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    Diputada colorada impulsa un proyecto de ley para promover la “convivencia sin violencia” en instituciones públicas y privadas

    Uruguay ocupa el puesto número 14 en el mundo entre los países que registran más casos de bullying, una práctica con la que se conoce comúnmente al acoso sostenido hacia un individuo.

    En concreto, hoy tres de cada 10 niños, niñas y adolescentes en el país sufren este tipo de maltrato, pero solamente dos de cada 10 se animan a denunciarlo. Paralelamente, el último informe oficial señala que en 2020 el suicidio adolescente en Uruguay aumentó 45% respecto al año anterior, al tiempo que el 19% de los casos se dieron como consecuencia del bullying que sufrían las víctimas.

    Los datos fueron informados por la diputada colorada Nibia Reisch el 1º de diciembre durante una exposición en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento y buscaron enmarcar un proyecto de ley impulsado por esa representante relativo a prevenir y erradicar la violencia y el acoso entre la población más joven del país.

    La iniciativa legal había sido presentada por Reisch en el período pasado junto con la bancada femenina del Partido Colorado, pero no logró grandes avances. Por tal motivo, la intención de la diputada es que su proyecto sea “un disparador para buscar algún tipo de solución a esta problemática”, que “ha venido avanzando en la frecuencia y en la cantidad de casos”.

    “Desde el Parlamento tenemos que establecer alguna acción y alguna herramienta para poder revertir esta situación”, agregó Reisch, según consta en la versión taquigráfica de la sesión a la que accedió Búsqueda.

    Según la diputada, el objetivo del proyecto será promover una convivencia sin violencia entre niños, niñas y adolescentes, algo que entiende “fundamental que sea aplicado tanto en instituciones públicas como privadas”. En esa línea, explicó que uno de los artículos principales del proyecto propone que en todas las instituciones a las que asistan menores —ya sean educativas, deportivas o sociales— “exista un encargado de buena convivencia que desarrolle un plan de buena convivencia”.

    Esto se debe, añadió, a la experiencia registrada en una institución tiempo atrás (particularmente, un club de baby fútbol), donde tras detectarse una situación de bullying hacia un niño de ocho años con sobrepeso la organización implementó con éxito esta metodología de trabajo y logró frenar el maltrato.

    “Sabemos que las autoridades de la educación están trabajando, pero falta el aporte del Parlamento”, cuestionó Reisch. Por eso, la diputada propuso conformar una mesa o taller de cara al próximo año que permita darle visibilidad al tema, donde además se reciba a diversos especialistas para que aporten sus conocimientos sobre la problemática, como la organización Pulseras Azules o la psicóloga Silvana Giachero.

    “Es muy preocupante que nuestro país ocupe los primeros lugares en el mundo y que este no sea un tema visible”, lamentó la diputada. Afirmó que todas las semanas numerosas familias se comunican con la bancada para plantear diferentes situaciones de acoso, luego de no encontrar respuesta en los propios centros educativos.

    “Las autoridades siempre encuentran una excusa de por qué el otro niño ejerce ese acoso: que los padres están separados o que un integrante de su familia tiene un problema de salud. Entonces realmente las familias se ven abatidas”, dijo Reisch.

    Sin respuestas

    Consultada por Búsqueda, la diputada señaló que el bullying es un tema al que “no se le ha dado el abordaje necesario” a pesar de los datos alarmantes detectados desde 2012. En esa línea, dijo que ese año una encuesta mundial de salud estudiantil informó que el 33% de los jóvenes de entre 13 y 15 años que asistían a 50 centros educativos públicos y privados de Uruguay sufrían bullying por parte de sus compañeros, mientras que 17% presentaba síntomas de depresión y 10% había pensado en quitarse la vida. La situación empeoró incluso en los años siguientes y mostró que era una problemática que afectaba a todos los niveles socioeconómicos, explicó Reisch.

    Si bien la diputada colorada destacó algunos antecedentes parlamentarios vinculados a esta temática —como la Ley N° 19.098 aprobada en 2013 referida al bullying en los centros educativos—, señaló que no fue reglamentada y estaba dirigida a un tipo específico de institución. En ese sentido, aseguró que su proyecto “es más abarcativo” y refiere a organizaciones de toda índole que nucleen niños y jóvenes.

    La iniciativa establece la responsabilidad ante el acoso tanto de niños y adolescentes como de los padres, tutores, profesores, educadores y asistentes, los cuales serán los encargados de “propiciar un clima que promueva la buena convivencia”. Asimismo, se describen aquellos casos “especialmente graves” cuando se identifica violencia física y psicológica ejercida por un integrante del establecimiento. Y, al mismo tiempo, propone la elaboración de un registro de casos de acoso detectados en cada institucion, que sería manejado en forma reservada por el director del centro.