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En 1985 la carrera de Traductor Público de la Universidad de la República (Udelar) renovó su Plan de Estudios, que se aprobó en 1986 y comenzó a regir en 1987. El plan fue aprobado por la Asamblea General del Claustro, la Comisión Central de Asuntos Docentes y el Consejo de la Facultad de Derecho, institución donde la carrera se lleva a cabo.
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Sin embargo en 1989 el Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad, máximo órgano de la institución, postergó su consideración porque no existía acuerdo entre sus miembros respecto a la exigencia de una prueba “de admisión” o “de suficiencia” de lengua española.
Pese a no contar con esa aprobación fundamental, el plan se aplicó y la Facultad de Derecho comenzó a expedir los títulos de traductor público a todos los estudiantes que se rigieron por él desde 1987. La equivocación administrativa recién fue subsanada en la noche del martes 26, por lo cual la Universidad entregó durante casi veinte años títulos que no estaban convalidados.
El martes, en régimen de Comisión General, el CDC finalmente resolvió aprobar el Plan de Estudios 1985 y retroactivamente “convalidar los títulos de Traductor Público expedidos por la Facultad de Derecho a las personas que habiendo comenzado los estudios a partir de 1987, cumplieron la totalidad del currículum de la carrera, conforme a lo previsto en el mencionado plan”.
Según afirmaron a Búsqueda fuentes universitarias, antes de tomar la resolución se discutieron los potenciales problemas que el “error administrativo” puede ocasionar. Las leyes uruguayas determinan la actuación preceptiva del traductor público para el diligenciamiento de documentación que proviene del extranjero o que se remite al exterior: exhortos, poderes, sentencias, testimonios, certificaciones, documentos personales, comerciales, financieros y técnicos en general.
Ante esa realidad, los consejeros mostraron preocupación porque se “recurran” e “invaliden” fallos en los cuales participaron traductores, por ejemplo casos de herencias que requirieron la traducción de documentos provenientes de otros países. “Es como que los títulos no hayan tenido validez, reconocimiento”, sostuvo una de las fuentes.
También se hizo hincapié en que no es la primera vez que la Udelar toma resoluciones de este tipo, ya que la estatal también debió convalidar títulos de forma retroactiva tras el fin de la dictadura.
Urgentemente.
Ya en 2006, percatado del error, el Consejo de la Facultad de Derecho elevó al CDC un expediente para disponer la aprobación del Plan de Estudios de Traductorado. En la resolución afirma que “pese a que el trámite formal de aprobación no finalizó totalmente, la carrera se desarrolló durante más de una década y media y en virtud de ello se han expedido numerosos títulos de Traductor Público durante todo este extenso período”.
Agrega que “resulta imperioso solucionar urgentemente los defectos formales que pudo haber padecido el trámite de aprobación, evitando que por causa de los mismos se interrumpa la continuidad de la carrera, en perjuicio del legítimo interés de los estudiantes (actuales y futuros), así como de quienes habiendo culminado los estudios aspiran a recibir su título y ser habilitados para el ejercicio de la profesión”.
La Dirección General Jurídica tomó el pedido en 2007 y concluyó favorablemente que el plan no ameritaba observaciones jurídicas. “Correspondería que se elevaran nuevamente las actuaciones a consideración del CDC, a efectos de que dicho órgano reconsidere el Plan de Estudios de Traductorado. Asimismo, a nuestro juicio correspondería que al aprobar el presente Plan de Estudios, el CDC convalide todos los títulos emitidos”.
Sin embargo el tema nunca se resolvió. Cuando el año pasado Gonzalo Uriarte asumió como nuevo decano de la Facultad de Derecho, advirtió del inconveniente al rector Roberto Markarian y decidieron, hasta no solucionar definitivamente el problema, no firmar los títulos de la generación 2011, que finalizó la carrera a fines de 2014.
Alrededor de 30 estudiantes de esa generación estaban en condiciones de egresar y ya habían iniciado el trámite de sus títulos, pero estaba trancado y no tenían novedades al respecto. El martes el grupo de estudiantes estuvo presente y expectante en la sesión del Consejo Directivo Central. Cuando se discutió el tema abandonaron la sala debido al régimen de Comisión General. Muy nerviosos al principio, terminaron retirándose aliviados entre aplausos y gritos de alegría al enterarse de que todos recibirían sus títulos.
