En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
+
Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad
Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.
Suscribite a Búsqueda
DESDE
UYU
299
/mes*
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
La reforma del mercado de los combustibles impulsada por el Poder Ejecutivo prevé cuatro etapas que iniciarán como en una cuenta regresiva el próximo 10 de marzo, según la propuesta que esta semana elevará al Parlamento. Con la desregulación del sector busca una “baja real” del precio al público de las naftas y el gasoil.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
La Ley de Urgente Consideración (LUC) encomendó al Ejecutivo a presentar una “propuesta integral de revisión” en la materia, para lo cual dio plazo —180 días—hasta esta semana. El martes 26, autoridades del Ministerio de Industria se reunieron con la bancada de legisladores de la coalición de gobierno para adelantar el contenido de un informe que llevará la firma del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y de los ministros Omar Paganini (Industria) y Azucena Arbeleche (Economía). Esa “hoja de ruta” que recibirá la Asamblea General prevé, entre otros cambios, eliminar la obligación de mezclar biodiesel en el gasoil; que la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) sea quien establezca el margen de los distribuidores y las bonificaciones de las estaciones de servicio —lo que actualmente se rige por contratos entre los sellos y Ancap—; volver a establecer un monto fijo del subsidio del boleto de transporte colectivo; e independizar al ente del envasado y la distribución del supergas, detallaron los informantes.
Agregaron que la propuesta del Ejecutivo toma la “mayoría” de las recomendaciones que a mediados de diciembre realizó el comité de expertos para la reforma del sector de los combustibles, constituido a partir de la LUC.
Para llevar adelante las modificaciones regulatorias que se le encomendarán a la Ursea, se prevé reforzar sus recursos. Por un lado, se la autorizará a solicitar funcionarios de Ancap y de UTE por única vez, sin límite en la cantidad, por hasta tres años, luego de lo cual podrán elegir si regresar al organismo de origen o no. A su vez, se prevé quitarle la función que tiene en cuanto a defensa de la competencia y dársela a la comisión especializada que actúa de manera desconcentrada del Ministerio de Economía.
El subsecretario de Industria, Walter Verri, declaró a Búsqueda que los legisladores oficialistas vieron “muy bien” las definiciones que contiene el cronograma de modificaciones legales y reglamentarias planteadas. También algunos actores privados de la cadena de los combustibles apoyan aspectos del plan.
Verri ve “medio lejana” la posibilidad teórica de que en el 2024 se llegue a liberar el precio de los combustibles, porque se necesitará “mucha madurez en el mercado”. Agregó: “No sé si lo vamos a lograr en estos tres años, no aventuraría ir tan lejos. (…) Lo que sí debemos lograr es sustituir la libre importación —que no se pudo hacer con la LUC porque no hubo votos— por un precio de paridad de importación (PPI) lo más rápidamente posible, alcanzable, si Ancap logra las eficiencias para poder hacerlo y no perder”.
Etapas
Con los cambios propuestos el gobierno pretende dar los incentivos y condiciones para incrementar la competencia y eficiencia en toda cadena de combustibles líquidos, para que ello redunde en una “baja real” del precio, explicó una de las fuentes.
Para ello, se prevé transitar un proceso “gradual y previsible” para que Ancap instrumente “puertas adentro” ajuste costos y mejore la eficiencia en sus negocios laterales. Como eso no será inmediato, se reconocerá sobre el PPI un valor adicional “X” —por producto por año—, que se irá reduciendo gradualmente hasta eliminarlo en un plazo estimado de tres años (enero de 2024).
Como dentro de los costos de la petrolera estatal están los relacionados con los biocombustibles —dado que la Ley Nº 18.195 la obliga a mezclar 5% de etanol en las gasolinas y 5% de biodiesel en el gasoil producidos en el país—, a través de una modificación legislativa se propondrá eliminar la mezcla el biodiesel en el gasoil “en la medida en que implique sobrecostos”, pero no así en el caso del etanol, dado que la medida implicaría un “fuerte impacto social”, dijo un informante.
La reforma tendrá cuatro etapas; el inicio de cada una se dará después de que haya una evaluación satisfactoria del Poder Ejecutivo con el asesoramiento preceptivo de la Ursea.
La primera, “transitoria”, comenzaría el 10 de marzo con la aprobación del precio de venta máximo de los diferentes combustibles que produce Ancap, con entrega en cada una de las plantas de distribución. Ese decreto establecerá que un mes después empezará a regir el precio en la planta de distribución que mensualmente aprobará el Ejecutivo (previo informe de Ancap y la Ursea) más un margen “X” o “sobreprecio” anual, que deberá converger a cero en tres años.
Por otro lado, el Poder Ejecutivo encomendará a Ancap a negociar nuevos contratos con las distribuidoras (Ducsa, Axion y Petrobras, en proceso de venta) ya que los anteriores están vencidos y denunciados. Deberán ser acuerdos de suministro, dejando de lado las cláusulas regulatorias para que el ente no sea “juez y parte como hasta ahora”, explicó la fuente.
A través de un decreto se le encomendará a la Ursea dictar reglamentos sobre condiciones para operar, abrir, trasladar o cerrar una estación de servicio, para ser distribuidor; definir “zonas desabastecidas”; determinar un “precio máximo intermedio” transitorio al que las distribuidoras podrán vender a las estaciones de su red; reglamentar la información contable que los actores deberán proporcionar (como venta de productos, descuentos, etcétera) al regulador, entre otras acciones.
Para el 10 de enero de 2022 está previsto el inicio de la “etapa 1” y la adopción del “precio máximo intermedio” al que las distribuidoras les venderán a los estacioneros. También se aprobará un menor valor para el factor “X”. Se estima que en esta etapa los sellos podrían “absorber” los costos del flete, que estaría dentro del cálculo del precio máximo intermedio.
Además, a la Ursea se le encomendará una reglamentación que autorice a los distribuidores a que puedan diferenciar productos, mejorando aquellos “básicos” que adquieran de Ancap.
El 1º de enero del 2023 comenzaría la “etapa 2”, donde se volvería a reducir el valor del “X”. En esa fase el Ejecutivo encomendaría a la Ursea revisar el reglamento aplicable a las estaciones para bajar barreras de entrada al mercado; luego permitiría que puedan cambiar de sello y determinaría una forma de fijar un precio o compensación por los activos que posean las distribuidoras.
También se revisaría la restricción a la cantidad de estaciones de integración vertical (propiedad de los mayoristas), que actualmente son siete. “Quizás se llegue al doble, la idea es que estas vendan a un precio mejor para hacer competir a las demás”, explicó Verri. No se prevé habilitar las estaciones de “bandera blanca” o sin sello, pero sí que los “grandes consumidores” se abastezcan directo de los distribuidores, apuntó.
En el 2024 iniciaría la “etapa 3”, de competencia más libre en el mercado bajo control de la Ursea.
Se eliminaría el precio máximo de venta al público establecido en la LUC. El Ejecutivo solo aprobaría el valor en planta de distribución primaria que coincidiría con el PPI, ya que se eliminaría el “X”. Es decir, Ancap vendería al precio que lo haría un privado si se liberara la importación.
