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    Documento vincula al vicepresidente del BCU con una offshore de Damiani

    El jerarca tenía un poder de representación aprobado en 1985 y vigente hasta el año pasado, pero asegura que nunca trabajó para ese estudio ni conocía la existencia de ese papel

    Las alertas saltaron en el bufete panameño Mossack & Fonseca (MF) a mediados del 2015. Mientras tramitaba documentos de una offshore del estudio JP Damiani & Asociados, detectó que esa sociedad tenía entre sus apoderados al vicepresidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Jorge Luis Gamarra. Ese vínculo podía ser un dolor de cabeza si no cumplía con las normas antilavado.

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    La preocupación les duró poco a los funcionarios de MF. Pese a que no obtuvieron la información que necesitaban en ese momento, el poder que Gamarra tenía sobre Administraciones y Mandatos S.A., una offshore cuyo accionista era Damiani y que poseía una cuenta bancaria en Suiza, siguió vigente hasta el 2017, según documentos incluidos en los Panama Papers.

    Consultado por Búsqueda, Gamarra dijo que ese poder fue aprobado a sus espaldas. Incluso, el abogado declaró que nunca tuvo vínculos con el estudio Damiani ni con la sociedad anónima, y que desconocía la existencia de ese documento tramitado en Panamá en 1985.

    “Poder especial”.

    Administraciones y Mandatos S.A. había sido creada en la década de 1960 y décadas más tarde tendría a Juan Pedro Damiani como único accionista. Era usada por el estudio uruguayo, entre otras cosas, para proveer servicios a otros clientes.

    En 2007, un socio de Damiani contactó a MF porque quería que esa offshore tuviera una oficina en el mismo edificio que el bufete panameño. El objetivo, escribió Juan Fernández Methol en un correo fechado en agosto de ese año, era que la sociedad montara “un centro de negocios en Mossak Fonseca, recibiendo la facturación de las distintas jurisdicciones (incluyendo Panamá), para luego sí facturar a los clientes finales”. Ese mail es uno de los millones de documentos del bufete MF filtrados al diario alemán Süddeutsche Zeitung que son la base de la investigación internacional denominada Panama Papers.

    Hay centenares de documentos en los Panama Papers que dan cuenta de que el estudio Damiani usaba a Administraciones y Mandatos S.A. con asiduidad, aunque casi no hay menciones al poder de representación otorgado a Gamarra en 1985.

    Existen, sin embargo, correos electrónicos que muestran que el estudio Damiani estaba al tanto en 2011 de que Gamarra tenía un poder sobre la sociedad.

    En noviembre de ese año, los panameños le informaron al estudio uruguayo cuáles eran los documentos de Administraciones y Mandatos S.A. que guardaban en sus archivos. Adjuntaron en un correo varios PDF con copias de esos papeles; entre ellos estaba el pacto social de la compañía, el acta con el último cambio de directorio y también el poder otorgado a Gamarra.

    Cuatro años más tarde, a fines del 2015, los panameños estaban realizando trámites a pedido del estudio Damiani cuando detectaron que Gamarra tenía un poder de representación de la compañía y era vicepresidente del BCU. Según sus registros, se trataba de un “poder especial” otorgado el 23 de enero de 1985, de duración “permanente” y legalizado en el Consulado de Uruguay en la ciudad de Panamá.

    El hecho de que ocupara ese cargo desde 2010 obligaba a los panameños a realizar un control más estricto sobre los antecedentes de Gamarra por ser una “persona políticamente expuesta”.

    Damiani decidió cortar los vínculos entre MF y varias de sus sociedades anónimas en 2016, después de la primera filtración de los Panama Papers. Mientras realizaba los trámites necesarios para cumplir con los deseos de su cliente, el Departamento de Cumplimiento de MF, encargado de controlar que el bufete tuviera la información de sus clientes en regla, determinó que la “debida diligencia” sobre Gamarra estaba incompleta.

    “No me consta”.

    Después de analizar los documentos, Búsqueda consultó a Gamarra para conocer sus vínculos con la offshore. El poder había sido entregado en enero de 1985, año en el que el jerarca entró a trabajar como abogado en el banco Pan de Azúcar.

    El vicepresidente del BCU aceptó dar su versión solo por escrito. Gamarra respondió el miércoles 11 que nunca tuvo relación con el estudio Damiani ni realizó “ningún trabajo o asesoramiento ocasional para el mismo”. Interrogado acerca de su vínculo con Administraciones y Mandatos S.A., sobre la que tenía el “poder especial”, respondió: “Es la primera vez que escucho mencionar esa sociedad”.

    Gamarra dijo que no tenía “la menor idea” de por qué le otorgaron un poder —que estuvo vigente al menos hasta el año pasado— sobre esa offshore. “El poder es un negocio jurídico unilateral, esto es, se perfecciona con la sola voluntad del poderdante (quien otorga el poder) sin que se requiera la aceptación por parte del apoderado, por lo que es perfectamente posible, desde el punto de vista jurídico, que se haya otorgado ese poder sin mi conocimiento”, añadió.

    Búsqueda le preguntó si tener un poder sobre esa empresa mientras integraba el Directorio del BCU, un organismo que juega un rol importante en el combate al lavado de activos, no suponía un “conflicto de interés”. Y el jerarca respondió: “No me consta que efectivamente exista tal documento, lo que sí es seguro es que de existir no contó con mi consentimiento”.

    Tras recibir esas respuestas y analizar otra vez la información, el semanario le volvió a enviar preguntas a Gamarra. El vicepresidente del Central dijo que se comunicó con Juan Pedro Damiani, titular del estudio uruguayo, para tener más datos sobre el tema. Damiani “afirmó no recordar nada respecto de ese poder (han pasado más de 30 años) y me hizo llegar copia del documento emitido en Panamá”, relató.

    Gamarra dijo que desconocía “la razón por la que se extendió ese poder” y no quería “especular sobre el punto”. Y agregó: “Lo único cierto es que nunca supe de su existencia, no recibí copia del mismo y jamás realicé ninguna gestión en representación de Administraciones y Mandatos, ni le presté mis servicios profesionales de forma alguna”.

    Consultado acerca de qué relación ha tenido con Damiani, dijo que su “vínculo ocasional han sido exclusivamente los partidos de Peñarol”.

    Gamarra es simpatizante de ese equipo y está relacionado con Edgar Welker, ex vicepresidente del club durante una presidencia de Juan Pedro Damiani. Según una resolución de gobierno adoptada en 1993, Wel­ker y Gamarra integraban Cable Plus S.A., la empresa que recibió autorización para suministrar el servicio de televisión para abonados en la Costa de Oro.

    Búsqueda intentó comunicarse con Damiani el miércoles 19, pero no recibió respuesta a sus preguntas.

    Información Nacional
    2018-07-19T00:00:00