Diputado colorado propone modificar ley sobre aborto para terminar con el “tribunal de inquisición” al que se somete a las mujeres

El proyecto de ley modifica el artículo tercero de la ley 18.987 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que establece que la mujer deberá poner en conocimiento del médico las “circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción, situaciones de penuria económica, sociales o familiares o etarias que a su criterio le impiden continuar con el embarazo en curso”.

También propone modificar el artículo cuarto y eliminar el inciso en el que se indica que los profesionales de la salud deberán “cumplir con el protocolo de actuación de los grupos interdisciplinarios” dispuestos por el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Por último, la propuesta elimina el artículo 13, que establece que “solo podrán ampararse” en la ley las “ciudadanas uruguayas naturales o legales o las extranjeras que acrediten fehacientemente su residencia habitual” en el país durante un período “no inferior a un año”.

En la exposición de motivos, el legislador colorado afirma que “si bien la ley significó un gran avance, el resultado final, luego del filtro de complejas negociaciones políticas, terminó colocando barreras, condiciones y exigencias que ni el propio Sistema Nacional Integrado de Salud puede al día de hoy cumplir con celeridad y eficacia. Ha sobrevivido en el espíritu de la ley, la tendencia moral de particulares, que desaprobamos rotundamente por continuar con el estigma, y la condena social a las mujeres que en su legítima libertad ejercen sus derechos”.

Amado sostiene que el “proceso vigente al cual se expone a la mujer supone un martirio y desgaste que termina expulsándola —en parte— del sistema legal al sistema clandestino, pues no soluciona su problema sino que lo empeora aún más sometiéndola a un listado de condiciones y exigencias que la pone contra un paredón, culpabilizándola”.

Legalizar la interrupción del embarazo fue un tema polémico. Durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti (1985-1990), legisladores del Partido Colorado presentaron sin éxito una iniciativa sobre el aborto. En el primer gobierno de izquierda, la iniciativa fue aprobada en el Parlamento, pero fue vetada por el presidente Tabaré Vázquez por “razones de constitucionalidad y conveniencia”.

Durante el gobierno de José Mujica se insistió con la iniciativa y en octubre de 2012 el Parlamento volvió a sancionar un proyecto de “interrupción voluntaria del embarazo”.

El texto fue aprobado en el Senado, pero fue necesario hacerle cambios importantes en Diputados para alcanzar la mayoría necesaria. Es que la izquierda no tenía todos los votos y tenía que conseguir el respaldo del diputado del Partido Independiente Iván Posada.

Amado no acompañó el proyecto porque fue declarado asunto político por la bancada colorada de Vamos Uruguay, y salió de sala en el momento de la votación. El legislador recordó a Búsqueda que como parte de esos acuerdos entre el oficialismo e integrantes de la oposición para llegar al número necesario de votos es que se hicieron determinadas “concesiones” que ahora propone modificar.

“Hay que cambiar la ley para volver a la esencia inicial. Hoy hay otra mayoría, yo estoy libre de la disciplina sectorial”, afirmó. “Si el Frente Amplio es fiel a la esencia de lo que presentó y le importa la realidad de lo que pasa hoy, tiene que tratar medidas de este tipo” agregó. Para el legislador colorado el oficialismo “no se puede quedar con el titular que diga que se aprobó una ley sobre interrupción del embarazo y nada más”.

Barreras.

En marzo del año pasado, el MSP informó sobre la cantidad de abortos practicados. Según los datos oficiales, en 2014 se registraron 8.500 abortos mientras que en 2013 hubo 6.700 casos.

Varias organizaciones han criticado las “barreras” que impone la ley y reclaman cambios. A comienzos de marzo, Amnistía Internacional señaló trabas desde el sistema de salud para aplicar la norma y cuestionó la “objeción de conciencia” que pueden plantear los médicos para no practicar un aborto. La organización denunció que hay demoras en la atención de las mujeres que quieren interrumpir el embarazo y si se pasan de las 12 semanas, que es el límite establecido en la ley, terminan recurriendo a “circuitos ilegales”.

La organización Mujer y Salud en Uruguay (Mysu) también criticó en un informe elaborado en 2015 las “barreras y obstáculos para el acceso” al sistema. Mysu denunció que falta difusión sobre este tipo de servicios por parte de las prestadoras de salud y que hay demoras en la atención que llevan a que superen los plazos establecidos en la norma.

El martes 15, la organización “Mujeres en el horno” presentó un informe sobre las características de las mujeres que se comunican para recibir información. Según los datos, un 17,2% de quienes llamaron a la organización informaron que debieron ir al mercado clandestino debido a que se pasaron los plazos dentro del sistema de salud formal. Además relataron que cuando fueron al médico se sintieron “juzgadas e interpeladas” por su decisión, negándose en algunos casos la atención necesaria.

Según informó ayer miércoles “El Observador”, el MSP realizará cambios enfocados en acelerar los tiempos, y pretende que el equipo interdisciplinario que atiende a las mujeres lo haga en conjunto en una única consulta y no por separado.