Diputada oficialista propone reorganizar programas de atención a la infancia para mejorar eficiencia y asignar recursos según resultados

Lustemberg, hoy diputada independiente dentro del Frente Amplio (fue electa por la lista 711, pero renunció al sector), se reunió por este tema con sus compañeros de bancada, algunos legisladores de la oposición y representantes del Poder Ejecutivo.

Según un trabajo realizado por Maira Colacce, Pilar Manzi y Victoria Tenenbaum para la Cepal y Unicef, el gasto público social en infancia equivale al 5,7% del PBI uruguayo y al 23% del gasto público social. En promedio, el Estado gasta cerca de US$ 3.500 por niño cada año. Sin embargo, la primera infancia (de cero a tres años), es la que recibe menos dinero: unos U$S 1.000.

A fines de 2015, la politóloga Carmen Midaglia presentó un estudio en el que informó que existían al menos 52 programas de primera infancia distribuidos en más de diez organismos públicos. Midaglia advirtió que si bien se crearon ámbitos de coordinación, estos mecanismos no funcionaron y los esfuerzos estatales siguen dispersos.

Lustemberg, que durante la administración de José Mujica dirigió el programa Uruguay Crece Contigo, destinado a la atención de madres y sus hijos en extrema vulnerabilidad, dijo que su propuesta apunta a “ubicar a los niños en el centro, y a las instituciones del Estado en función de las características de ese niño y la familia que tiene”.

Dijo que la población objetivo del programa Uruguay Crece Contigo era de unas 19.000 personas. Para 2016 la meta era alcanzar a 7.300 personas entre niños menores de cuatro años y mujeres embarazadas. Sin embargo, no se llegó a cubrir toda la población, comentó.

Déficit.

“Tenemos un déficit de prestaciones universales para primera infancia, y a su vez en el componente de mayor vulnerabilidad. De la población total de niños menores de cuatro años, unos 184.000, hay 41.000 que están en situación de pobreza (incluida la indigencia). Cuando cruzas los datos registrás que hay 15 mil niños pobres con algún tipo de riesgo sanitario. A eso se suman 4.000 embarazadas con algún factor de riesgo”, advirtió. “Realmente tenemos un problema”.

Lustemberg sostuvo que hay un “déficit de los programas” al momento de “abordar las situaciones de las familias de mayor vulnerabilidad”. A esto se suman otros problemas, como las viviendas inadecuadas, la falta de equipos de salud mental para la atención de la familia, dificultades para la inserción educativa y reinserción laboral de los padres.

En cuanto al efecto que tiene la falta de viviendas adecuadas, la diputada lo explicó de manera gráfica: “La mortalidad infantil aumenta notoriamente en invierno. Un prematuro que es dado de alta de cualquier maternidad con dos kilos trescientos de peso, y se va a un rancho, tiene altísimas posibilidades de morir”.

En materia de salud, dijo que hay que analizar qué tipo de prestación se está garantizando a los niños de entre cero y seis años. Lo mismo pasa con la educación inicial. También planteó ver el papel del Ministerio de Desarrollo Social, del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) en la atención de esta población.

“Todo esto exige una coordinación. Hay que ver qué marco normativo hay y que pueda colindar con otra norma. Hay que ver qué potestades tiene cada organismo y rever todo”, dijo. Y agregó que hay que “evitar” que en este tema pesen las chacras de cada repartición y admitió que esto “tocará intereses”.

“Con la ley queremos ordenar esto. (…) Tendríamos que ir a un diseño donde se genere una institucionalidad que pueda hacer la evaluación, monitoreo y se encargue de la asignación presupuestal”, dijo.

En Uruguay nacen unos 48.000 niños por año. Con esa cifra, Lustemberg dijo que el Estado puede hacer un seguimiento de cada uno. “Si se pudo tener una trazabilidad del ganado vacuno, se puede saber dónde viven esos 48.000 niños y qué características tiene ese hogar”.

Lustemberg recurre a menudo a un dato de un informe elaborado por el sociólogo Gustavo de Armas en el que plantea que se puede poner fin a la pobreza infantil. En ese documento, De Armas señala que solo una décima parte de las personas que sufren pobreza monetaria forma parte de hogares donde no hay menores de 18 años. Es decir, “se puede afirmar que en Uruguay casi toda la población en situación de pobreza está compuesta por niños y adolescentes, y por los adultos que viven con ellos”, escribió en el documento presentado por Unicef a mediados de octubre pasado.

Lustemberg dijo que ante este problema busca que el proyecto de ley que elabora sea una “construcción colectiva”.