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Días atrás, el directorio de OSE aprobó por mayoría el llamado a licitación para comenzar la obra de la planta de Arazatí, en el departamento de San José, por el denominado proyecto Neptuno. Tras una larga sesión celebrada el pasado 24 de febrero, la empresa estatal adoptó una resolución que incorpora diversas modificaciones vinculadas a las características de la iniciativa que causaban discrepancias entre sus autoridades, como la capacidad de producción, las dimensiones del reservorio de agua dulce (polder) y la propiedad de la infraestructura.
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Este último punto era uno de los más álgidos en la discusiones entre jerarcas oficialistas y opositores. El director por el Frente Amplio, Edgardo Ortuño, dijo a Búsqueda que en los pliegos de la licitación pública no estaba especificado qué pasaría con las instalaciones luego del período de 20 años en que estarán a cargo del privado que las construya. En su opinión, no quedaba claro si OSE debería abonar un precio para adquirirlas y por eso creía que existía un “vacío legal” al respecto.
Esta fue una de sus principales objeciones durante la discusión en el Directorio. Según dijo, el contrato establecía que el privado pondría su infraestructura a disponibilidad de OSE para poder brindar el servicio de agua potable, además de ocuparse del mantenimiento y la operación. “Sin embargo, al finalizar el contrato solo se menciona el pasaje del mantenimiento de la infraestructura a OSE, no el de la propiedad. No está especificado qué va a ocurrir, por eso planteamos nuestra preocupación por la falta de claridad en el contrato y disposición alguna sobre la transferencia de la propiedad”, criticó entonces.
En su opinión, el hecho de que la planta se construya en un terreno de OSE no era suficiente para zanjar la discusión sobre su propiedad posterior al período de contrato. “Hay diversos ejemplos que demuestran que hay propiedades privadas en terrenos fiscales. Si lo que justifica la propiedad de OSE es que está construido en tierra de la estatal, ¿por qué pagarle a un privado para poder usarlo o tenerlo disponible?”, cuestionó Ortuño.
A raíz de la discusión, el texto fue modificado. El contrato de servicio del proyecto Arazatí, aprobado con los pliegos de licitación, al que accedió Búsqueda, establece que “a la finalización del plazo contractual y efectivizado el último Pago Por Disponibilidad, ninguna otra suma adeudará OSE al contratista, pasando el mantenimiento de la totalidad de la infraestructura a manos del contratante”.
Consultado, Ortuño dijo que con este cambio las autoridades están apelando al artículo 36 de la ley 18.308 de Ordenamiento Territorial, que introduce la figura del derecho de superficie de suelo, mediante la “que el propietario puede otorgar (un terreno) por un plazo luego del cual retoma el dominio incluyendo las mejoras realizadas”.
Además, indicó que si bien con este agregado “se mejora la redacción”, al incorporar que al finalizar la concesión OSE no adeudará ninguna otra suma al privado, la modificación “es insuficiente” y en el contrato debería establecerse “con claridad el retorno del pleno dominio y propiedad de todo a manos del Estado, luego de los 20 años de contrato”.
En su opinión, no se hace de esa manera porque el contrato “contradice” lo establecido en el artículo 47 de la Constitución, por ceder parte de la operación del servicio a empresas privadas (toma de agua y polder de reserva) y también el derecho de la propiedad de la infraestructura, “sin lo cual no tendría lógica que OSE tenga que pagar para usar algo propio”.
En esa línea, dijo que junto con el sobrecosto de US$ 300 millones que según sus cálculos implicará la gestión privada, “esa falencia y el formato de participación público privada encubierto de todo el contrato, son inconsistencias e inconveniencias graves del proyecto Neptuno Arazati”.
El presidente de OSE, Raúl Montero, dijo a Búsqueda que con esta cláusula se busca establecer “claramente que al final no habrá nada más que pagar”. Incluso, dijo que en un inicio el consorcio planteó que existiera una fórmula de “depreciación rápida que llegara a un valor cero al final del pago”, con el fin de que si hubiera una compra de las instalaciones la misma fuera “simbólica”. “Al final se buscó otra manera de plantearlo”, indicó.
El gerente general de la estatal, Arturo Castagnino, dijo por otro lado que la propiedad de la infraestructura “no es en ningún momento de propiedad del privado, sino que es de OSE y en ningún momento deja de serlo”.
“Como todo comitente, OSE entrega materialmente el inmueble o los terrenos al contratista a efectos de iniciar y ejecutar las obras; no hay transferencia de la posesión, comodato, compromiso u otra forma jurídica. Se trata únicamente de la entrega material”, explicó a Búsqueda.
Castagnino dijo que la administración otorga la tenencia de los terrenos sobre los que se realiza el proyecto, con el fin de que el contratista construya la infraestructura necesaria para prestar el servicio de puesta a disposición de OSE del agua bruta para que la planta de potabilización opere. En esa línea, “el propietario del terreno es propietario de las construcciones hechas en él, como ocurre en la construcción de cualquier edificio”.
“OSE nunca tuvo intención de transferir esa propiedad. OSE no se planteó en ningún momento transferir la propiedad jurídica de ninguna de las partes de la infraestructura que integra el Proyecto Arazatí”, afirmó.