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El Poder Ejecutivo y el Banco Central (BCU) trabajan en la redacción de la reglamentación de la ley Nº 18.930, promulgada el lunes 23, que crea un registro en el que quedarán identificados los titulares de participaciones patrimoniales al portador. Los dueños de esas sociedades, fiduciarios de fideicomisos y fondos de inversión también deberán informar el porcentaje de acciones que posean, el monto total del capital integrado y los eventuales cambios en el mismo.
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Con esta norma, los accionistas perderán el anonimato que en los hechos data de fines del siglo XVIII, cuando fueron inscriptas las primeras sociedades comerciales en el país. Las empresas con acciones al portador que están activas actualmente son unas 55.000 y superan las 7.000 las nominativas, según datos que maneja el gobierno.
La obligación de informar alcanza a las entidades no residentes, siempre que tengan en Uruguay un establecimiento permanente o radiquen en el territorio nacional su sede de dirección.
El nuevo registro, que según dijeron a Búsqueda fuentes del BCU administrará su Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) con una dotación de personal adicional, será “secreto”, dispone la ley en su artículo 5º. No obstante, allí mismo se indica que podrán acceder a los datos la Dirección General Impositiva en el marco de inspecciones, la Secretaría Antilavado de Activos, la Junta de Transparencia y Etica Pública, la Justicia en ciertas circunstancias y la propia UIAF.
A la Auditoría Interna de la Nación la ley le asignó los cometidos de controlar el cumplimiento de las obligaciones dispuestas y la imposición de saciones a quienes las incumplan.
Con esta reforma del régimen societario y la negociación de tratados para regular el intercambio de información tributaria con Argentina (firmado en abril) y Brasil, el gobierno se propone superar las objeciones que realizó en 2011 un foro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en el que tienen representación un grupo de países avanzados.
El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, dijo ayer miércoles 25 en una entrevista en radio Universal, que el acuerdo con Brasil “está pronto para firmarse” y estimó que ello ocurrirá “en las próximas semanas”.
Añadió que el gobierno “ya está solicitando la reevaluación” del caso uruguayo ante ese Foro Global sobre Transparencia Tributaria, y dijo que en base a consultas realizadas, tras “los pasos dados en el ajuste del marco legal (…) están en condiciones de que se levanten las objeciones”.