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Los representantes del sector privado en el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Conassat) plantearon que el Banco de Seguros del Estado (BSE) les dé un trato diferenciado en sus tarifas a las empresas, según demuestren o no tener una actitud de prevención de accidentes laborales. Las autoridades de la aseguradora pública entienden que eso es pertinente y trabajan para, antes de fin de año, poner en práctica descuentos o recargos en las pólizas.
El organismo ya realiza “periódicamente” estudios de siniestralidad que sirven como base para definir la prima que deberá pagar la empresa a la hora de asegurarse contra accidentes laborales. Pero el banco admite que no todas las firmas están alcanzadas por el sistema y que “en ocasiones” los resultados de los planes de prevención que cada una aplica “tardan en expresarse en el comportamiento siniestral” y por lo tanto en los costos para el empresario, explicó a Búsqueda una fuente del BSE.
Las fuentes explicaron que se está diseñando un esquema para aplicar por la vía de la tarifa incentivos a las empresas chicas y medianas en función de las inversiones que realicen en sus sistemas de seguridad. Actualmente, la prima que se les aplica recoge el promedio del comportamiento de la rama de actividad que se trate. Por eso, la idea es comenzar este año con un “piloto” en alguna rama de actividad emblemática y, tras observar los resultados, poder extenderlo a otros giros. El nuevo plan sería más abarcativo.
Como el BSE tiene un número limitado de prevencionistas, es preciso hacerlo en etapas y no de manera masiva, señalaron. Además, aclararon que la propuesta aún no ha sido validada por el directorio de la institución.
Para el caso de las empresas que tienen un número significativo de dependientes, el nuevo esquema sería una especie de bonificación provisional y adelantada que se mantendría vigente en la medida que los planes de prevención “vayan generando en el futuro una mejora en su comportamiento siniestral”, explicó la aseguradora estatal en una respuesta enviada a la Conassat ante el planteo de los representantes del sector privado en dicho ámbito.
Los seguros de accidentes de trabajo son monopólicos del BSE.
Accidentes.
Desde 2015 ese consejo —que funciona en la órbita del Ministerio de Trabajo y está integrado por representantes del ámbito público y privado— analiza la modificación de las reglamentaciones vinculadas con los accidentes laborales (leyes 5.032 y 16.074). Tras la creación de un compendio de normas sobre salud y seguridad en el trabajo, debate la incorporación del estrés como una enfermedad laboral y la composición de los servicios de salud que deben tener las empresas.
Paralelamente, la Conassat propondrá a la Universidad de la República la creación de un ámbito de intercambio para analizar la conformación de los equipos de salud que debe mantener cada empresa, y que fueron reglamentados en 2014. La discusión, hasta ahora, está centrada en la capacitación que deben tener los técnicos prevencionistas que integran el equipo.
En diálogo con Búsqueda, el inspector general de Trabajo, Gerardo Rey, apuntó que “tal vez” se podría contar con un nuevo texto sobre accidentes laborales “al final” del actual período de gobierno. Hasta ahora la Conassat elaboró normas con respecto al consumo de alcohol y drogas en el ámbito laboral, así como reglamentó la obligatoriedad del servicio de salud en la industria de medicamentos, bebida y frigoríficos (y en breve se incorporará a las empresas públicas, firmas lácteas y metalúrgicas).
“Esto es un trabajo que lleva mucho tiempo. Pero el objetivo sigue siendo una ley que incorpore las mejores prácticas de prevención y que armonice las normativas vigentes. Hoy tenemos cosas desperdigadas según el sector de actividad. Además, se avanzó en promulgar decretos especiales de cada rubro, pero sería bueno recoger todo en una nueva ley” que abarque los riesgos globales, apuntó.
Públicos.
En el Conassat también estudian la incorporación de la totalidad de los funcionarios públicos al seguro por accidentes de trabajo.
En la comunicación enviada en junio al consejo, el BSE indicó que incorporar a todos los empleados del Estado supondría asegurar a los 60.500 dependientes de los ministerios del Interior y de Defensa, así como a otros 146.500 que se desempeñan en otros organismos.
Hasta hoy están aseguradas 93.000 personas que trabajan en tareas consideradas de riesgo tanto en el Estado como en los gobiernos departamentales, entes autónomos o servicios descentralizados. Son, por ejemplo, los trabajadores de la refinería de Ancap o los funcionarios que UTE destina al mantenimiento de líneas de transmisión.
“El BSE tiene entre sus cometidos fomentar en la sociedad la conciencia aseguradora, por lo tanto, siempre estará de acuerdo con aumentar el espectro de asegurados”, informó en la nota firmada por su presidente, Mario Castro, y la secretaria general, Raquel Guarnieri. Aseguró que cuenta con “infraestructura y personal” suficiente para incorporar a la totalidad de funcionarios públicos, aunque advirtió que cada organismo deberá “evaluar” el gasto que esto implica.
Fuentes del BSE explicaron a Búsqueda que algunos organismos públicos tienen asegurado a todo el personal, pero en otros casos los que desempeñan tareas administrativas no lo están, lo que “no quiere decir que no sean responsables objetivamente en caso de que suceda algún siniestro”.
