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    domingo 09 de junio de 2024

    El 4% de los transportistas argentinos incumplió con el cobro bancarizado de fletes en Uruguay

    El Ministerio de Transporte defiende el requisito ante críticas de algunas asociaciones del sector

    Una ley aprobada por unanimidad en el Parlamento obliga a los transportistas argentinos a cobrar los fletes por vía bancaria. Al impulsar esa normativa, el Poder Ejecutivo buscaba evitar una competencia “desleal” con los camioneros uruguayos por parte de empresas extranjeras con la ventaja de la diferencia cambiaria, según denunciaba la Cámara de Autotransporte Terrestre Internacional del Uruguay (Catidu).

    El mercado de fletes se dividía tradicionalmente mitad y mitad, pero la “distorsión” en las tarifas provocó que el mercado se “estirara” hacia las empresas argentinas, dijo a Búsqueda el director de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Pablo Labandera. Explicó que Catidu hace dos años presentó una nota ante el Poder Ejecutivo en la que solicitaba que se eliminara la “competitividad artificial” de los transportistas argentinos y reclamó que se les exonerara el IVA en el tramo nacional, una ventaja impositiva que tienen los fleteros extranjeros.

    La discusión, que llevó dos años, se cerró a fines de 2022 con la aprobación del proyecto de ley. Luego, el decreto reglamentario estableció multas para los transportistas que incumplan con el cobro por vía bancaria de los fletes. Pero, contemplado el argumento de los uruguayos, se abrió un flanco del lado argentino. Hubo un grupo de camioneros autoconvocados que amenazó con cortar los puentes en señal de protesta y el Círculo del Transporte Internacional presentó un recurso, a partir de un informe del abogado Martín Risso que concluye que la ley es “inconstitucional” porque no se respeta el “principio de igualdad”.

    La asesora legal de esa organización que reúne a los representantes nacionales de empresas del transporte internacional, Cristina Olaso, cuestionó en la Comisión de Transporte del Senado el decreto reglamentario. Consideró que “excede muchísimo las potestades” que el Parlamento entregó al Poder Ejecutivo y que es una “sinvergüenzada” por las “exorbitantes multas” que pretende incorporar al reglamento de circulación vial, informó El País el jueves 24.

    Esta gremial presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia y un recurso contra el decreto del MTOP, sobre el que deberá laudar el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).

    Multas

    El Círculo del Transporte Internacional asegura que, en enero, el MTOP ejecutó multas por US$ 200.000 a una sola empresa. Olaso indicó que “habría una contingencia posible de más de US$ 1 millón por día”, lo que consideró “una locura”.

    Labandera rebatió los comentarios de esa asesora empresarial. “No es así. Yo no sé si la señora está mal informada... Me sorprende. Entendería esto de parte de un abogado joven, inexperiente. Pero que una persona que presumo que tiene una trayectoria profesional dilatada venga a hacer este tipo de planteos sin informarse me parece poco serio. Y todavía en el Parlamento”, señaló el jerarca ministerial.

    Otra afirmación de Olaso que Labandera respondió fue respecto a las inspecciones, que la asociación afirma que son aleatorias.

    El MTOP controla todos los tráficos que ingresan desde Argentina. La Dirección de Transporte debe certificar que las empresas cobraron vía bancaria por los servicios que prestan en el país. Hasta ahora, los funcionarios llevan inspeccionada la documentación de los ingresos hasta marzo.

    En Uruguay hay registradas 627 empresas argentinas con representantes en Uruguay, de las cuales 26 fueron multadas en enero, informó Labandera. Los datos se replicaron en febrero y marzo. Ninguna de las multas que se pusieron está firme, porque fueron recurridas. Si se confirmaran todas las sanciones, el monto total que recaudaría el MTOP sería algo inferior a US$ 1 millón en el mes.

    Por día, ingresan unos 200 camiones que totalizan entre 5.800 y 6.000 llegadas al mes. De esta cantidad, los que incumplieron con el requisito del pago bancario fueron el 4%. “Lo que sucede es que los incumplidores son los clientes de la señora. Ella, muy legítimamente, viene a plantear el problema de su cliente, pero no es el del gran universo de empresas transportistas argentinas ni de empresas representantes”, dijo el jerarca del MTOP.

    Argumentos jurídicos

    El director destacó que la ley fue aprobada por unanimidad en el Senado y con 68 votos sobre 69 en Diputados, lo que “da una pauta del respaldo político” que tiene. El texto le dio un “mandato general abstracto” al Poder Ejecutivo, que lo implementó con el decreto reglamentario. El objetivo final era la protección de la “bodega nacional de carga”, subrayó.

    Para la redacción de esa norma, el Poder Ejecutivo buscó “los mecanismos jurídicos” para incorporar las sanciones. Labandera explicó que las multas se establecieron en base a los artículos de la “ley de caminos” –que le otorga al MTOP la opción de tipificar infracciones– y en el reglamento de circulación vial. “No es que un día el ministro (José Luis) Falero dijo: ‘Vamos a poner una infracción nueva’”.

    “La señora dijo que esto es una ‘sinvergüenzada’. Sinvergüenzadas hacen los sinvergüenzas y acá no hay ninguno. Esto pasó por el filtro de las 14 (divisiones) jurídicas de los 14 ministerios y por Presidencia de la República, con quien intercambiamos comentarios e hicimos modificaciones. Al presidente no le suben cualquier porquería, cualquier sinvergüenzada para firmar. Esto es serio. Les podrá gustar o no”, dijo Labandera, como respuesta al comentario de Olaso.

    Consultado sobre el documento del constitucionalista Risso, el jerarca preguntó: “¿Dónde está el informe? No lo adjuntaron”. Labandera dijo desconocer si existe el análisis jurídico de ese abogado, quien “no es infalible”.

    El segundo respaldo jurídico de las normas, según Labandera, es la “coherencia” que tienen con el Acuerdo sobre el Transporte Internacional Terrestre (Atit), que abarca a los países del Mercosur, Perú, Chile y Bolivia. El convenio establece que es obligatorio que las empresas extranjeras tengan un representante “con las más amplias facultades”. Estos son quienes deben pagar las eventuales sanciones, en caso de que las firmas extranjeras no se hagan responsables. “Esto no fue un invento para perjudicar a los representantes de las empresas argentinas. Esto opera en general para todos”, dijo Labandera.

    Olaso afirmó que las sanciones no deben recaer sobre los representantes. Ante ese planteo, el director respondió que este año no hubo multas a ninguno de ellos.

    Economía
    2023-08-30T22:18:00