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“Estamos viendo algunos casos, mínimos pero existen, de una actitud desaprensiva de inversiones que vienen y no cumplen con los contratos o intentan no cumplir con los contratos que han firmado. Y el Uruguay es un país serio, es un país responsable, es un país que honra sus compromisos. Por tanto, tenemos todo el derecho del mundo a exigir a las empresas que lleguen al país a invertir que sean serias, que sean responsables y que cumplan con los compromisos. (...) Por tanto, ministra de Industria, es inconcebible que una industria láctea, en un productor de calidad, tenga una planta parada. Hay que pedirle que se expida, si va a seguir, o si no va a seguir”, dijo el presidente Tabaré Vázquez en un Consejo de Ministros abierto efectuado el 8 de junio en Soriano. Estaba señalando a Ecolat, una empresa de capitales peruanos que entró en problemas, y en febrero, tras un frustrado intento de reestructura, cesó la producción.
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A raíz de la situación de Ecolat —que aún está procesando el cierre—, Vázquez también anunció la decisión de investigar a los inversores extranjeros que en el futuro quieran radicarse en el país.
Gloria, un fuerte grupo económico peruano, se había mantenido en silencio. Ahora, ante una consulta de Búsqueda, un vocero dijo que no se siente aludido por la acusación del mandatario, y aseguró que “cumplió con todas sus obligaciones”.
“Cada inversor decide por su cuenta qué hacer con sus inversiones, en qué plazas, sectores y momentos invertir. En nuestro caso, hemos asumido los costos de un proceso que lamentablemente no avanzó como hubiésemos querido. Nuestra experiencia no fue buena, pero hemos sufrido condiciones muy particulares”, señaló Roberto Bustamante, gerente de Logística de Gloria. A continuación una síntesis del cuestionario que el ejecutivo quiso responder por escrito.
—¿Cómo describiría la operación de Ecolat desde 2012 hasta octubre, cuando definieron la reestructura?
—Durante los primeros años la operación se mantuvo siempre en números rojos. Proyectamos e iniciamos una serie de inversiones en la modernización de la planta, que en su momento consideramos nos permitiría revertir esta situación y obtener una operación sustentable. En ningún momento recurrimos a beneficios tributarios para realizar inversiones. Lamentablemente, las condiciones del mercado internacional y los precios de la leche fresca local, lejos de mejorar, empeoraron.
—¿Qué motivó el cierre de la empresa?
—No queríamos cerrar, y en octubre de 2014, luego de evaluar la crítica situación de la empresa, se concluyó que la única alternativa de poder mantener la viabilidad de nuestras operaciones y preservar algunos puestos de trabajo era realizar una reestructuración. Conscientes de nuestra responsabilidad y del impacto social de esta medida, planteamos el tema a las autoridades del gobierno e iniciamos una negociación tripartita con la central sindical, el Ministerio de Trabajo y el sindicato de Ecolat.
A pedido del gobierno, aceptamos dar el tiempo necesario para evaluar alternativas sustentables de menor impacto social, pero estas nunca llegaron.
Ante la negativa sindical de aceptar la reestructura en la mesa de negociaciones, insistimos en mantener nuestras operaciones y decidimos avanzar con ese plan. La violenta reacción sindical ante esa decisión de la empresa, realizada en el marco de la ley, fue lo que finalmente nos forzó a tomar la decisión de cerrar.
—¿Es excesivo el poder de los sindicatos en Uruguay?
—No podemos responder por el resto de las empresas, pero en nuestro caso sí se quebró el principio de autoridad. No podíamos poner en peligro la integridad física y la vida familiar del personal de mando.
Un grupo de ex trabajadores se mantuvo bloqueando la libre circulación de personas y bienes en nuestra planta, y eso derivó en que se malograsen miles de litros de leche.
—¿Cómo valoran las gestiones realizadas por el gobierno para retener la inversión?
—Valoramos y agradecemos las buenas intenciones y los esfuerzos de algunas autoridades de este y del anterior gobierno.
—¿Cuál será el costo total del cierre?
—Se llevan pagados más de U$S 4 millones por egreso del personal y se ha iniciado la vía judicial para efectivizar el pago de las liquidaciones que aún un grupo de ex trabajadores se resiste a cobrar.
Es aún prematuro estimar el costo total mientras haya variables que escapan a nuestro control y se siga demorando el proceso de cierre.
—¿Existen inversores interesados por los activos de Ecolat?
—Como hemos señalado anteriormente, únicamente cuando se haya cumplido totalmente con el cierre ordenado de la operación evaluaremos las acciones futuras respecto de nuestros activos en Uruguay.
—El presidente Tabaré Vázquez aludió a Ecolat como un inversor extranjero irresponsable, señalando que dejó sin definir qué va a hacer con su planta. Y anunció que el gobierno será más cuidadoso en el futuro al acoger capitales del exterior ¿Qué dice al respecto?
—Todo nuestro esfuerzo se centró en mantener la planta funcionado y en minimizar el impacto social. Nosotros actuamos siempre asumiendo nuestra responsabilidad y en el marco de la ley.
La empresa informó, en ámbitos tripartitos y con la suficiente antelación, sus planes de viabilidad y cumplió con todas sus obligaciones, por lo que no nos sentimos aludidos ni nos compete opinar respecto a lo que el gobierno se propone hacer a futuro.
—Dada la experiencia de Gloria con Ecolat, ¿observa un debilitamiento en el clima de negocios del país?
—Cada inversor decide por su cuenta qué hacer con sus inversiones, en qué plazas, sectores y momentos invertir. En nuestro caso, hemos asumido los costos de un proceso que lamentablemente no avanzó como hubiésemos querido. Nuestra experiencia no fue buena, pero hemos sufrido condiciones muy particulares.
