Director del BROU es vicepresidente de una compañía que demanda al Estado por US$ 50 millones e incumple decisión del gobierno

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Nº 2108 - 28 de Enero al 3 de Febrero de 2021

escribe Guillermo Draper

El hecho de haber asumido un lugar en el Directorio del Banco República (BROU) no impidió que el contador Pablo Sitjar continúe su actividad en el directorio de varias sociedades anónimas, aun cuando mantengan litigios con el Estado.

Sitjar es vicepresidente de Vidaplan S.A., titular de la explotación del Casino Nogaró en Punta del Este, que en mayo del 2020 demandó a la Dirección General de Casinos (DGC) por US$ 50 millones y desde agosto está enfrentada con el Poder Ejecutivo porque se opone a reabrir sus puertas, un episodio que derivó en la justicia penal.

El juicio de Vidaplan S.A. con el Estado no es el único que involucra a una sociedad anónima en la que Sitjar ocupa un cargo en el directorio. Búsqueda informó la semana pasada que el empresario, quien integra el BROU a pedido de Cabildo Abierto, está embargado desde 2018 por una deuda con la Dirección General Impositiva generada por una empresa de la que es director.

Mano propia

Las salas de juego permanecían cerradas desde marzo producto de la emergencia sanitaria decretada por la pandemia, hasta que en agosto la DGC ordenó su reapertura. Pero el directorio de Vidaplan S.A., integrado por Piero Taliento (director), Nicola D’Occhio (presidente) y Pablo Sitjar (vicepresidente), decidió no cumplir con la resolución del gobierno.

El director Taliento comunicó a los empleados la resolución del directorio de que el Nogaró no iba a abrir sus puertas y dispuso que no ingresaran sus empleados ni los funcionarios de Casinos. El Nogaró era una sala de explotación mixta entre la empresa y el Estado.

Como sus trabajadores no podían entrar, Casinos presentó una denuncia penal por el delito de “justicia por mano propia”. La fiscal Ana Roses pidió la formalización del director de Vidaplan S.A. al comprobar que “mediante la presencia permanente de guardias de seguridad en la puerta de ingreso se les impidió a los funcionarios de la DGC el ingreso”.

De acuerdo con la fiscal, la decisión fue adoptada por el directorio de Vidaplan S.A., lo que incluye a Sitjar, aunque solo pidió formalizar Taliento. La empresa “contaba con vías judiciales y administrativas” para resistir la resolución, por lo que debió “esperar el resultado de dichas acciones y no pretender actuar en sustitución de la justicia a fin de llegar al fin deseado”, dijo.

Tras el pedido de formalización, en octubre del año pasado, la empresa declaró a El País que la decisión de no reabrir las salas respondió a que su situación económica era complicada. Cuestionó el accionar de la DGC, porque “la única respuesta que se obtuvo fue una denuncia penal contra Vidaplan S.A. aduciendo que esta hizo justicia por mano propia”. Sostuvo además que era falso que se hubiese impedido el ingreso.

El gobierno mantiene su versión de que Vidaplan S.A. no permitió que entraran sus funcionarios.

“La única sala que no abrió sus puertas fue la del Casino del Estado Nogaró (el cual es explotado en el régimen denominado ‘sistema mixto’), por una decisión unilateral del arrendador Vidaplan S.A, quien impidió el acceso a las instalaciones del mismo a los funcionarios de la Dirección General de Casinos”, dice el decreto firmado el 30 de noviembre por el presidente Luis Lacalle Pou y la ministra de Economía, Azucena Arbeleche.

El decreto autoriza el pago de una compensación económica a los trabajadores de Casinos que no pudieron entrar en el Nogaró.

Demanda y venia

El enfrentamiento de fondo entre Vidaplan S.A. y el Estado uruguayo es de larga data. La empresa comenzó a hacerse cargo del Casino Nogaró a partir del 2010, aunque ya explotaba el hotel Mantra desde antes.

Vidaplan S.A. presentó el año pasado una demanda contra el Estado mediante la que reclama US$ 50 millones, informó El País.

Fuentes de Casinos dijeron a Búsqueda que la demanda es “por discutir la naturaleza del contrato y por competencia desleal” y que el Estado ya la contestó. Además, las autoridades descartaron que se vaya a negociar una “solución extrajudicial” con la empresa.

Vidaplan S.A. presentó la demanda el 25 de mayo del año pasado, cuando Sijtar era su vicepresidente y también director del BROU.

De acuerdo con información de la Dirección General de Registros, solicitada por Búsqueda el 15 de enero, Sitjar es vicepresidente de Vidaplan S.A. desde el 1º de enero del 2020. Había sido su director entre 2015 y 2018, cuando pasó a ser vocal por casi dos años.

A su vez, el Senado aprobó el 1º de abril del 2020 la venia de Sitjar para integrar el directorio del BROU, cargo que asumió dos días después.

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Información Nacional
2021-01-27T20:09:00