En abril de 2020, un mes después de que se decretara la emergencia sanitaria en Uruguay, el Colegio de Abogados envió un proyecto de ley al Parlamento que propone habilitar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para realizar actos procesales a distancia, lo que evitaría la paralización de la Justicia debido a la pandemia. La propuesta apunta a autorizar la presentación de demandas, escritos y otras actividades procesales de forma digital, para que no sea necesario concurrir personalmente a los juzgados.
Pero más de un año después, el proyecto sigue en el ámbito parlamentario. Si bien el Poder Judicial ha dado pasos hacia la digitalización —como la posibilidad de incluir adjuntos digitales en las notificaciones o de iniciar asuntos mediante un sistema informático—, “son actividades accesorias y el modelo principal sigue siendo el mismo, la presencialidad y la presentación de escritos en formato papel”, dijo el presidente del Colegio de Abogados, Diego Pescadere, a Búsqueda.
Cuando ante el aumento de contagios de Covid-19, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) volvió a decretar una Feria Judicial Sanitaria —como la que dispuso en 2020—, el Colegio logró el compromiso de varios diputados de dar un trámite “express” al proyecto.
Sin embargo, “en plena Feria Judicial, con los juzgados cerrados y la actividad judicial paralizada, con los abogados sin trabajar y con los justiciables con sus expedientes congelados, la Corte se tomó casi 40 días para contestar”, reprochó el presidente del Colegio. Y cuando llegó la respuesta de la Corte, se encontraron con que contenía “errores jurídicos inaceptables e ideas absurdas”.
“La respuesta no está a la altura de las circunstancias ni es acorde a la estatura intelectual que, me consta, tienen algunos de los ministros”, dijo Pescadere. Entre los problemas del informe señaló que plantea exigir en los escritos presentados de manera digital la firma electrónica de los justiciables —no siendo suficiente la del abogado que lo representa—. Eso podría dejar a muchas personas al margen, ya que la firma digital hoy no está extendida en la población.
Pescadere explicó que, precisamente, el proyecto del Colegio apunta a “salvar el escollo que imponen algunas normas procesales que exigen que los escritos sean firmados no solo por los abogados sino por los justiciables”.
“El proyecto de ley busca que la firma digital avanzada del abogado resulte suficiente y que las partes firmen en papel y se escanee esa firma. Es el modelo usado en muchos países del mundo”, agregó. Sin embargo, en el informe de la Corte relativo al proyecto, se plantea que los escritos que se presenten de forma remota deben tener la firma digital avanzada de los justiciables, “desde el obrero que reclama su despido, a la madre que reclama la pensión alimenticia para sus hijos”, ejemplificó Pescadere.
Eso quizás sea posible “dentro de muchos años”, pero hoy la mitad de los adultos “no tiene” la cédula con chip que permite la firma electrónica, agregó.
“Se olvida el informe que el Poder Judicial debe dar un servicio de justicia a todos los habitantes y que el mecanismo que plantea no alcanzará nunca a los más vulnerables”. Esta “desmesura se enfrenta a una solución universalmente utilizada y al alcance de la mano”, cuestionó. “No presenta una solución al problema sino un problema a la solución. Hubiera sido lo mismo que dijera que para acelerar los procesos judiciales los escritos deberían ser firmados con pluma de ganso, en caligrafía medieval y tinta de color carmesí”.
Sin “la conformidad de todos”
Consultada por Búsqueda, la ministra Bernadette Minvielle dijo que el informe que envió la Corte al Parlamento fue elaborado por el presidente, Tabaré Sosa, pero no fue discutido en el acuerdo de ministros. A su juicio, era “muy relevante” esperar a tener un informe de la Dirección General sobre las posibilidades y el costo de implementar el proyecto del Colegio. Sin embargo, la respuesta se envió antes de que ese estudio estuviera pronto. “Cuando llegó el informe no tuvimos posibilidades de intercambiar opiniones en el acuerdo”, afirmó. “Se ve que apremiado por razones de tiempo lo mandó antes. Es una contestación que no salió con la conformidad de todos”, dijo Minvielle.
La ministra coincidió en señalar como un problema la exigencia de la firma electrónica a los justiciables. “Hay que tener cuidado de no generar una brecha digital, como vemos hoy en la educación. Eso mismo se trasladaría a la Justicia”, advirtió Minvielle. “Lo más lógico es pensar en una firma ológrafa del sujeto y una firma digital avanzada por parte del profesional”, afirmó.
Otro aspecto en el que no hay coincidencia en la Corte con el informe de Sosa es en cuanto propone que la documentación de una demanda sea provista al demandado mediante un link o un código QR que figure en la notificación. “A una persona que no está acostumbrada a usar medios tecnológicos, o que tiene un acceso a Internet muy restringido, le llega un papel de la demanda con un link. ¿Sabrá qué hacer? Ahí puede surgir una brecha digital muy importante”, señaló Minvielle.
Bernadette Minvielle
No es una Ferrari
Entre los miembros de la Corte existieron otras consideraciones sobre el proyecto del Colegio que no quedaron contempladas en el informe enviado al Parlamento. Por ejemplo, la ministra Elena Martínez consideró que la presentación de demandas de forma digital no brinda “las garantías suficientes”, contó Minvielle. “Si queremos algo serio debemos dar seguridades”, explicó.
Otro aspecto relativo al proyecto que en la Corte ven con preocupación es el gasto extra que implicaría para el Poder Judicial tener que imprimir los escritos digitales para adjuntarlos al expediente papel que debe conservar el Juzgado. De acuerdo a estimaciones de la Dirección General, implicaría un costo de $ 10 millones por mes. Hoy esas copias son presentadas en papel por los abogados.
“Estamos en una etapa de transición, donde no es todo totalmente digital y seguimos con un proceso muy aferrado al papel. Entonces todos esos recursos que se presentan, evacuaciones de vistas, impugnaciones, hay que imprimirlas para incorporarlas al expediente papel. Serían 120 millones al año, solo de impresiones”, señaló Minvielle. “Hay un tema de impacto presupuestal que hay que tener en cuenta, en un momento de tantas carencias”.
“Queremos hacer andar como una Ferrari lo que tiene un motor para un Fiat 600. Y eso es imposible”, opinó.
Una alternativa que propuso la ministra fue cobrar a las partes la impresión de los documentos, a $ 2 por carilla. Sin embargo, esa idea no convenció a sus colegas en la Corte. Otra propuesta que se discutió fue la de instalar un buzón para recibir copia de los escritos, pero eso “no ofrece demasiadas garantías”, evaluó. “Necesariamente el Poder Legislativo deberá acentuar su astucia, su mirada, en este aspecto”.
No es física cuántica
“En medio de esta pandemia no se trata de tener mañana un expediente electrónico, como existe en muchos países en que las causas judiciales siguieron funcionando casi con normalidad durante la emergencia sanitaria. Porque eso lleva algunos años de implementación, capacitación, recursos económicos”, dijo Pescadere. “El problema hoy es que hay cientos de miles de expedientes de papel en trámite. Y que esos expedientes en papel se siguen alimentando de escritos y documentos también en formato papel. Para presentar esos escritos los abogados deben imprimirlos y concurrir a los juzgados, y eso genera trasiego de personas en las oficinas judiciales. Se necesita que, en vez de imprimir los escritos en tres vías en el estudio del abogado, se lo envíe por Internet y se lo imprima en el Juzgado en una vía sola para agregarla al expediente”, sintetizó el abogado. “No estamos hablando de física cuántica”, agregó.
Pescadere destacó el “paso adelante” que dio la Corte al levantar la Feria Sanitaria a partir del 1º de junio, pero planteó que “la actividad que puede realizarse es totalmente insuficiente porque no existe un plan B al sistema tradicional”.
“Da la sensación de que no hay una estrategia. No hay una conducción en la tormenta”, afirmó. “Lo que se requiere es decir hacia dónde se va en los próximos meses y qué medidas se adoptarán si la situación sanitaria empeora. Se necesita tener dotes de liderazgo para impulsar las soluciones, promover los proyectos de ley, pelear los recursos para que funcione un servicio esencial del Estado”, cerró.