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El Directorio del Banco Central (BCU) resolvió remitir al Ministerio de Economía una proyecto de decreto que crea una tabla de mortalidad sin distinción entre sexos. Esto, de aprobarse, implicará una modificación en la pasividad que se obtenga a través del sistema de capitalización individual y, según alertan desde las AFAP privadas, oficiará como un “subsidio encubierto”.
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Desde 1996 el sistema jubilatorio tiene dos pilares: uno de solidaridad intergeneracional en manos del Banco de Previsión Social (BPS) y otro de capitalización individual gestionado por las administradoras previsionales (AFAP). Bajo este segundo pilar, el aporte del trabajador se acumula en una cuenta personal, que se acrecienta también si el ahorro invertido genera ganancias; al momento del retiro el dinero pasa a una aseguradora (un servicio que hoy solo ofrece el Banco de Seguros del Estado) para que abone una renta vitalicia. Para estimar por cuánto tiempo se dará esa prestación, la compañía usa como base estimaciones de expectativa de vida elaboradas por el BCU.
A fines del año pasado, dicho organismo puso en consulta pública modificaciones a esas proyecciones y anunció la intención de, entre otras cosas, actualizarlas anualmente. Una resolución de su Directorio, fechada el 7 de junio, propone que las tablas completas de mortalidad por edad no tengan “distinción por sexo”, de modo de “asegurar igual tratamiento de hombres y mujeres para la determinación de la asignación inicial” de la jubilación común así como por edad avanzada.
Consultado por Búsqueda, el presidente de la asociación de las AFAP privadas (Anafap), Sebastián Peaguda, opinó que el sistema que rige hoy —con diferentes tablas según el sexo— es “actuarialmente transparente” y que aunque la igualdad que propone el regulador es “compartible”, hay que “preocuparse por cómo es la inserción en el mercado laboral para mitigar que una mujer con el mismo ingreso y tiempo de aporte que un hombre alcance una jubilación diferente”. Si no, “es un subsidio encubierto”, opinó.
La aplicación de tablas de mortalidad sin distinción de sexos fue discutida en Chile en el marco de ajustes a su sistema de pensiones implementados en los últimos años. Entonces la Federación Internacional de Administradoras Previsionales (FIAP) advirtió que si bien se reduce la brecha de pasividades entre hombres y mujeres, esos cambios tienen un efecto “limitado”. En un estudio de abril, proyectó que para el caso chileno las pensiones femeninas aumentarían 4% a costa de una reducción de los beneficios recibidos por los varones.
La FIAP alertó, además, acerca de “impactos negativos inesperados”, como “mayores costos y riesgos” para las aseguradoras, “lo que puede traducirse en aumentos de precios” o “desincentivos” para el ahorro voluntario.
“Desconcierto”.
El planteo del BCU coincide con otra revisión del régimen de AFAP. El Poder Ejecutivo reiteró la semana pasada que a la brevedad enviará al Parlamento una iniciativa para habilitar la opción de desafiliación a los denominados “cincuentones” (que ya tenían aportes al BPS al momento de entrar a una administradora), previo estudio de cada caso.
Peaguda estimó que se genera “incertidumbre, desconcierto y de-sinformación” al permitir optar por desafiliarse de su AFAP a todos quienes, a partir del 1º de abril de 2016, tuvieran más de 50 años.
“Lo de los cincuentones no es un problema generacional sino de un colectivo al que no se le reconocieron (la totalidad de los) aportes. No todos van a tener esta casuística, y van a estar expuestos a una conversación pública. Sabemos que el sistema anterior era inviable, no era sostenible. Lo sabíamos en 1996 y lo sabemos hoy, porque está clarísimo que el BPS no puede pagar esa diferencia de los cincuentones con recursos públicos. Imaginemos si eso se extendiera a toda la población: a medida que la población va envejeciendo, permanece más tiempo en la pasividad y hay menos gente para sostener la parte activa, todos los sistemas de reparto colapsan”, advirtió.
Según anunciaron las autoridades, el proyecto que prepara el Poder Ejecutivo incluiría pasar a un fideicomiso los ahorros de los “cincuentones” que tomen la decisión de desafiliarse, aunque no dio detalles de cómo se administraría.
