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Corre el año 2003. La cámara del noticiero enfoca el portón de la prisión del condado de Manitowoc, Wisconsin. Un gordito de ojos azules y larga barba rubia sale del interior. Tiene una sonrisa ancha, espontánea, está feliz. Los periodistas se apiñan para fotografiarlo. Familiares y amigos lo abrazan. Se llama Steven Avery, tiene 40 años, de los cuales los últimos 18 los pasó en la cárcel, condenado por una agresión sexual que no cometió. Sentenciado a una pena de 32 años, acaba de ser liberado porque un análisis de ADN demostró que el delincuente era otro. Dieciocho años de cárcel. Si usted, amigo lector, tiene un hijo, un nieto, un sobrino o un hermano de 18 años, simplemente piense que durante toda la vida de ese familiar Steven Avery estuvo preso. Y no por error o “sin querer”, sino por una monumental corrupción del sistema.
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Ese gordito sonriente integra una familia tradicional del condado —hasta hay una calle Avery allí— pero ni él ni su familia son queridos. Cuando era un adolescente cometió la estupidez de robar catorce dólares de una taberna. Admitió la falta y devolvió el dinero. Poco después tiró al fuego el gato de la familia. Admitió la falta y pidió disculpas. Por su parte, la familia Avery es chatarrera y no agricultora, como el noventa por ciento de los habitantes de Manitowoc. No se integran a la comunidad, no van a los servicios religiosos. Está todo bien, pero son sapos de otro pozo.
Entonces, maldita la hora en que una prima de Steven empieza a hablar mal de él, tachándolo de exhibicionista y de haberse masturbado en el capó de su auto. Steven la enfrenta mal, le apunta con un revólver sin balas, olvidando que esa prima es la esposa del subjefe de la Policía del condado. Y así la mesa está servida: cuando el 29 de julio de 1985 alguien ataca e intenta violar en la playa a la Sra. Penny Beernsten, el candidato de oro para endilgarle el crimen es Steven. Aunque las pruebas no lo incriminen; aunque la víctima haya dicho que el agresor tenía pelo largo y ojos marrones y Steven tenga pelo corto y ojos azules; aunque un abusador sexual con antecedentes ande suelto en ese momento por Manitowoc, nadie esté vigilándolo y tampoco nadie vaya a buscarlo e interrogarlo; aunque Steven tenga 22 testigos irreprochables y una boleta de supermercado que confirman su coartada. Nada de eso interesa: para la Policía, Steven es el hombre y punto. Esa pesadilla empieza en julio de 1985 y termina en setiembre de 2003. En el medio, un proceso vergonzoso y corrupto de la Policía y de la Justicia.
Pero lo que con la liberación de Avery parece el fin de una pesadilla, no lo es. Solo será un breve intervalo de dos años en los que Avery proclamará y denunciará en todos los ámbitos su injusta condena y demandará al Estado, al sheriff y al fiscal actuantes por daños y perjuicios por 36 millones de dólares. Uno de sus abogados le pregunta si está seguro de tirarse en contra de semejantes demandados, si no le convendría no hacer olas, porque si ya lo incriminaron mal una vez, podrían volver a hacerlo. Pero Avery es un tipo lineal: así como admitió robar 14 dólares y quemar un gato, durante los 18 años de prisión se negó a declararse culpable —con lo que habría obtenido la libertad anticipada— y tozudamente siempre dijo ser inocente. Ahora, frente a la sensata duda de su abogado, él razona: ¿Cometieron una injusticia conmigo? Sí. ¿Me quitaron 18 años de mi vida con un proceso amañado y corrupto? Sí. ¿Me destrozaron la familia? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema en demandarlos para que me resarzan del daño que me causaron a mí y a mi familia?
Apróntese entonces para algo más increíble aún, porque del lado del Estado, la Fiscalía, la Justicia y la Policía, el razonamiento también es lineal: si Steven no quiere lentejas, pues le daremos dos platos. Lo que sigue es la tenebrosa historia de cómo se confabula el sistema político, judicial y administrativo, para hacer lo que dice el título de la serie, esto es, “fabricar” un asesino. Prepárese a sumergirse en un insondable abismo de mentiras, pruebas prefabricadas, obstrucción de la acción de la justicia, declaraciones sugeridas, violación de reglamentos, desviación de poder, abuso psicológico de un incapaz y algunos etcéteras, todo ¿para qué? Adivinó: para meter otra vez preso a Steven Avery. Y la historia no terminó, hoy todavía continúa, pero es mejor no revelar más detalles.
Las responsables del guión y dirección de este notable documental en 10 episodios que Netflix estrenó en diciembre de 2015, son dos mujeres de mediana edad, graduadas en realización cinematográfica en la Universidad de Columbia: una de ellas, Moira Demos, trabajaba además como iluminadora en programas de televisión; la otra, Laura Ricciardi, lo hacía como abogada. Esta cualidad sin duda le fue útil para afilar el lápiz a la hora de seleccionar y editar la infinidad de archivos de imagen sin perder el hilo. La liberación de Avery en 2003 y las repercusiones inmediatas de ese hecho hicieron que ambas mujeres se instalaran en Manitowoc y comenzaran una tarea de desarchivo de imágenes de lo ocurrido antes de 2003 y filmación de todo lo posterior a 2003. Más de 700 horas de entrevistas, diez años de trabajo incluidos tres años de producción, dieron a luz un corte de dos o tres episodios que HBO, PBS y otras cadenas rechazaron, pero que finalmente Netflix compró. Entre lujos de edición y de fotografía, la historia avanza a paso firme y moroso en medio de entrevistas, interrogatorios policiales y escenas en los tribunales. El manido narrador en off es sustituido por la recreación de diálogos telefónicos y presenciales mientras la cámara repasa lugares y primeros planos de los protagonistas. La serie cuenta además, con una música de lujo de Gustavo Santaolalla.
Cualquier espectador podrá disfrutar —y sufrir— esta historia, pero es indudable que aquellos que tengan formación jurídica se harán una fiesta aparte con la sutileza de las preguntas que hacen algunos de los abogados defensores de Avery; la precisión de sus razonamientos lógicos; la importancia excluyente de los hechos y de su prueba más allá de lucubraciones jurídicas; la grosera “fabricación” de evidencias; la expresión de incredulidad de los periodistas en las numerosas conferencias de prensa en que el fiscal da su punto de vista y los gestos de aprobación de esos mismos periodistas cuando escuchan los razonamientos de la defensa.
Un capítulo tras otro crece la tensión entre los conceptos de verdad y mentira, culpabilidad e inocencia, justicia e injusticia. Uno de los defensores de Avery lo resumirá así: ante la duda y el posible error de un fallo, uno debe preguntarse qué es mejor, si errar al jugarse por la libertad o si errar al jugarse por la prisión.
No sería justo omitir que la indignación que seguro producirán en el espectador los procesos contra Avery tiene un contrapeso ético en el hecho de que estas cosas finalmente se ventilen con tanta libertad. Guste o no, los norteamericanos tienen eso: son capaces de los peores horrores pero también tienen como sociedad la libertad y la madurez suficientes para sacar los trapitos al sol, y si cuadra, hasta confeccionarlo con enorme solvencia y dignidad artística.
El impacto emocional que provoca esta historia se resume en la foto que el 28 de julio de 1985 le tomaron a Steven Avery, su entonces esposa Lori Mathiesen y sus cinco hijos, uno de Lori de otra pareja y los cuatro que tuvo con Steven: Rachel, Jenny y los mellizos Steven Allan y William Earl. La expresión de felicidad de todos ellos es imborrable. Fue la última foto familiar. Nadie podía haber imaginado que al día siguiente, el 29 de julio, empezaría para Steven y su familia este descenso al infierno. Entre tanta miseria humana, entre tanto espanto recorrido en 30 años, la persistencia en la memoria de esa imagen lejana, de esos siete rostros felices y ajenos todavía al horror, resulta sobrecogedora.