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La sala de conferencias de la Presidencia de la República estaba repleta de representantes de inmobiliarias, estudios de escribanos, zonas francas y casinos. Con su tono pausado, el director de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos, Carlos Díaz, anunció ese día de marzo de 2016 que su oficina comenzaría el 1º de julio controles masivos para verificar que estuvieran cumpliendo con la normativa vinculada al combate del blanqueo de capitales.
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El objetivo de las autoridades era que “nadie fuera rehén de su pasado” y por eso se iba a controlar los tres meses anteriores a la vista de los fiscalizadores. Si les avisó en marzo que los controles llegarían en julio, era para que los involucrados tuvieran margen para “cambiar su conducta” y actuar de acuerdo con las normas, explicó Díaz esta semana a Búsqueda.
Sin embargo, el 80% de los más de 400 escribanos inspeccionados “incumplieron” la ley, informó el jerarca. Los técnicos de la Secretaría fiscalizaron que los profesionales hubieran controlado el origen de los fondos de cada transacción en la que participaron durante los tres meses anteriores, que tuvieran ese análisis registrado y archivado.
Ahora las autoridades están analizando el grado de cumplimiento de ese 80% en los últimos cinco años (período durante el cual se deben mantener los registros de las transacciones) y después se definirá si los sanciona, añadió Díaz.
El titular de la Secretaría, que funciona en la Presidencia de la República, defendió la importancia de que los escribanos hagan un estudio de riesgo como exige la ley y que cumplan con hacer reportes de operaciones sospechosas cuando adviertan que es posible que sea una maniobra para lavar dinero.
“En más del 80% de las operaciones judiciales en las que participamos como auxiliares de la Justicia, encontramos inmuebles que fueron comprados y no fueron reportados como operación sospechosa. Si se hubiera hecho, muchos de los delitos se podrían haber detectado antes”, afirmó. Díaz puso como ejemplo que la escribana que intervino en la compra de una mansión en Punta del Este por parte del mexicano Gerardo González Valencia, hermano del líder del poderoso cártel y sobre quien pesa una requisitoria internacional de Estados Unidos por tráfico de drogas, tampoco hizo el reporte.
“El efecto de esto no es solo el lavado, el problema más importante es que se afinquen, que se localicen en el país individuos que solucionan sus conflictos a través de normas que no son precisamente las legales”, insistió.
Sin cambios.
La relación entre la Asociación de Escribanos y la Secretaría que dirige Díaz pasa por un momento complicado.
En las últimas semanas, la nueva presidenta de esa gremial de profesionales, Ana Ramírez, sostuvo que el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento para modificar la legislación sobre lavado de dinero les “impone” a los escribanos “un rol que excede” su profesión. “En él se pierden todas las garantías, tanto para quien contrata la prestación del servicio como para el profesional que interviene. Ese accionar viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la propia Constitución, además de desconocer principios tales como la proporcionalidad y la racionalidad, que son fundamentales a la hora de adoptar medidas antilavado de activos”, afirmó Ramírez en un comunicado publicado en “El País” el 16 de enero.
Después de escucharla en una entrevista radial, Díaz escribió en su muro de Facebook la semana pasada que Ramírez no sabía de lo que hablaba y que era una “vergüenza”.
El martes 24, en diálogo con Búsqueda, Díaz señaló que los escribanos están obligados a hacer reportes de operaciones sospechosas desde el 2009, cuando el Parlamento aprobó por unanimidad una ley sobre control y prevención del lavado. En el nuevo proyecto que está a discusión del Poder Legislativo “no hay cambios sustanciales en el rol de los escribanos”, insistió.
El titular de la Secretaría señaló que Uruguay debe cumplir con las exigencias internacionales en materia de combate al blanqueo de dinero desde el año 2002, cuando el Parlamento ratificó un memorando de entendimiento en el que el gobierno uruguayo se comprometió a seguir las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos (Gafisud).
