N° 1862 - 14 al 20 de Abril de 2016
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáSi hay un tema que ha dominado la atención y la preocupación de la sociedad uruguaya en los últimos tiempos es el grado extremo de violencia que caracteriza hoy las diferentes modalidades delictivas. Existe la impresión de que el fenómeno se le ha ido de las manos a las autoridades y la población siente que está indefensa.
No importa si eso es así o no. Esa es la impresión que tiene buena parte de la ciudadanía después de décadas de ver crecer y agravar la ola delictiva y de no apreciar una respuesta efectiva por parte de las autoridades. Ver aumentar el grado de irracionalidad de la criminalidad y el progresivo aumento de los “ajustes de cuentas” entre bandas de narcotraficantes que mantienen luchas constantes por el control de sus zonas de influencia. Una pesadilla que no parece tener fin ni control.
El auge delictivo no es un fenómeno nuevo, viene de lejos y ha crecido exponencialmente. No solo en nuestro país. Responde a cambios profundos que ha tenido la sociedad uruguaya en las últimas décadas y que tienen causas sociales, económicas y educacionales que no fueron atendidas a tiempo, con la energía y la racionalidad necesarias.
No es un fenómeno que se inició con los gobiernos del Frente Amplio. Pero, como lo ha reconocido más de una vez el ministro Eduardo Bonomi, fue una “ingenuidad” de la izquierda creer que una vez superados los problemas sociales que daban origen a las conductas delictivas, estas se habrían de superar. Al menos controlar las situaciones más graves que planteaba la creciente criminalidad. Acierta el ministro Bonomi al calificar el enfoque inicial del gobierno del Frente Amplio. Basta recordar el discurso que caracterizó la gestión del Ministerio del Interior durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez.
“Ingenuidad” que pone de manifiesto talenteo e improvisación intelectual.
Enfoque ingenuo basado en pura ideología. No se conoce experiencia en el mundo, en que un país, próspero o no, haya logrado eliminar los comportamientos ilícitos y antisociales.
Se debe, por supuesto, atacar las causas sociales y educacionales, pero las actividades criminales deben ser combatidas y reprimidas con la mayor eficacia posible por los cuerpos de seguridad del Estado debidamente instruidos y controlados por el poder político.
Tarea que debe hacerse para dar seguridad a los ciudadanos, particularmente a los más pobres que siempre son los más indefensos. Pero también porque hacerlo contribuye a lograr una armónica convivencia social.
Después de meses de no responder los cuestionamientos ciudadanos del más diverso origen social y político, el presidente Tabaré Vázquez, cuyo hermano es desde hace seis años uno de los responsables políticos de la gestión cuestionada, acogió esta semana una propuesta del senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, para analizar la situación de inseguridad con delegados de todos los partidos con representación parlamentaria. En la reunión anunció la voluntad de introducir un “cambio de rumbo” en la gestión, aunque sin cambiar al timonel.
Si la reunión del martes 12 fue una concesión a la oposición para calmar a una tribuna inquieta y meter en la bolsa a la oposición en un momento en que su gobierno enfrenta turbulencias económicas y las encuestas registran una caída de su popularidad y pérdida de apoyo al gobierno y al Frente Amplio, eso entra en el ámbito de las especulaciones políticas.
Especulación que se robustece tras el infrecuente y publicitado raid futbolístico al cual el mandatario, conocido por su poca disposición a la exposición pública, se sometió un par de semanas atrás. Y porque cabe sospechar que se aferró al planteo de Mieres para demostrar una buena disposición hacia la oposición, actitud que no caracterizó su gestión sino hasta principios de año cuando tomó cuenta de la pérdida de popularidad.
El tiempo dirá qué resultados tendrá el enunciado “cambio de rumbo” y si el paso dado esta semana es un cambio en el relacionamiento del oficialismo, que durante una década ha ninguneado sistemáticamente a la oposición.
Una relación que se ha tornado áspera, tormentosa, tras el trabajo de la investigadora del Senado sobre la deficitaria gestión de ANCAP y el posterior intercambio de acusaciones y reproches por la atribución del supuesto título de licenciado del vicepresidente Raúl Sendic.
Un tema que, inexplicablemente, tiene pendiente desde hace dos meses el cumplimiento de un acuerdo político para completar la integración del Directorio de Ancap.
El acuerdo incluía la aprobación de las venias para designar como presidenta a la ingeniera química Marta Jara, y como directores por el oficialismo al contador Juan Carlos Herrera y a la ingeniera eléctrica Laura Saldanha, quienes asumieron sus cargos en marzo. Quedaron pendientes de resolución las venias solicitadas para nombrar a Ignacio Berti (frentista) y al economista Diego Labat (nacionalista).
Desde entonces, ambas venias están en una suerte de limbo, al parecer como caprichosa “sanción” que el oficialismo le ha impuesto a la oposición por la dureza de las críticas de blancos y colorados contra Sendic. Olvidan al parecer los frecuentes cuestionamientos morales que siendo oposición dispararon contra algunos gobernantes de los partidos tradicionales.
El incumplimiento del acuerdo alcanzado para Ancap por parte del gobierno ha bloqueado también las venias que el Senado debe dar para que Pablo Cabrera y Natalia Pereyra se integren al Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) como representantes de los trabajadores y los usuarios, respectivamente. Y las de Gabriela Fulco, Eduardo Katz (oficialistas) y Álvaro Viviano (nacionalista) para el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente.
Un “pago”, en reciprocidad, de la oposición por la postergación —incumplimiento— del acuerdo sobre Ancap.
Todas las venias requieren la aprobación por dos tercios del Senado, una mayoría que requiere votos del oficialismo y de la oposición.
Incomprensible tironeo en el que intereses y caprichos políticos recíprocos postergan la integración de las autoridades de los referidos institutos.
En resumen, se trata de juegos políticos que a buena parte del electorado independiente le resultan tan ajenos como incomprensibles.
Un factor más que suma al fenómeno de distanciamiento —e insatisfacción— de muchos ciudadanos en la mayoría de las naciones democráticas respecto de sus gobernantes y políticos.