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Luego de la reforma que procesó el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) durante este período de gobierno —que implicó una reestructura organizativa y la ampliación de sus cometidos—, algunas de sus autoridades pretenden promover nuevos cambios.
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Los planteos fueron realizados el martes 6, en un seminario sobre formación profesional en el marco de la 44ª Reunión de la Comisión Técnica de la Organización Internacional del Trabajo, efectuada en el Hotel Radisson Montevideo.
Por un lado, el director ejecutivo del Inefop y director Nacional de Empleo, Eduardo Pereyra, señaló entre los principales “desafíos” la formación de los empleados públicos, no solo de los entes sino también de la administración central.
Se refirió a la necesidad de definir un plan estratégico en ese sentido que persiga la capacitación continua de los trabajadores del Estado. “Seguramente, requiera arreglos jurídicos”, apuntó.
El jerarca dijo a Búsqueda que esa idea fue discutida en alguna oportunidad en el Consejo Directivo del Inefop. Señaló que, para llevarla adelante, se debería modificar la ley y prever que los funcionarios públicos pasen a aportar al Fondo de Reconversión Laboral (FRL), que administra el instituto. Actualmente, solo aportan trabajadores y empleadores del sector privado.
“Es recurrente, de parte de las intendencias, por ejemplo, el interés por acceder a las capacitaciones que brinda el instituto”, dijo Pereyra.
Hoy, el Inefop —una persona pública de Derecho Privado— solo ofrece cursos de formación a trabajadores en actividad o desempleados del sector privado.
Por otra parte, uno de los representantes empresariales en el Inefop y asesor jurídico de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, Juan Mailhos, habló en el seminario sobre la necesidad de una “nueva generación de cambios” en la entidad, creada en 2008 como sucesora de la Junta Nacional de Empleo. Sin embargo, su planteo no fue en la misma dirección que Pereyra. Para Mailhos, la “autonomía de gestión” debiera ser uno de los principales “postulados” de esa “futura reforma”.
Consideró que de acuerdo con cómo se conforman las mayorías en el Consejo Directivo del instituto, “se corren muchos riesgos” y es “muy difícil que los fondos se destinen libremente a lo que quieren empresarios y trabajadores”.
Recordó que el Estado debe más de US$ 40 millones en aportes al FRL, pero igualmente interviene en las decisiones sobre la ejecución de los fondos de manera relevante, conformando las mayorías en el Consejo Directivo de ocho miembros (tres por el Poder Ejecutivo, dos en representación de los empleadores, dos de los trabajadores y uno de la economía social). Para él, esa integración “parecería demasiado grande a lo que debería ser una administración eficiente del FRL”.
“Apostamos al diálogo social institucionalizado que se desarrolla (en el Inefop), pero entendemos que estamos en una encrucijada que exigirá reformulaciones para hacerlo más amplio, eficaz y para que cumpla con los objetivos reales para los que fue creado”, afirmó Mailhos.
