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El diputado nacionalista Pablo Abdala lidera la comisión investigadora en la Cámara de Representantes que busca arrojar luz sobre qué sucedió en la fallida planta regasificadora. En la superficie está la caída del contrato con el consorcio GNLS —integrada por la francesa GDF Suez y la japonesa Marubeni— en 2015, cuando estalló el escándalo de corrupción en la constructora brasileña OAS, que era quien debía llevar adelante la obra. Pero para el legislador, empiezan a aparecer pruebas de un “favoritismo” con OAS por vínculos políticos.
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La mayor sospecha que derivó en la instalación de la investigadora venía de la Justicia brasileña. El empresario Benedito Rodríguez de Olivera, conocido como Bené, denunció en una delación premiada que OAS había hecho llegar US$ 1 millón a la “Casa Civil” uruguaya —algo equivalente a la Secretaría de Presidencia— para que la obra de la regasificadora le fuera adjudicada. En esa declaración se centró el debate en la Cámara de Representantes cuando se votó instalar la investigadora.
En las últimas semanas surgió información desde Brasil que golpea la estrategia de la oposición uruguaya. Sin embargo, Abdala prefiere mirarlo desde la mitad llena del vaso. Para el legislador es “una prueba más” que la Justicia brasileña considere “plausibles y fidedignos”, aunque no haya encontrado las pruebas que lo confirmen.
El 11 de mayo de 2016 el empresario Bené relató una decena de situaciones que involucraban el presunto pago de coimas, y entre ellas apareció la mención a Uruguay. Bené dijo que entre fines de 2012 y principios de 2013 Eduardo Serrano, entonces jefe de gabinete del gobernador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, contactó a un colaborador e informó que la empresa OAS iba a ayudar en la campaña electoral de Pimental en 2014. A cambio, Serrano les pidió que Pimentel interviniera para que la empresa resultara adjudicada en la construcción de un gasoducto en Uruguay.
“Fernando Pimentel tenía contactos con el entonces jefe de la Casa Civil del presidente (José) Mujica, lo que viabilizó la contratación de OAS para dicho gasoducto”, declaró. La contraparte uruguaya recibiría US$ 1 millón por favorecer a la empresa, según relató el empresario. Además, Bené contó que el colaborador de OAS sería Jorge Fontes y un ejecutivo de la empresa de apellido Machado, que Pimentel encomendó el pago de las coimas a su funcionario Otilio Prado y que la operación se realizara en la dirección de la empresa MOP —consultoría a nombre de Prado—. Pero no mencionó ningún nombre vinculado a la Presidencia uruguaya.
La Justicia brasileña concluyó que “el esfuerzo que se realizó en la investigación (pedidos de captura, audiencias, análisis de material incautado), no produjo un contenido que coincida con las declaraciones de Bené”. El documento agrega que “esto no significa que los hechos relatados no ocurrieran, sino que el Estado no consiguió documentar por medio de otros elementos objetivos la mencionada entrega de dinero”.
Abdala dijo a Búsqueda que para la investigación parlamentaria “es información relevante y más a la luz de otros hechos en que la comisión ha profundizado”, con los que “este informe calza perfectamente”. Para el diputado blanco, tanto en la adjudicación de la obra principal como en la de conexión del gasoducto el gobierno escogió la constructora brasileña “sin la objetividad” que debió tener.
“Que el sistema judicial brasileño no descarte la ocurrencia de hechos que afectan o involucran al presidente de la República, en la medida en que no se descarta que pueda haberse hecho una gestión de esta característica, es algo sobre lo que no se debe desestimar su importancia y confirma el acierto de haber avanzado en una comisión investigadora”, dijo el legislador.
Abdala aseguró que está probado ya que la adjudicación de la obra del gasoducto fue sin exigirle a OAS las pruebas de que era capaz de realizarla. Además, señaló que fue adjudicada por Gas Sayago sin que fuera evaluado por los directorios de las empresas propietarias UTE y Ancap.
Y otro de los hechos que considera Abdala es la declaración del presidente de la Cámara de la Construcción uruguaya, Ignacio Otegui, en la investigadora. Cuando acudió en abril de 2016 relató que a fines de 2013 fue invitado a un selecto desayuno en el Hotel Carrasco, organizado por OAS, donde el orador fue el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Y el único tema que se conversó fue el proyecto de la regasificadora.
La comisión tiene un plazo de funcionamiento fijado hasta marzo, aunque puede extenderse si lo consideran necesario. En opinión de Abdala, lo que surgió hasta el momento —que será plasmado en los informes finales— es suficiente para presentarlo ante la Justicia penal para que investigue si hubo delitos.
