio Climático para el Sector Agropecuario, documento que propone una estrategia con vistas a 2050 y un plan de acción a 2025, con medidas de adaptación concretas sobre el desarrollo y la transferencia de tecnología, los sistemas de información, la infraestructura productiva, entre otros temas.

—¿Cómo está posicionado Uruguay en relación a otros países de la región?

—Uruguay como los países de América Latina y el Caribe aplica medidas para hacer frente a este desafío. En el marco del acuerdo de París, Uruguay elaboró sus contribuciones nacionalmente determinadas (CND) con base en la Política Nacional de Cambio Climático con un horizonte temporal al año 2050. Se hizo una revisión de las políticas que se estaban implementando en términos de mitigación y se analizaron los potenciales de mitigación de los planteamientos estratégicos actuales. Como resultado, los compromisos asumidos por Uruguay en el marco de sus CND denotan el potencial del sector agropecuario para lograr la integración de los enfoques de mitigación y adaptación al cambio climático. Proporcionan una base sólida para enfrentar el desafío global del cambio climático con acciones concretas que responden a los contextos y las prioridades nacionales. Además, Uruguay se destaca por el monitoreo en línea de las CND con el que cuenta. A su vez, existe un notorio compromiso a nivel de sus políticas públicas.

—¿Qué importancia tiene en ese escenario la producción sostenible de alimentos?

—El incremento de la producción de alimentos requerida al 2050 no será ambientalmente sostenible y climáticamente resiliente si se mantienen los patrones productivos convencionales al día de hoy. Producir más sin aumentar los impactos ambientales, o reduciéndolos y en un contexto de cambio climático, trasciende el enfoque tradicional sectorial de política pública: requiere incorporar cambios en los sistemas agroalimentarios hacia una reducción de su huella ecológica, una mayor integración en la biodiversidad y los ecosistemas y una mayor resiliencia al cambio climático. Todo lo anterior debe favorecer a un desarrollo económico inclusivo que contemple a la agricultura familiar campesina como parte esencial de la solución, promoviendo su resiliencia y su inclusión financiera y resultando en una mejor calidad de vida de la población tanto rural como urbana.