Para las AFAP privadas, la modificación, según cómo resulte, puede replantear problemas al sistema que buscó resolver la reforma de 1996, que combinó un pilar de solidaridad intergeneracional gestionado por el BPS con otro de ahorro individual en manos de dichas administradoras.
“Los ‘cincuentones’ tenían un costo de cambio demasiado grande. Pero hay una diferencia con incorporar a todas las personas mayores de 50 años y habría que ver por qué se pasaría (al pilar de reparto) alguien que no tuvo el perjuicio”, dijo a Búsqueda Sebastián Peaguda, presidente de la asociación de AFAP privadas (Anafap).
“Todos los que conllevaron un cambio pensional quisieran volver hacia atrás, pero no es viable porque significa volver al esquema original. Si ponés en revisión la reestructura , lo más probable es que caigas en los mismos problemas que te llevaron a hacerla. Si pasás mucha gente al sistema de reparto te va a estresar el financiamiento del BPS, que entonces debería cambiar los parámetros de las prestaciones jubilatorias, ya sea modificando la edad, el aporte o la tasa de reemplazo. En la medida en que incrementás las razones por las que tuviste que reestructurar, hacés más inminente una nueva reestructura. Y la variable más típica a ajustar es la edad de jubilación”, agregó.
Los “cincuentones” es un colectivo de trabajadores que ya tenían aportes a la seguridad social en 1996. La ley de reforma modificó también cómo se contabilizaban los aportes que pasaron a estar topeados. Así, a medida que llegaron a la edad de jubilación, los “cincuentones” vieron una diferencia entre lo que recibirían y lo que hubieran cobrado por el sistema anterior.
Déficit del BPS.
Previo a la reforma de 1996 el déficit del BPS alcanzaba 3,1% del Producto Bruto Interno.
En 2016 el resultado negativo alcanzó US$ 440 millones (se habían proyectado US$ 72 millones) y para este año el BPS presupuestó una asistencia desde Rentas Generales equivalente a US$ 630 millones. El miércoles 26, su directorio aprobó el presupuesto para 2018 con una asistencia financiera de $ 19.694 millones (unos US$ 691 millones).
Solo votó en contra la representante de los empresarios, Elvira Domínguez, con el argumento de que existen rubros “subpresupuestados”, como las jubilaciones por incapacidad, los subsidios transitorios y las erogaciones por prestaciones para lentes y prótesis, dijo a Búsqueda.
Para el próximo ejercicio, el BPS proyecta que recibirá ingresos (en aportes de trabajadores y empresarios, así como impuestos afectados) por unos US$ 11.226 millones y tendrá egresos (en concepto de pasividades y subsidios a trabajadores activos) por US$ 11.917 millones.
En comparación con el balance de 2016, los egresos por pasividades aumentarían 3% y los subsidios a trabajadores disminuirían en esa misma magnitud. Mientras que los ingresos por aportes quedarían casi estables, por impuestos afectados (algunos puntos del IVA y del IASS) percibiría un 5% más.
“La inactividad compensada va a seguir creciendo porque no se está haciendo nada. Además, se plantea una disminución del 10% en subsidios por enfermedad, donde si bien hay algunas acciones no creo que logren ese impacto. Se plantea además que las cargas salariales en la construcción están en equilibrio, pero no se ha hecho nada para corregir el error de cálculo. Hay estimaciones que no son realistas en los egresos y en los ingresos; algunos rubros podrían estar sobrevalorados, como la recaudación (del sector) industria y comercio”, sostuvo Domínguez.
Fideicomiso.
La ventana que se pretende abrir ahora para los “cincuentones” no es la primera, ya que en el pasado se dio la posibilidad a otro colectivo acotado. En su primer año de aplicación, esa ley de desafiliación permitió la salida de su AFAP a 8.309 personas de entre 40 y 50 años que habían ingresado voluntariamente al sistema mixto. Sus ahorros pasaron al BPS (US$ 130 millones), lo que permitió abatir el déficit del organismo en 2014.
El proyecto que enviará ahora al Parlamento plantea una alternativa que resguarda los ahorros acumulados por los “cincuentones”, al transferir el dinero de los que opten por dejar la AFAP a un fideicomiso administrado por un agente autorizado por el Banco Central. Solo a partir del sexto año de su constitución comenzará a volcar fondos al BPS.
“No se va a ir más gente que en la ley anterior. Lo que sí queremos es la mayor seguridad en la financiación del sistema. Cada pilar del sistema tiene sus características y no deben competir. Pero toda ley de seguridad social tiene que adaptarse a los desafíos que se presenten. Ya pasó en 2009 cuando se votó la Ley de Flexibilización de las Jubilaciones. El BPS va a administrar este dinero para asegurar que los sucesivos gobiernos no sientan la tentación de usarlo para otras cosas”, estimó Javier Verdino, integrante de la representación de empresarios en el directorio del BPS.
Como la reforma estableció que a partir de $ 146.859 nominales (en la actualidad) no existe obligación de aportar a la seguridad social, algunos “cincuentones” encontrarán que deberán pagar una deuda al BPS si quieren volver a estar exclusivamente en el pilar de reparto. El proyecto del Ejecutivo establece que esto se pague en 72 cuotas que se podrán descontar de la jubilación, algo que no estaba contemplado en la primera ley de desafiliación.
Verdino opinó, además, que el problema de este colectivo no surge por una mala interpretación en cuanto al cálculo de aportes sino por la redacción de la ley de reforma de los noventa.
“No se soluciona cambiando el sistema del BPS sino la ley. Y en eso había tres riesgos: tener que pagar mayores jubilaciones sin ingresos de dinero; un conflicto con la historia laboral que después de 20 años registrados son los que se toman para el cálculo, y, por último, hacer una ley interpretativa abarcaría también a quienes ya se jubilaron, lo que podría ser mortal para las arcas del BPS”, analizó.
Empuje “ideológico”.
Si bien los detalles quedarán fijados en la reglamentación de la ley, el proyecto para los “cincuentones” señala que los activos del fideicomiso podrá estar invertidos solo en títulos de deuda e instrumentos de regulación monetaria, depósitos en bancos de la plaza o papeles de renta fija emitidos por gobiernos extranjeros con muy alta calificación crediticia.
En declaraciones a El Observador, el representante de los trabajadores en el BPS, Ramón Ruiz, planteó dudas sobre la necesidad de que operen las AFAP si, de aprobarse el proyecto, el Estado es capaz de administrar un fideicomiso con fondos previsionales.
“El tema es qué tanto expertise tiene un fiduciario en el mercado uruguayo en hacer lo que hacemos nosotros, porque no hay ninguno que administre un fondo parecido. (...) Porque si se hace un manejo profesional va a tener costos”, dijo Peaguda, gerente general de la administradora SURA.
Una fuente del sistema agregó que por la redacción del proyecto las administradoras pasarán “un portafolio ya armado” al fideicomiso, sobre el que queda la duda si rentabilizará los activos o solo los administrará “recomprando títulos cuando se venzan y asegurando tener liquidez para los pagos al BPS”.
Si bien ese informante estimó que “no hay grandes sorpresas”, consideró que el proyecto constituye una perforación al sistema mixto porque “un problema de 30.000 se tornó en una incertidumbre de muchas más personas” . Añadió: “Esta misma solución va a dejar al descubierto que cualquier reforma de la seguridad social cuesta plata y que los costos de reversión del sistema mixto son infinitos”.
Vaticinó: “Va a venir un empuje ideológico y más político al que no le veo viabilidad. Es como si le preguntaras a un bancario cómo quiere jubilarse: si como lo hace hoy o como lo hicieron los anteriores bancarios. Las condiciones ahora son peores, pero eso no tiene que ver con las AFAP”, razonó esa fuente.
