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Exceso de grasa. Exceso de sodio. Exceso de grasas saturadas. Exceso de azúcares. Unos octógonos en blanco y negro con estas advertencias etiquetadas en los envases de los productos alimenticios. Y un decreto listo, terminado, esperando por la sola firma del presidente Tabaré Vázquez para que entre en vigencia. Este es el final de un ciclo que demandó un año y medio de trabajo y en el que participaron casi todos los ministerios, la Intendencia de Montevideo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Unicef; que estuvo sometido a consulta pública nacional e internacional y que no dejó conformes a los empresarios. En particular a la Cámara de Industria de Alimentos (Ciali) y a la Asociación de Importadores y Mayoristas de Almacén (AIMA).
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“La industria nunca va a estar conforme”, reconoció a Búsqueda Isabel Bove, asesora en nutrición del Ministerio de Salud Pública (MSP). “Muchas de las observaciones que nos hicieron fueron razonables y flexibilizamos muchas cosas. Pero no le va a gustar nunca y lo entendemos perfectamente”, agregó. ¿Y los uruguayos qué opinan? Una consultora argentina se encargó de hacer las averiguaciones mediante un estudio que demandó 1.075 entrevistas a residentes en el país de entre 18 a 55 años.
El informe concluyó que si bien el nivel de familiaridad con la iniciativa es “bajo”, existe un “amplio conocimiento” del proyecto del gobierno y que también es “amplio” el consenso sobre la necesidad de aplicar una regulación de este tipo: el 84% de los encuestados consideró que es necesario. Sin embargo, hubo reparos sobre su aplicación a través de un decreto presidencial. El 41% se mostró en desacuerdo con que el proyecto sea enviado por decreto, sin discusión parlamentaria. “Los uruguayos conciben un Estado participativo en diversos temas de salud pública. Dentro de este marco de cercanía con un Estado presente, se espera que las discusiones de política pública tengan un marco institucional parlamentario: a la hora de aplicar regulaciones a las categorías analizadas, existe unanimidad en cuanto a la preferencia por los proyectos de ley sobre los decretos presidenciales”, concluye el estudio elaborado por la consultora argentina Quiddity y al que tuvo acceso Búsqueda.
En el informe se explica que la acción de regulación, en diferentes formatos, y orientada a modificar la conducta del ciudadano, puede estar basada en la prohibición, en la generación de un alerta o en la construcción de contenidos para una decisión informada. Los uruguayos prefieren diferentes alternativas dependiendo de la categoría que se consulte, se concluye.
A todos los encuestados se les consultó sus opiniones sobre qué debería hacer el Estado en relación con la marihuana, alimentos y bebidas (sin alcohol), bebidas con alcohol y tabaco. Y si bien la opción de prohibición fue la menos mencionada, es en la marihuana donde el 27% seleccionó la opción “prohibir”. Para el tabaco y las bebidas con alcohol se repartieron menciones entre “alertar” y “educar”; en alimentos y bebidas (sin alcohol) por enorme mayoría la opción seleccionada fue la de educar, con el 83%.
Impacto en el Mercosur.
Otro informe, elaborado por el estudio jurídico Jiménez de Aréchaga, Viana & Brause, concluye que la modificación en la rotulación “puede generar un impacto significativo en el comercio” que “no parece haber sido debidamente ponderado” en la iniciativa reglamentaria. Según los autores, la normativa actual relativa a la rotulación de alimentos se encuentra —salvo contadas excepciones— alineada con las reglamentaciones técnicas aprobadas en el Mercosur, lo cual “indudablemente” facilita el comercio regional dentro del bloque.
“Este alineamiento se vería afectado por el proyecto, en tanto la dimensión y magnitud del rotulado que prevé la norma proyectada se apartaría del que existe actualmente en el Mercosur”, sostiene el estudio. Y agrega que a su vez podría derivar en una “obstaculización” al acceso de varias de las marcas y productos en plaza, o en su defecto a su encarecimiento como consecuencia de los cambios necesarios en la rotulación.
De acuerdo con el estudio de Quiddity, los uruguayos perciben como los más afectados económicamente a las grandes empresas productoras de alimentos y bebidas (58%), y luego las pymes (54%) que suelen estar vinculados en su cadena de valor. Los terceros en la lista serían los almacenes y quioscos (42%).
