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La mejor articulación entre organismos públicos para la provisión de servicios digitales y la mayor oferta de trámites online —con un 79% de cobertura a junio de 2017— bajaron tiempos insumidos y redujeron costos. Con algunos de esos nuevos canales, los ahorros generados llegan a miles de días y a millones de pesos al año.
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Así lo señala el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en un documento en el que evaluó el programa de apoyo a la gestión del gobierno electrónico en Uruguay, aprobado en 2011 y con un préstamo asociado de US$ 10,9 millones. El Estado aportó una cifra similar como contraparte.
La evaluación, con fecha de febrero, es en general positiva. La gestión digital, ya sea de forma total o parcial a través de las “ventanillas únicas”, páginas web de los organismos, portales o aplicaciones para teléfonos celulares, contribuyó a mejorar la calidad de servicios públicos, sostiene el organismo. Se apoyó en una consultoría de Deloitte que cuantificó algunos ahorros: 45.360 minutos y $ 3.132.948 en 2015 para empresas proveedoras con el uso de la plataforma de interoperabilidad de licitaciones públicas y abreviadas; $ 7.391.808 en el período 2016-2017 por el uso de la herramienta de identidad electrónica para las declaraciones juradas que deben presentar los funcionarios del Estado en forma bianual; $ 6.871.392 para los exportadores e importadores en 2015 por la Ventanilla Única del Comercio Exterior (VUCE), y 369.600 días y US$ 24.000 por año con la tramitación de pasaportes para ciudadanos residentes en el exterior. A su vez, con el expediente electrónico con actuaciones en el interior del país en el Ministerio de Trabajo el ahorro por año sumado para las firmas fue de 3.245.300 días y $ 5.590.480.
No obstante, el BID señaló “dificultades” para recabar información relativa a tiempos y costos en varias implantaciones de proyectos estratégicos y concursables”. En ese sentido, recomendó que se incorporen dentro de las actividades de relevamiento líneas de base de tiempos y costos insumidos por los servicios que serán afectados por nuevas herramientas de gobierno electrónico. También consideró importante contar con un registro de la inversión realizada en cada herramienta, no solo financiada por la Agencia de Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) sino también por los otros organismos intervinientes, de forma de poder efectuar los análisis de costo-beneficio.
El programa del BID tuvo como componentes el apoyo a proyectos de digitalización de trámites con fondos concursables y otros 10 considerados estratégicos, así como el fortalecimiento institucional de la Agesic. Se trata de la solicitud de la Tarjeta Uruguay, de la Tarjeta Joven, de partidas y cédulas de identidad exoneradas, de becas del Ministerio de Educación; trámites para el asesoramiento en la intermediación laboral; asistencia en los programas de apoyo alimentario; afiliación a los servicios de salud; inscripción en el programa Uruguay Trabaja; la agenda web para adopciones, y el carné laboral del adolescente.
En lo que refiere a la apropiación de los ciudadanos de las soluciones de gestiones en línea, el BID citó una encuesta encargada por la Agesic según la cual si bien el canal preferente para informarse sobre un trámite continúa siendo el acceso directo a la oficina pública correspondiente, ello disminuyó de 58% en 2013 a 43% en 2016. Asimismo, el 27% de los encuestados en ese último año elegía informarse previamente por Internet (frente a 17% que decía eso tres años antes).
El banco resaltó que el índice de servicios públicos en línea de Uruguay que elabora Naciones Unidas mejoró durante el programa: pasó de 0,4794 en 2011 a 0,7754.
