Dos décadas con dólar “libre”, un régimen que hoy pone incómodos a los exportadores

Entre fines de 1990 y hasta mediados de 2002, los uruguayos, que tienen hasta hoy metido al dólar en su cabeza, convivieron con un esquema cambiario que daba certidumbre sobre el precio de la divisa, dentro de ciertos márgenes. En medio de una grave crisis económica, esa situación cambió hace 20 años y dejó instalada la libre flotación, que en las últimas semanas encuentra a la divisa estadounidense cayendo de precio.

¿Debería intervenir el BCU comprando dólares para que el tipo de cambio suba?, le preguntaron el martes 14 en Desayunos informales, de Canal 12, a María Laura Rodríguez, asesora económica de la Unión de Exportadores (UEU). “Eso ya depende mucho de las autoridades, de cómo quieran trabajarlo. Creemos que hay factores locales que hay que evitar que sucedan”, contestó. Por ejemplo, instó a que participen “todos los actores del mercado”, aludiendo a algún ente público que podría estar comprando dólares por otras vías. “Si están entrando dólares para colocarse en Letras (de Regulación Monetaria) en pesos —que nos dicen: ‘Eso por ahora no ha pasado’—, bueno, estemos atentos, porque esto pasa de un día para el otro. De repente hay una bocanada de dólares que entran porque inversores venden sus dólares para comprar Letras en pesos que están teniendo mayor rendimiento y eso tira abajo al dólar y tiene efectos en la economía real”, razonó.

Decisión “inevitable”

Con el propósito de anclar la inflación, que por aquellos años era de dos y hasta tres dígitos en períodos de 12 meses, en setiembre de 1990 el gobierno del presidente Luis Lacalle Herrera estableció un régimen cambiario de “paridad deslizante” o “banda” de flotación, por el cual el BCU fijaba un valor mínimo y máximo diario para el dólar, que aseguraba comprometiéndose a comprar divisas o venderlas a esos precios, cualquiera fuera la cantidad requerida. Ese “piso” y ese “techo”, con una brecha determinada entre ambas, se iban moviendo a ritmos preanunciados por las autoridades.

En enero del 2002, cuando se inició en Uruguay una corrida bancaria que fue consumiendo las reservas, el gobierno de Jorge Batlle evaluó pasar a una libre flotación para el dólar, aunque se optó por duplicar el ancho de la banda (de 6% a 12%) y ampliar el ritmo de desligación de su piso y su techo (de 15% a 33% anual). Eso se anunció con vigencia para el primer semestre y, meses después, para todo el año. Sin embargo, en mayo Brasil tuvo un movimiento devaluatorio importante que pudo haber obligado a Uruguay a vender reservas para mantener el precio del dólar dentro de los parámetros definidos con la banda. “A partir de esa información tomamos una decisión muy clara: no estábamos dispuestos a correr el riesgo de una nueva perturbación cambiaria en la región que nos obligara a reaccionar a posteriori”, relató Alberto Bensión, ministro de Economía de la época, en su libro La crisis del 2002. Mi gestión frente al cataclismo bancario, publicado unos años después.

Por fuera de eso, había una “situación de hecho que volvía inevitable” la determinación de abandonar la banda, y era que después del fracaso de la convertibilidad argentina “todo el pensamiento económico mundial, en particular el Fondo Monetario Internacional, se había definido, sin excepciones, a favor de un régimen cambiario de flotación”, explicó Bensión. Y, dada esa realidad, para que Uruguay pudiera lograr el “gran apoyo financiero” que pretendía de ese organismo, resultaba imprescindible presentarse con la libre flotación como sistema, alegó. “Fue, sin duda, una jugada muy riesgosa: la modificación del régimen cambiario podía agregar un motivo más de desconfianza en la estabilidad del sistema financiero (...), pero de otra forma no hubiéramos logrado el apoyo internacional que en esos momentos nos pareció fundamental para superar la crisis bancaria en curso”, alegó el exministro.

Durante las primeras semanas de junio del 2002 las autoridades económicas y el presidente Batlle fueron procesando la decisión de desistir de la banda de flotación, aunque se cuidaron de “toda difusión prematura ante la opinión pública”, según el relato de Bensión. Resueltos a hacer esa modificación, debían decidir cuándo comunicarla a la ciudadanía. “¿Recién el 31 de diciembre, para no desconocer el compromiso de abril (de mantener la banda)? Poco cuesta imaginar el infierno en que se hubiera convertido el mercado cambiario en las semanas previas al fin del año”.

Finalmente, el cambio fue anunciado en una conferencia de prensa el 20 de junio para “aprovechar un momento de cierta “flojedad” en la demanda de divisas en los días previos. El tipo de cambio tuvo un salto violento (desde en torno a $ 18 hasta unos $ 33 en setiembre), pero luego tendió a estabilizarse y terminó el 2002 en $ 27,3.

El “camino elegido”

Tras el abandono de la banda, el esquema de “flotación sucia” —el libre juego de la oferta y la demanda, pero con intervenciones esporádicas del sector público para incidir sobre el precio del dólar— fue mantenido en los gobiernos del Frente Amplio. Actuales autoridades, como el presidente del BCU, Diego Labat, lo han defendido como el mejor régimen para Uruguay.

En un seminario virtual organizado en mayo pasado por la Universidad Torcuato Di Tella de Argentina, Gerardo Licandro —una de las caras visibles del plan de desdolarización económica que impulsa actualmente el BCU— reflexionó sobre aquel cambio de régimen para el dólar.

Según él, Uruguay “estuvo muy probablemente en una situación similar a la de Ecuador en el 2000, sin la presión social” por pasar a la dolarización plena. “Pero el camino elegido fue (dejar) flotar la moneda” y “a partir de ese momento empezó a cambiar esa historia”. Dijo que, como una primera etapa, saliendo de la crisis 2002 Uruguay adoptó una “agenda en la que intenta flotar, generar una cierta estabilidad de la moneda doméstica y desarrollar mercados” en pesos, además de “reconocer” ciertos “riesgos regulatorios” preexistentes. Luego, hacia el 2019, y habiendo tenido una inflación mucho más estable que en el pasado (pero cercana al 8% anual), el balance que hizo el BCU fue que esta estabilidad “no les sirve a los uruguayos, que siguen prefiriendo al dólar”, repasó a título personal Licandro, quien es gerente de Asesoría Económica del organismo. Entonces —prosiguió— la autoridad monetaria “pudo ponerle carne a cómo impacta en el crecimiento económico” y en el balance de las empresas la elección del dólar por sobre el peso por parte de ciertos agentes. Asimismo, según dijo, Uruguay “se dio cuenta” de que la fijación del tipo de cambio “no es un sustituto para la disciplina fiscal”; “puede traerla, pero en la gran historia uruguaya no ha sido el caso, (ni) tampoco en muchos casos en América Latina”.

Ahora el BCU trabaja para “redoblar la apuesta” en dos frentes, señaló Licandro. Por un lado, lograr niveles de inflación más bajos y estables, un objetivo que a corto plazo sigue siendo difícil de cumplir (el índice de Precios al Consumo aumentará en torno a 8,5% en todo 2022, según la proyección actualizada por el organismo). Por otro, “remover los cuellos de botella (...) que dan persistencia a la dolarización”.

Sobre ese propósito de desdolarización económica, Rodríguez, de la UEU, dio su punto de vista. Dijo que los uruguayos están “siempre pendientes” del valor de la divisa. Y reconoció que “hay esfuerzos por parte del BCU de cambiar esa lógica. Había arrancado con mucho énfasis en evitar que haya precios medidos en dólares. Estamos acostumbrados a esta doble moneda y a pensar en dólares. Eso hace que la política monetaria tenga menor efecto al que tendría en una economía como (la de) Brasil, que usa los reales, y los brasileños ni se enteran del dólar, a cuánto está”.