Los cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) representan la máxima autoridad del Poder Judicial. En Uruguay, a diferencia de otros países, eso significa no solo integrar el tribunal más alto, la última instancia en los procesos de todas las materias, sino también encargarse de los asuntos administrativos de la organización de la Justicia, gestionar los recursos humanos y materiales de jueces, defensores públicos, peritos, funcionarios. Así, la toma de decisiones y el debate es constante en la interna de este organismo colegiado, que en general busca alcanzar consensos en las instancias de reunión semanal —por estos días vía Zoom—. Y si bien es habitual que haya diferentes puntos de vista, hoy la relación entre los ministros ha llegado a un punto de tensión poco frecuente. Eso se ha reflejado, por ejemplo, en la toma de varias decisiones por mayoría y no por consenso.
Sobre las declaraciones de Minvielle, Sosa manifestó que esperaba una rectificación pública.
El vínculo con el Colegio y los dichos de la ministra serán discutidos hoy jueves en el acuerdo semanal de la Corte, una reunión que las fuentes consultadas avizoran que será muy tensa. Por un lado, porque no todos comparten la decisión de cancelar a Pescadere como interlocutor, dado que es el actual presidente del Colegio —una institución de peso que ha mantenido un vínculo fluido y de cooperación con la Corte— y además consideran que tiene derecho a realizar críticas. Por otro, porque Sosa pretende que la ministra Minvielle corrija sus dichos, algo que pone a la involucrada y a los demás miembros en una posición, cuanto menos, incómoda.
Consultado sobre su visión ante las recientes críticas, Sosa decidió enviar a Búsqueda el orden del día del acuerdo, en el que detalla su posición y propone las medidas que debería adoptar la Corte.
En el primer punto del documento, que refiere a los “dichos de la Dra. Minvielle en la nota periodística”, Sosa hace algunas consideraciones iniciales. Señala, por ejemplo, que “estrictamente está solo habilitado el presidente de la Suprema Corte de Justicia a actuar ante el Parlamento y expresarse sobre los proyectos de ley”, y que, por lo tanto, “estaba habilitado para contestar el requerimiento en forma directa, sin oír otras opiniones”. No obstante, añade, por su “mera iniciativa” y hasta “mera cortesía”, solicitó la opinión de los demás ministros.
A continuación, hace un detallado racconto del proceso de consulta previo a enviar el informe al Parlamento: transcribe conversaciones vía WhatsApp y correos electrónicos y describe demoras en responder, así como el respaldo inmediato que expresaron los ministros Luis Tosi y John Pérez. Concluye que “se obtuvo sobradamente la conformidad expresa de los demás ministros de la Corte”.
Luego, cita un párrafo de lo declarado por la ministra a Búsqueda y señala: “Podría escribir varias páginas analizando esos dichos, su naturaleza, alcance y finalidad, sus consecuencias en lo personal y en lo institucional, pero eso lo dejo a consideración de los demás miembros de la Suprema Corte de Justicia”.
El presidente pide que se realice un comunicado de prensa “donde se rectifiquen los dichos públicos de la Dra. Minvielle” y se haga saber al Parlamento que el informe enviado “fue aprobado expresamente por la mayoría de los ministros”. Solicita que el comunicado, además de publicarse en el sitio web del Poder Judicial, sea enviado al redactor responsable del semanario Búsqueda y al Directorio del Colegio de Abogados.
El segundo punto refiere a las declaraciones de Pescadere. Reitera que podría “escribir varias páginas analizando esos dichos” y señala la “falta de respaldo mínimo” que tienen. Informa a su vez que luego de conocer las valoraciones del abogado, solicitó que se le comunicara al Colegio “que Presidencia de la Suprema Corte de Justicia estimaba que no podía seguir dialogando con ese profesional como interlocutor válido”. Solicita otro comunicado de prensa que indique que el informe enviado al Parlamento “recoge las opiniones” de los ministros y los servicios técnicos.
Finalmente, el presidente pide que se considere “lo relativo al interlocutor con el Colegio de Abogados dada la situación planteada”. Según supo Búsqueda, desde el Colegio trasmitieron a la Corte que si había una decisión de excluir al presidente como interlocutor, debían comunicarlo formalmente por escrito.
El proyecto de ley sobre procesos digitales fue presentado en 2020 por el Colegio y reiterado este año en un contexto de creciente molestia de los abogados por la paralización de la Justicia a raíz de las medidas sanitarias por la pandemia. Desde la abogacía entienden que el Poder Judicial reaccionó lento ante las posibilidades que hoy da la tecnología para adaptar los procesos a la virtualidad y evitar aglomeraciones sin cerrar los juzgados.
“Reglas de juego”
A los miembros de la Corte también los divide otro asunto clave, que es la carrera judicial y la forma de instrumentar los ascensos.
El Parlamento aprobó en setiembre de 2019, con apoyo de la Asociación de Magistrados, la norma 19.830 que modificó la Ley de la Judicatura e incorporó los concursos obligatorios para ingresar y ascender en la carrera judicial. Esa ley, sin embargo, no tuvo el apoyo de la Corte, que un mes después decidió presentar un recurso de inconstitucionalidad en su contra porque entiende que no le corresponde al Poder Legislativo regular la carrera judicial.
El recurso no fue respaldado por todos los ministros: Sosa se opuso.
Más adelante la Corte acordó con el gremio de jueces que de todos modos incorporaría de forma gradual los concursos. No obstante, desde el Parlamento observan que la ley sigue sin cumplirse a cabalidad y el mes pasado decidieron citar a los ministros para que expliquen por qué todavía resuelven ascensos sin concurso (Búsqueda Nº 2.122).
En ese contexto, días atrás la Corte envió al Parlamento una solicitud para que autorice la designación de un juez como ministro de Tribunal de Apelaciones, con una particularidad: se basó principalmente en el puntaje obtenido en un concurso.
La decisión no fue unánime: la ministra Martínez se pronunció de forma discorde y advirtió que esa forma de proceder vulneraba las “reglas de juego”.
En la resolución, a la que accedió Búsqueda, la mayoría de los ministros señaló que se trata de la “primera oportunidad en que se cuenta con resultados de pruebas de concursos para efectuar ascensos de magistrados” y subrayó “la importancia de los concursos que legitiman objetivamente a los magistrados para acceder” a cargos que requieren de mayores conocimientos jurídicos. Así fundaron su decisión de designar al juez civil Fernando Tovagliare como ministro de un tribunal, quien obtuvo 96 puntos sobre 100 en la prueba realizada.
Tovagliare, sin embargo, no integraba la lista de candidatos para ascender que elabora la Comisión Asesora integrada por ministros de tribunales y por el Colegio de Abogados, entre otros. Es a partir de esa lista que tradicionalmente se determinan los ascensos, criterio que a partir de la ley debía complementarse con los concursos.
Martínez objetó que se dejara de lado por completo el criterio de la Comisión Asesora. “La consideración del resultado de una prueba que ni siquiera consistió en la elaboración de una sentencia —tarea fundamental dentro de la función jurisdiccional— me parece insuficiente y de menor calidad frente a una evaluación continua de varias actuaciones y decisiones”.
Además, Martínez señaló que tras un “largo y arduo debate” la Corte acordó incluir el resultado de la prueba de concurso “como un insumo más a tener en cuenta por la Comisión Asesora”, lo que quedó plasmado en la acordada Nº 8087/2020. Por lo tanto, con la designación de Tovagliare, se desconoció “flagrantemente” lo resuelto en esa norma y se contrariaron “las reglas acordadas” para el ascenso de los magistrados.
En un acuerdo posterior, el 27 de mayo, los ministros Tosi, Pérez y Sosa decidieron dejar sin efecto la acordada 8087. Así “la Suprema Corte de Justicia, en mayoría, optó por desconocer lo acordado respecto a la incidencia del concurso en la decisión de ascender a determinado magistrado”, sostuvo Martínez.
“Si hoy el Dr. Fernando Tovagliare es el juez con derecho a ascender porque obtuvo el segundo mejor puntaje en un concurso realizado durante unas horas de un solo día, ¿seguirá siendo ese el criterio de la mayoría de la Corte? La Comisión Asesora, y su decisión en cuanto a quiénes están en condiciones de ascender, fue desconocida en esta oportunidad. ¿Lo seguirá siendo en el futuro? ¿Cuáles son las reglas del juego? Creo que los jueces necesitan y merecen saberlo”, escribió.
La ministra añadió que “ni siquiera la Ley Nº 19.830 prevé que el resultado del concurso sea el único factor, ni el más importante, a tener en cuenta para decidir los ascensos”. Además, señaló que quien obtuvo el mayor puntaje fue la jueza penal Beatriz Larrieu, y sostuvo que para el cargo de ministro suplente no es relevante la especialización del magistrado.
Martínez aclaró que no tiene reparos sobre el ministro designado, sino que su objetivo es defender “un sistema objetivo e integral dentro de la selección de los magistrados que deben ascender a los distintos grados de la carrera”.
