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De 22 programas públicos de empleo, el 41% no incorpora la perspectiva de género durante su aplicación. En contrapartida, 27% sí tiene esa mirada y otro 32% incluye alguna medida específica o acción positiva que toma en cuenta aspectos referidos a la condición y la posición de las mujeres en la sociedad.
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Esto determinó un análisis del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo-Uruguay (Ciedur) tras evaluar programas que llevan adelante los ministerios de Desarrollo Social (Mides), Industria y Trabajo, la Intendencia de Montevideo, así como el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop).
Son nueve programas de creación indirecta de empleo femenino, siete de intermediación laboral, formación y capacitación, dos de empleos públicos de emergencia, dos que toman en cuenta el trabajo no remunerado que recae sobre ellas, uno de incentivos legales en la contratación y uno de mujeres emprendedoras. No existen programas de servicios financieros no tradicionales pensados con esta mirada.
El estudio destaca el compromiso del Inefop por incorporar la perspectiva de género, los esfuerzos del Mides por recabar datos desagregados por sexo y las políticas tendientes a dar pagos por guarderías o subsidios a la contratación de mujeres.
Los programas que, aunque no fueron pensados con perspectiva de género tienen una participación mayoritariamente femenina, “no han sabido acomodarse a los intereses y las necesidades de las participantes, por la ceguera de género en la planificación y por una falta de voluntad política a la hora de repensarla”, apunta.
Acerca del Sistema Nacional de Cuidados en gestación, la investigación —conducida por María Bianchi— señala que “por sí solo no superará las brechas”. Plantea que dicho sistema debe convertirse en una política que “favorezca la redistribución de las responsabilidades laborales y familiares y contribuya a reducir la carga de trabajo femenina impulsando la participación de las mujeres en el mercado laboral”.
“Deconstruir”.
“Las diferencias que reflejan las mujeres no se deben tanto a contrastes en capacidades, ya que muchas veces superan a los hombres, sino a un desigual aprovechamiento de las oportunidades”, destaca el análisis.
“Para promover el empoderamiento económico de las mujeres, las políticas públicas desarrolladas o a desarrollar deberían estar orientadas a incrementar los recursos disponibles para las mujeres”, así como a “deconstruir y redefinir” las normas y las instituciones en favor de la igualdad de género”, plantea.
El estudio, que se presentará la próxima semana, compara con las realidades en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Nicaragua y México. Sus autores encuentran que el mercado laboral replica desigualdades manteniendo estereotipos que centran el rol de las mujeres como madres-ciudadoras, reproduciendo así una división sexual en el trabajo. Conforme con el estudio, en esos ocho países se mantienen “prácticas discriminatorias” en el ambiente laboral, más allá de que han sido aprobadas leyes que sancionan tales situaciones.
