El BROU debió pasar a pérdida U$S 600 millones por préstamos que no pudo cobrar, según datos oficiales manejados por el MPP

Entre la información en poder del MPP, que está siendo evaluada “políticamente” —según relataron a Búsqueda varios integrantes de ese grupo—, figura una lista con cerca de 30 empresas deudoras del BROU así como cifras referidas a la cantidad de dinero que esa entidad prestó y pasó a pérdida desde 1995 a 2016, discriminada año por año.

Cartera “castigada”.

Uno de los pedidos de informes que maneja el principal sector político del Frente Amplio muestra que el BROU no pudo cobrar a sus deudores unos U$S 637 millones entre 1995 y 2016.

En su contabilidad los bancos deben registrar como pérdida los créditos que no lograrán recuperar, lo que se conoce como “castigar” la cartera. Al cierre del año pasado el BROU tenía un saldo de préstamos “castigados” por U$S 232 millones que correspondían a 626 firmas clientes, según los datos que recabó el MPP.

De la información con la que cuenta Mujica y otros legisladores oficialistas y de la oposición surge que la cartera “castigada” de 1995 a 2006, considerando créditos a empresas y a personas físicas, sumó U$S 524 millones. Por años, los máximos del período se dieron en 1996 (U$S 74,7 millones), 2001 (U$S 179,7 millones), 2002 (U$S 88,1 millones) y 2004 (U$S 49 millones), el último antes de la llegada del Frente Amplio al poder.

La información del BROU permite discriminar ya sean clientes personas físicas o jurídicas recién a partir de 2007. Desde ese año y hasta 2016 inclusive, la institución pasó a pérdida un total de U$S 113,5 millones de créditos incobrables concedidos a empresas.

Los legisladores del MPP tomaron conocimiento de situaciones específicas de deudores clasificados como irrecuperables (categoría 5).

Son los casos, por ejemplo, de Mina Valencia con una deuda total por U$S 3,4 millones, Industrial Pesquera La Paloma por U$S 2,9 millones, Urupez por U$S 5,4 millones, Remolacheras y Azucareras del Uruguay por U$S 2,4 millones, Conosur por U$S 1,8 millones, Insignia por U$S 1,7 millones, Telepark por U$S 1,7 millones, Curtiembre Delbono y Pena por U$S 5 millones, Sociedad Anónima de Industrias Laneras por U$S 4,9 millones, Cubalan por U$S 5,9 millones y Fabril Exportadora por U$S 5,7 millones. A otras empresas el BROU les prestó incluso montos mayores que no pudo recuperar, como Fripur (U$S 34,7 millones), Paylana (U$S 16,9 millones), Central Cooperativa de Carnes (U$S 12,4 millones), Agromax (U$S 11,9 millones), Dancotex (U$S 10,1 millones), Peinaduría Industrial de Lanas Colón (U$S 8,9 millones), Inperagro (U$S 8,6 millones) y Rinfex (U$S 6,3 millones). El listado de las casi 30 empresas —varias de ellas ya cerradas— acumula deudas categorizadas como incobrables con el BROU por unos U$S 170 millones.

“Crítica ejemplarizante”.

Esas cifras de deudores del BROU y la cartera “castigada” son utilizadas por legisladores del MPP para argumentar que atrás de las críticas al Fondes hay una “motivación política” y una “cuestión de clases latente”. No apuntan a cuestionar al banco ya que, de hecho, tienen la convicción de que su gestión mejoró en los últimos años; el República cuenta actualmente con una cartera de créditos que supera los U$S 5.000 millones y la morosidad ronda el 6%.

En conversaciones informales que mantuvieron durante los últimos días, los integrantes del MPP manifestaron su molestia porque los “clavos empresariales” históricos del BROU nunca motivaron “campañas políticas” ni se consideraron “pérdidas del capital público”.

“La opacidad y falta de interés en investigar y publicitar sobre estas deudas solo es explicable por una tolerancia de clase”, señaló un dirigente mujiquista a Búsqueda.

“Cuando las deudas son con el Fondes, cuando los que tienen dificultades son trabajadores, sobran investigadoras, críticas y denunciantes. Obvio, no corre el secreto bancario tampoco. Lo que está en el fondo del debate es la crítica ejemplarizante y aterradora contra la economía social”, agregó.

Para ese dirigente consultado, que participó en varias conversaciones sobre el tema y conoce al detalle las cifras, “con estos números del BROU” no se justifica la “campaña contra los créditos Fondes aduciendo que eran sagrados fondos públicos”.

Uno de los legisladores del MPP más cercano a Mujica que participó en el proceso de creación del Fondes se quejó porque al cuestionar el accionar de ese instrumento de apoyo a las cooperativas —que el entonces presidente comparó con una “velita prendida al socialismo”— “no se midió para nada los retornos que por otras cajas obtuvo el Estado, como ser las facturaciones de IVA, aportes a la seguridad social, IRPF, intereses por cuentas de combustibles y energía más impuestos, entre otras cosas”.

“Puede estimarse que una industria que funcione ocho o 10 años termina aportando al Estado tanto como lo que costó como inversión total y esto lo hace a través de distintas ventanillas públicas. Hay que tener en cuenta la cuantiosa recaudación que el Estado pierde cuando cae una empresa”, alegó.

Otro allegado a Mujica aseguró que atrás del debate sobre las pérdidas del Fondes hay una “ojeriza de clase” porque “los clavos empresariales metidos al República son cuantiosos y nunca hubo investigadoras ni denuncias conocidas”.

El Fondes.

A fines de 2010, durante la gestión de Mujica, se incorporó en la Carta Orgánica del BROU que el Poder Ejecutivo podría requerirle contribuciones adicionales de hasta 30% de las utilidades netas anuales con destino a la creación de fondos para “apoyar el financiamiento de proyectos productivos viables y sustentables”. Luego, en setiembre de 2011, un decreto creó el Fondes como herramienta para la promoción de sectores estratégicos con “especial atención a proyectos de autogestión”.

En esa primera etapa la dirección del Fondes estuvo bajo el ala de la Presidencia y su unidad técnica funcionó en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, dirigida por economistas mujiquistas.

Entre 2011 y 2013 el fondo se integró con U$S 100 millones.

Luego, ya en el actual período de gobierno, el Fondes tuvo una nueva transformación institucional. Ello implicó que se transfiriera al Instituto Nacional del Cooperativismo la gestión de la vieja cartera de préstamos y que se le asignara la función de otorgar nuevos apoyos a los emprendimientos “viables y sustentables” de la economía social y solidaria. También se puso un tope de 10% del fondo líquido disponible por emprendimiento.

Desde su puesta en marcha en 2012 hasta fines de 2015 el Fondes dio préstamos, asistencia técnica y bienes de activo fijo a 28 proyectos —entre ellos Alas Uruguay (Dyrus), la ex Metzen (CTC), Envidrio (Ethos) o la ex Funsa (Funsacoop)— por un total de U$S 68,7 millones, según un informe de gestión presentado a mediados de 2016 ante el Parlamento. Una decena de los emprendimientos financiados tenía créditos impagos en 2015. No se dispone de datos correspondientes a 2016.

Legisladores del Partido Nacional propusieron una investigación parlamentaria sobre el uso de los dineros del Fondes denunciando supuestos ilícitos y sospechas de “corrupción”, pero en mayo de 2015 el Frente Amplio no dio los votos para conformar una comisión. Ahora el diputado blanco Rodrigo Goñi, junto a su compañero de partido Jaime Trobo y el independiente Gonzalo Mujica, preparan una denuncia judicial sobre el manejo del Fondes y los negocios con Venezuela.