Cristina Lustemberg asumió su banca en la Cámara de Diputados el año pasado con un objetivo central: impulsar un proyecto de ley para mejorar la atención a la primera infancia. La idea prendió rápido en el oficialismo, al punto que la vicepresidenta, Lucía Topolansky, la incluyó en la lista de prioridades legislativas que transmitió al Poder Ejecutivo a comienzos del 2018. Ahora la bancada oficialista comenzará a discutir una propuesta concreta de la ex subsecretaria de Salud que puede despertar rispidez en algunos sectores del gobierno, ya que prevé dar un rol central al Ministerio de Economía (MEF) en esa política pública.
Lustemberg fundamenta parte de su propuesta en una premisa planteada en el 2000 por el estadounidense James Heckman: por cada dólar que se invierte en un niño, habrá un retorno a la sociedad mayor, porque se registrará menos conflictividad, una alta tasa de inserción educativa y mejores empleos.
El proyecto de ley que la diputada entregó esta semana a la bancada oficialista busca dar “garantías para el desarrollo, atención, educación y protección integral de la primera infancia”, los niños entre cero y seis años. Para lograrlo, Lustemberg considera necesario ordenar el gasto en este sector de la sociedad y plantea tiempos perentorios para resolver situaciones de emergencia.
Por eso Lustemberg, que fue directora del programa Uruguay Crece Contigo (una iniciativa destinada a la atención de mujeres embarazadas y niños menores de cuatro años), propuso en su proyecto dar un papel más importante al MEF. En particular, el articulado sugiere crear una unidad dentro del ministerio que se encargue de la coordinación, evaluación y monitoreo de las políticas destinadas a la infancia y coordine con distintos sectores.
Lustemberg fundamenta parte de su propuesta en una premisa planteada en el 2000 por el estadounidense James Heckman: por cada dólar que se invierte en un niño, habrá un retorno a la sociedad mayor.
Cada “sectorial”, organismos como el Mides (Ministerio de Desarrollo Social), INAU (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay), Anep, Salud Pública y Vivienda, será el encargado de ejecutar las políticas y el gasto. Pero desde Economía la unidad realizará una planificación con los organismos, analizará lo que se presupuestó, y monitoreará lo que se gasta. Al final realizará una evaluación de lo ejecutado y cómo impactó el programa.
“No se crea una nueva institucionalidad”, aclaró a Búsqueda la legisladora. El objetivo, dijo, es “ordenar lo que se gasta” y que a partir de la evaluación que se haga de la gestión se podrá ver dónde hay “baches” que cubrir. “Buscamos un salto cualitativo respecto hacia dónde ir con estas políticas. Esta ley entra en una segunda etapa de reformas de las políticas públicas”, afirmó.
Atención de emergencia
En la propuesta, Lustemberg planteó que las atenciones de vulnerabilidad y emergencia en las que estén involucrados niños deben ser atendidas con rapidez. El documento dice que el Estado “garantizará la atención transitoria de situaciones que, teniendo prestación asignada a la dependencia sectorial correspondiente, no estén siendo debidamente cubiertas”.
El Estado deberá, en un plazo no mayor a 60 días, buscar la forma en la que se atenderá la situación. En el caso de situaciones de emergencia, se hace referencia a cuando está en riesgo de vida el niño o niña.
“La ley apunta a poder consolidar un sistema con información en tiempo real, que pueda atender de manera proactiva y preventiva la atención de los derechos de los niños y niñas”, dijo Lustemberg.
La legisladora dijo que hoy se puede elaborar este proyecto porque hubo un “avance muy importante en cantidad de programas, políticas y en el aumento del gasto público”.
Una investigación presentada el año pasado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y Unicef estableció que el Gasto Público Social en Infancia en Uruguay equivalía al 5,7% del PIB en 2013. En promedio, el Estado gasta cerca de US$ 3.500 por año en cada niño.
Lustemberg espera que la ley esté aprobada antes de que comience a discutirse un nuevo Presupuesto Nacional (en 2020). “Con esta unidad se van a poder meter con todas las áreas del Presupuesto para hacer un mejor diseño, ver dónde tenés los huecos para fortalecer, dónde tenés debilidades”, explicó.
Una investigación presentada el año pasado por la Cepal y Unicef estableció que el Gasto Público Social en Infancia en Uruguay equivalía al 5,7% del PIB en 2013. En promedio, el Estado gasta cerca de US$ 3.500 por año en cada niño.
Agregó que a partir de ese trabajo seguramente habrá que “rever” programas que atienden a familias y niños de cero a seis años. Al respecto mencionó las transferencias monetarias, el alcance de las licencias parentarias, los programas de cercanías, el acceso a viviendas.
La vivienda es uno de los grandes problemas que tienen hoy las familias en peor situación. Explicó que hay niños que reciben extremados cuidados en salud pública y luego deben volver a sus casas, donde viven en muy malas condiciones y puede existir hasta un riesgo de vida.
Lustemberg presentó en la interna del Frente Amplio una serie de datos que muestran los principales problemas por los que atraviesa la primera infancia: uno de cada cinco niños vive bajo la línea de pobreza; solo uno de cada tres asiste a un centro educativo de educación inicial; uno de cada cinco presenta algún tipo de alteración en el desarrollo psicomotor; 9,5% de los niños menores de dos años presentan sobrepeso u obesidad; 5% de los menores de cuatro años tiene retraso en la talla.
La diputada sostuvo que es necesario invertir en políticas destinadas a la primera infancia para cambiar esta situación y también porque tendrá “resultados visibles” a corto, mediano y largo plazo. “Es una estrategia segura para inhibir la reproducción de la pobreza y revertir la inequidad social”, dijo.
Uno de cada cinco niños vive bajo la línea de pobreza; solo uno de cada tres asiste a un centro educativo de educación inicial; uno de cada cinco presenta algún tipo de alteración en el desarrollo psicomotor; 9,5% de los niños menores de dos años presentan sobrepeso u obesidad; 5% de los menores de cuatro años tiene retraso en la talla.
El objetivo de la ley es la “regulación, reordenamiento, sistematización y reglamentación de las políticas públicas y acciones del Estado orientadas a la primera infancia, busca optimizar su ejecución en términos de gestión y de presupuesto, asegurando los resultados e impactos esperados, mediante una adecuada coordinación, planificación, seguimiento, evaluación, monitoreo y adecuación constante”.
Esta tarea se realizará en tres etapas, se dice en el proyecto. La idea es generar el presupuesto “por problema asociado a primera infancia, donde constarán los montos, ubicaciones y destinos de los fondos”. En cada fase se realizará una evaluación y monitoreo para realizar luego los ajustes necesarios.
El proyecto plantea que el Estado adopte medidas para reducir la mortalidad infantil, asegurar la prestación de la asistencia médica, garantizar el acceso a la educación, entre otras medidas. “Ello incluye, en primer término —según el documento— , el derecho a vivir en una vivienda digna”.
