Creado en 2016, OnlyFans surgió originalmente como un servicio para que artistas y “famosos” pudieran ser dueños de sus propios contenidos y cobraran por ellos; una plataforma donde los usuarios venden o compran fotos, videos o archivos de audio bajo un muro de pago. Decenas de famosos se abrieron cuentas allí, pero no fue hasta la llegada de la pandemia del Covid-19 que se hizo masivamente conocido y pronto se inundó de contenido erótico.
“Terminó siendo una página que se usa mucho para trabajo sexual y que ha tenido graves problemas para identificar las edades de sus usuarios”, indicó Melgar. De ahí es que la diputada fundamentó “la necesidad de que el Estado investigue y controle las prácticas delictivas para reducir los riesgos” que esto implica a los menores.
La diputada dijo que se trata de una iniciativa “más generalista o programática”, ya que persigue que el Estado asuma ese rol y se involucre, “aunque colide con intereses de empresas que operan en entornos virtuales y utilizan estos métodos como forma de ‘enganche’ para otras plataformas digitales”.
Las legisladoras plantearon la necesidad de que haya una política activa de protección también en línea con la universalización del acceso a Internet. “No puede pasar que el Estado uruguayo, que redujo notoriamente la brecha digital, garantizando a los gurises un amplísimo acceso a Internet y a dispositivos a través del Plan Ceibal, no tenga políticas preventivas para proteger los derechos de menores, al menos, del abuso sexual infantil. En eso se basa nuestro proyecto”, resumió Melgar.
Según el Departamento de Delitos Informáticos del Ministerio del Interior, entre 2016 y 2019 se detectaron 454 denuncias de delitos de menores en el entorno virtual, la mayoría en Montevideo y Rivera, y en todos los casos “de índole sexual”.
Los menores uruguayos pasan un promedio de ocho horas diarias navegando en Internet, reportó Kids Online Unicef. Con base en ese dato, Melgar subrayó que el tiempo “de la mayoría de los chiquilines se divide casi de igual manera entre el virtual y el no virtual”. Aunque también en la virtualidad existen “relaciones humanas, vínculos y espacios educativos”, continuó, esa dimensión “solo está regulada por empresas”.
“Es impresionante cómo los derechos humanos terminan dependiendo casi que exclusivamente de acuerdos comerciales”, reflexionó.
Virtual y legal
Muchos menores son conscientes de los riesgos a los que están expuestos en Internet. De los niños que utilizan a diario plataformas digitales, la mitad dice no sentir una sensación de seguridad absoluta cuando se conecta, según el informe de Unicef de 2019. De allí también surge que apenas la mitad de los niños y las niñas que sufrieron episodios negativos en Internet solicitaron ayuda.
El 42% de los menores de entre nueve y 17 años fue contactado por alguien que no conocía, y el 18 % de ellos declara haberse encontrado en persona con alguien que conoció en Internet. Asimismo, el 9% de los niños de hasta 12 años también declara haberse encontrado con alguien que no conocía. Solo el 18 % de los adultos de referencia tuvo conocimiento de que había sucedido un contacto de ese estilo y apenas el 2% de los adultos supo que había existido un encuentro personal.
“Obviamente, puede ser otro menor de edad, pero estamos hablando del riesgo”, puntualizó Casás en el Parlamento. Por eso el Estado debe investigar, previamente, “estrategias novedosas” para gestionar riesgos y evitar daños y solo “esperar que le caiga la denuncia”, añadió Melgar.
La Convención sobre los Derechos del Niño establece que los Estados “deben aprobar legislación nacional, y revisar y actualizar la existente, en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos, a fin de garantizar un entorno digital compatible con los derechos previstos en la Convención y sus Protocolos Facultativos” y que “la legislación debe conservar su pertinencia en el contexto de los adelantos tecnológicos y las prácticas emergentes”.
Uruguay aprobó en 2019 un protocolo de detección e investigación en explotación sexual comercial de menores, que guía la actuación policial en los cometidos de prevención, detección, investigación y represión. Sin embargo, según las legisladoras, no hay mayor regulación sobre el uso de las redes.
Educación digital
Varios de los artículos del proyecto de ley —al que accedió Búsqueda— apuntan hacia una actuación del Estado más preventiva y a la protección de los menores en plataformas virtuales, incluyendo con ese término todo el espacio digital y no solo redes sociales o salas de chat.
El alcance de los contenidos que se buscan prevenir alude a material disponible en el ámbito virtual que “represente visualmente” a un menor involucrado en una conducta sexual explícita, “real o simulada”. También “cualquier representación disponible en el entorno digital de los órganos sexuales de un niño, niña o adolescente con fines primordialmente sexuales” y “explotados con o sin el conocimiento del niño”. El Estado trabajará de forma activa para identificar a las víctimas y para incautar el material en caso de que aparezca en servidores locales.
La idea es que el Ministerio del Interior implemente un registro de dominios y sitios webs infractores para “tenerlos bajo control” y estipula un procedimiento para que las empresas proveedoras de servicios a Internet bloqueen el acceso accidental o deliberado a los sitios webs que tengan contenidos que vulneren los derechos de los menores.
El proyecto también busca fomentar la educación digital. Si bien hay programas en los que se educa a niños a través de plataformas digitales, estos no suelen abordar el uso de los entornos virtuales. Según sus impulsoras, hay que “enseñar hábitos saludables” y concientizar sobre los riesgos. La iniciativa incluye la creación de una comisión específica que funcione en el ámbito del Ministerio de Educación y Cultura e integrada por representantes de diversos organismos públicos, que elabore un plan nacional de acción, rastree los sitios de riesgo y publique un informe anual. En próximas sesiones parlamentarias sumará aportes de INAU, Unicef e Internet Watch Foundation.
Modelo Arácnido
Para elaborar el proyecto, Melgar y Casás se inspiraron en experiencias internacionales y en particular en un documental de la BBC referido a casos de explotación sexual de menores a través de OnlyFans. Casás detalló que en Inglaterra encontraron “un montón de perfiles de menores” asociados a estos servicios que terminan siendo una red de explotación sexual mediante plataformas webs.
“Lo que empieza como una alternativa de ingresos para famosos deriva en una puerta de entrada a las redes de trata”, aseguró Melgar. Precisó que este no es el caso de OnlyFans, pero sí de modalidades de contacto similares de pedidos y envíos de contenidos sexuales por redes.
El documental de la BBC también refiere al Proyecto Arácnido, del servicio de protección de menores de Canadá, que emplea tecnología para generar páginas de alerta o bloqueo de acceso a determinados sitios ante el riesgo de que exista contenido de abuso sexual infantil. Además determina lugares en los que niños y niñas puedan denunciar estas prácticas de forma segura.
Para las legisladoras, este es uno de los insumos a emular con la generación de sitios de bloqueos webs. “Que salga un stop que diga que ‘la página a la que quiere acceder puede contener material que dañe los derechos de…”, citó Melgar.
La jefa operativa del Departamento de Delitos Informáticos de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol, Magda Trindade, dijo en visita al Parlamento que “las plataformas “más conflictivas” para la captación de niños son los juegos en línea. En la última sesión, la diputada María Melazzi (Partido Colorado) también señaló “el modus operandi”.
“Me parece que esa es la mejor manera de actuar que tiene el delincuente o quien pretende abusar sexualmente de los chicos”, dijo, y añadió: “Muchas veces les preguntamos con quién están jugando y nos dicen que con un chico de equis país, pero puede pasar que sea una persona mayor”.
Información Nacional
2023-07-19T19:18:00
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