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En los últimos días la seguridad volvió a instalarse en la agenda. El presidente Tabaré Vázquez se reunirá el martes 12 con la oposición para acordar una “política de Estado” sobre seguridad, el senador nacionalista Luis Lacalle Pou volvió a insistir en que renuncie el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, mientras que sus colegas, el blanco Jorge Larrañaga, el independiente Pablo Mieres y el colorado Pedro Bordaberry, hicieron propuestas para atacar la problemática. Y cientos de manifestantes, entre ellos familiares de víctimas, marcharon a la Torre Ejecutiva el martes 5 con la consigna “Ni uno más” en reclamo de penas más severas a los delincuentes y mayor presencia policial en las calles.
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Ante esto, el gobierno prepara una serie de medidas para combatir la inseguridad. El gabinete de Vázquez las discutirá el próximo lunes 11 e incluyen cambiar las salidas transitorias para facilitar el uso de tobilleras electrónicas para los delincuentes primarios, prohibir la libertad anticipada a los reincidentes y modificar el delito de lavado de activos para que robos por sumas de dinero importantes sean considerados un delito precedente, según fuentes del Poder Ejecutivo. Luego los proyectos serán presentados ante diputados y senadores oficialistas entre martes y jueves para su discusión. Las autoridades del Ministerio del Interior sostuvieron que no se trata de aumentar las penas, sino de que “las personas que reincidan o reiteren su mala conducta no puedan salir en libertad antes de lo establecido en el Código Penal”, precisó uno de los consultados.
En el Frente Amplio el debate sobre seguridad incomoda a algunos sectores. Uno de los candidatos a la presidencia de la fuerza oficialista, el diputado Alejandro Sánchez (MPP), dijo el miércoles 30 en un acto que se debe “trabajar fuertemente para que no se criminalice a los jóvenes” y que “no se tenga que renunciar a la libertad para sentirse más seguros”.
Desde la oposición repiten el reclamo de “mano dura” con la delincuencia. A ese planteo se sumó esta semana una voz oficialista, ya que es el diputado Gonzalo Mujica, del sector Asamblea Uruguay, quien pide “más represión” y que actúe el Ejército como apoyo para la Policía.
Mujica sabe que su propuesta no cae bien dentro del Frente Amplio, pero aun así insiste en que la Policía abandone lo que él llama “vigilancia pasiva” y salga “de forma activa” a buscar a los delincuentes para “reprimirlos” antes de que cometan los delitos.
En diálogo con Búsqueda el legislador explicó que la delincuencia uruguaya es profesional, incluso la de robos menores, porque “no caen en el delito por hambre, sino que han elegido el delito como modo de vida”. Y añadió: “Su opción es delinquir o trabajar, no delinquir o morirse de hambre”.
Y esto lo lleva a pedir un “accionar policial represivo”, porque “si se reprime a un delincuente se está evitando todos los delitos que piensa cometer en el futuro”. “¿Alguien cree que si prevenimos que un ladrón entre a una casa, va a pensar la posibilidad de dejar de robar? Va a ver en qué otra casa puede entrar”, dijo el diputado.
Mujica descartó el argumento de que los ladrones son “hijos de la crisis”. Si esa fuera la causa, según el diputado, el crecimiento económico del país en los últimos diez años debió acompañarse de una caída en los delitos y no ocurrió.
Los homicidios van en aumento año tras año. En 2015 el Ministerio del Interior registró 289 homicidios, un 7,8% más que en 2014 cuando fueron 268. El observatorio de Fundación Propuestas, afín al sector colorado Vamos Uruguay, denunció en su último informe que en 2015 hubo 293 homicidios, la mayor cifra registrada desde 1980.
Ejército.
Su planteo no se queda solo en pedir más represión, sino que tiene un bosquejo elaborado de cómo podría funcionar un Sistema Nacional de Seguridad en el que no trabajaría solo la Policía. En su esquema entran el Ejército y las empresas de seguridad privada.
Si bien reconoció que las Fuerzas Armadas “no están preparadas” para tareas policiales, eso “no implica que no puedan realizar tareas de apoyo”. Y entre ellas está la custodia de las embajadas, continuar con las custodias fuera de las cárceles, dar una mano en el interior para enfrentar la lucha contra el abigeato, instalar puntos de control carreteros, en tareas de inteligencia contra el delito organizado y dar respaldo en los operativos de saturación que hace la Policía.
Mujica incluiría a las empresas de seguridad privada como parte del sistema. “Fundamentalmente brindan seguridad domiciliaria” que contrata cada cliente, pero “se da un uso irracional” porque “al estar liberado a las fuerzas del mercado hay barrios, sobre todo cercanos a la costa, con cuatro o cinco empresas disputándose unas pocas casas y otros barrios más alejados sin ninguna”.
Esta desigualdad del servicio la ve como un problema, pero la existencia de las empresas lo ve como otro punto de apoyo para la Policía porque permitiría aliviar la carga de efectivos dedicados a la seguridad en los hogares. “Si el Ministerio del Interior las incorpora, les da una repartición territorial y les paga una contrapartida por su servicio vamos a lograr que los hogares tengan seguridad privada y la Policía esté más liberada para centrarse en lugares públicos”, dijo.
“La Policía debería tener una obsesión por liberar los lugares públicos, porque cuando se instalan en una plaza o se instalan en las veredas hay problemas para circular y hasta de higiene”, agregó.
Bonomi.
El martes Lacalle Pou volvió a pedir la renuncia de Bonomi. En diálogo con la prensa dijo que los uruguayos “están clamando por cambios” y que “es una lástima que no lo saquen”. “La gente tiene claro que fracasó”, agregó.
Pese a coincidir en la necesidad de un nuevo accionar en la Policía, Mujica respaldó a Bonomi porque “es el mejor ministro que puede tener el Frente Amplio” y considera un error colocarlo como el centro del debate.
Ayer miércoles Larrañaga presentó una batería de medidas para mejorar la seguridad. Se trata de diez proyectos de ley que en general tienden a aumentar la presencia policial y agravar determinadas penas. En las normativas proyectadas, Larrañaga propone que los delitos sean excarcelables y que sea agravante cuando se utiliza el hogar para la venta de estupefacientes.
Hay varios capítulos destinados al agravamiento de penas. Por ejemplo, cuando haya encubrimiento o complicidad si se trata de delitos como tráfico, rapiña o receptación. Sobre las penas de menores, proyecta aumentarlas “al máximo”, eliminar la semilibertad y establecer un mínimo de 12 meses a 2 años por infracciones gravísimas. Además se mantienen los antecedentes a quienes cometan “infracciones gravísimas”.
