Varios de los intendentes que resultaron electos el 10 de mayo asumieron sus cargos dos meses después sin tener del todo clara la situación financiera que heredarían. De hecho, algunos aún están a la espera de auditorías que den más luz sobre los números.
Las Rendiciones de Cuentas correspondientes a 2014 que se terminaron de presentar a mediados del año en curso mostraron que 12 de las 19 intendencias tuvieron déficit. Es con ese panorama financiero —y un contexto de desaceleración de la actividad económica que empieza a hacerse sentir en la recaudación— que los nuevos gobiernos están armando los planes presupuestales quinquenales a ser presentados en los primeros días de enero a las Juntas Departamentales.
Diez intendencias cerraron 2014 con números mejores que el año previo —especialmente Montevideo, que registró un superávit de U$S 13,3 millones— y empeoró en las otras nueve.
Considerando los balances de las 19, el resultado conjunto fue negativo en el equivalente a U$S 32,4 millones, calculó Búsqueda. Con los ajustes que, con sus respectivos criterios informan los gobiernos departamentales, el déficit fue mayor, de U$S 45 millones.
En cualquier caso, eso supuso una mejora respecto al desempeño conjunto de las intendencias en 2013, que había sido un rojo cercano a U$S 59 millones.
Ingresos y gastos
Las finanzas de las intendencias se sostienen con fondos propios —básicamente la recaudación de impuestos departamentales como la Contribución Inmobiliaria, la patente de rodados, y las tasas y multas— y también del dinero de Rentas Generales que les pasa el gobierno central. Para varias comunas dichas transferencias son el sustento principal de la caja.
El gasto hecho por los gobiernos departamentales totalizó U$S 1.828 millones en 2014. Luego de Montevideo, se destacan Canelones, Maldonado y Colonia como los que tuvieron mayores erogaciones.
Los ingresos totales de las intendencias fueron U$S 1.796 millones el año pasado.
El aporte de parte del gobierno nacional que requieren los departamentos varía mucho. En Paysandú es el más bajo (2% del total); le siguen Montevideo (11%), Colonia (26%), Maldonado (28%) y Canelones (30%). En contrapartida, dichas transferencias superaron la mitad de su presupuesto e incluso llegaron a 60% en el caso de Treinta y Tres, Río Negro, Lavalleja, Cerro Largo, Durazno y Artigas.
Algunas normas que se comenzaron a aplicar recientemente están generando impactos en las arcas departamentales.
En 2011 se empezó a aplicar, luego de resolverse en el Congreso de Intendentes, el régimen de “patente única” que unificó los montos a pagar por las patentes de rodados. Con eso se puso fin a la histórica “guerra” que generaba competencia entre los departamentos para lograr más ingresos, compitiendo por el empadronamiento de los vehículos al cobrar patentes más bajas.
A su vez, la contribución inmobiliaria rural también tuvo un incremento a partir de una ley del actual gobierno que eliminó una rebaja de 18% que regía desde la administración de Jorge Batlle (2000–2005).
“Pocas ganas”
El director de Descentralización e Inversión Pública de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Pedro Apezteguía, considera que muchos gobiernos departamentales “tienen pocas ganas de cobrar y algunos, también pocos instrumentos”.
“Cuando no les interesa, hay poco que puedan hacer. Los catastros están intocados desde hace 15 años. Si ahora quisieran hacer algo se tienen que poner a trabajar; si dijeran simplemente: ‘aumento la Contribución Inmobiliaria’, harían un desastre. En el período pasado los únicos que lo hicieron fueron Canelones —y buenos líos tuvo— y Rocha en una parte”, dijo el jerarca a Búsqueda.
Planteó que con la patente de rodados se da una situación similar: “Estamos recaudando menos en términos reales, ¡con todo el crecimiento maravilloso que tuvo el parque automotor!”. Según dijo, la salida de la “guerra de las patentes” fue un acuerdo en torno a promedios que “destruyó el tributo”. Explicó que los intendentes “todos los años van y hacen el acuerdo” a partir del cual el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares se encarga de la recaudación, pero “cada año pierden plata. No ajustan el tributo como lo tienen que ajustar, como deberían para recibir recaudación”.
Para Apezteguía, con la Contribución Inmobiliaria rural “es lo mismo”. Y otro problema es la morosidad y las “cosas que no se cobran. Si las intendencias cobran tasas de alumbrado que recaudan menos que lo que vos le pagás a la UTE por alumbrado” los números no cierran, añadió.
La OPP, que canaliza fondos de Rentas Generales para los departamentos, se encuentra discutiendo acuerdos de gestión con el Congreso de Intendentes. “Estamos conversando, pero hasta ahora no logramos avanzar. Es bien difícil conseguir información sustantiva y actualizada”, comentó el jerarca.
A su juicio, todos los jefes comunales “son conscientes de que si no emprolijan la gestión, ya no es tan fácil ganar (en siguientes elecciones). Tienen que mostrar buena gestión y eso es imposible con organizaciones desordenadas”.
Economía “de emergencia”
Ante una situación financiera que considera “grave”, Daniel Martínez, el jefe comunal capitalino, propuso recortes que son resistidos dentro del propio oficialismo (ver Búsqueda Nº 1.843).
La posibilidad de recurrir a fideicomisos o mecanismos similares de endeudamiento están siendo impulsados por varios gobiernos departamentales, en algunos casos sin éxito en las Juntas.
En Colonia, como en otros departamentos, las finanzas son también como un dolor de muelas para el intendente. Está a la espera de informes de auditoría más completos, encargados a una consultora para conocer en profundidad la situación que dejó la administración de Walter Zimmer.
“Vamos a cerrar con un déficit enorme este año” pese a que se recortaron gastos e inversiones, afirmó en Radio Carve el 30 de noviembre Carlos Moreira, el jefe comunal coloniense. Agregó que la Intendencia deberá endeudarse para poder pagar a proveedores. Y habló de una “economía de emergencia” en su departamento.
“Mi responsabilidad es equilibrar las cuentas. No lo vamos a lograr de la noche a la mañana”, reconoció.
Según Moreira, la morosidad de los impuestos departamentales viene aumentando como reflejo de la desaceleración de la actividad económica y descartó aprobar una amnistía porque “son malas señales (...). La base de las economías sanas son el buen pagador”.
