La epidemia de Covid-19 alteró el negocio de los juegos de apuestas. Las salas de casinos estuvieron cerradas durante varios meses y parte de su clientela se pasó a los tragamonedas y timbas clandestinas o a plataformas del exterior consideradas ilegales en Uruguay. En el caso de los agencieros, que comercializan modalidades como el 5 de oro o la quiniela, el volumen de actividad tendió a retraerse dado el problema sanitario y económico. Además, dejaron en suspenso una nueva oferta que ya estaba pronta para ser lanzada: apuestas en partidos virtuales de fútbol, de ping-pong y carreras de automóviles.
En el caso de los casinos, el Poder Ejecutivo contempló su problemática al atender un pedido para que puedan explotar, vía online, los juegos de “póker, ruleta, slots, entre otros, creados o a crearse”. Un proyecto de ley al respecto fue presentado al Parlamento este mes por el Ministerio de Economía (MEF).
Cuando el jueves 8 estuvo en la Comisión de Hacienda del Senado, el subsecretario Alejandro Irastorza llevó “varias notas presentadas” por operadores del sistema mixto de casinos instando a que se habilite la modalidad online; los firmantes son los grupos Criohsa (Radisson Victoria Plaza), Boldt y Peralada (hoteles y casinos de Salto y Rivera) e Hípica Rioplatense —HRU— (que explota las salas de Montevideo Shopping, 18 de Julio, Géant, Las Piedras y Pando). “Ellos solicitaron también la explotación del juego online en función de que cuando se determinó el cierre de su actividad no pudieron desarrollarse y, obviamente, en este año y medio —2020-2021— los juegos online ilegales tuvieron un desarrollo más que importante”, explicó el jerarca. En la misiva, contó, esas empresas hicieron notar las inversiones realizadas hasta ahora en Uruguay: Victoria Plaza unos US$ 220 millones desde 1995 “en toda su actividad”; los de Salto y Rivera “en torno a US$ 25 millones uno y US$ 36 millones el otro”; y HRU US$ 180 millones “en sus cinco salas y en toda la remodelación” de las pistas de turf. También resaltaron “todas las externalidades a escala de empleo” asociada a su giro, con 430 puestos directos y 1.000 indirectos en el Radisson, y 400 y 800, respectivamente, en el caso de HRU.
Irastorza citó, además, declaraciones de prensa de un ejecutivo de Enjoy —el hotel y casino de Punta del Este—, en las que “dice que están pidiendo para operar con los juegos online desde hace más de 10 años”. Aunque no lo mencionó, hay otro interesado en el negocio: el grupo Cipriani, que se adjudicó por 20 años la licencia para explotar una licencia de casino tradicional (físico) si concreta la inversión —originalmente de US$ 450 millones— en el establecimiento hotelero sobre el derrumbado San Rafael, también pidió en su momento poder ofrecer juegos online.
Luego fue el director de Casinos del Estado, Gustavo Anselmi, quien argumentó a favor del proyecto. Dijo que, “como está prohibido”, el mercado de apuestas en línea “se encuentra totalmente descontrolado, por más que la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ) hace todos los esfuerzos para cancelar los sitios que se instalan aquí” y no están habilitados. “Eso no es un problema para quienes quieren registrarse online en páginas de alguna isla del Caribe, del Mediterráneo o en algún peñón del sur de España porque usan su tarjeta y no tienen ningún problema para jugar. El tema es que el Estado no tiene ningún control en cuanto a la ilegalidad, en lo relativo al blanqueo de fondos de capital y a los fraudes”, alegó.
Más explícito en su defensa de una ley que autorice las apuestas en póker, ruleta, slots u otros juegos de casino, Anselmi dijo: “Hace 20 meses que estoy en la Dirección General de Casinos y durante nueve meses estuvo cerrado, lo que implicó una crisis tremenda para la dirección, las empresas privadas, los funcionarios y los proveedores. Por eso sería una injusticia que nos volviera a pasar lo mismo y que no tuviéramos herramientas para defendernos”.
Varios senadores expresaron preocupación de que el proyecto de ley, si se aprueba, termine estimulando el juego. Por su parte, el blanco Jorge Gandini acotó que “hoy en día nadie sabe cuánta es la adicción ni cuánto es el volumen de juego que hay en el país porque buena parte no se hace a través del juego regular. Por lo tanto, nos guste o no, o prohibimos el juego y ponemos un muro —que no sé cómo es porque se ha intentado hacer y, como decía el senador Sánchez, hay mecanismos tecnológicos que lo van superando porque son más rápidos que las limitantes— o buscamos la manera de introducirnos, regulándolo. En el Uruguay el juego es ilegal, salvo el autorizado, y por lo tanto habrá que autorizar con las limitantes que podamos poner y combatir lo otro”. Para Gandini, si el tema se soluciona “adecuadamente”, es “ganar-ganar. Es ganar para la sociedad —porque es una realidad que no podemos parar—, es ganar para los operadores de juego y es ganar para el Estado, porque va a cobrar por una actividad que hoy se hace igual, pero no la conoce, no la controla, no la regula, no la limita ni cobra o percibe ingresos por ella”.
La delegación invitada intervino tratando de despejar inquietudes. “No se trata de amplificar la oferta”, sino de “captar el juego que existe y que se canaliza a través de vías que no son reguladas ni controladas debidamente por el Estado”, dijo un abogado de Casinos del Estado. Irastorza señaló que las plataformas tienen “límites de depósito, límites de tiempo de sesión y un botón de salida rápida”, así como alternativas para lograr una “trazabilidad” de los ludópatas. Y Anselmi habló de “trazabilidad perfecta” pero respecto al origen de los fondos.
Deportes virtuales
En Uruguay existe un juego online regulado, concesionado a privados: Supermatch. El apostador tiene varias opciones de predicción en torno a eventos deportivos reales de diversas ligas y torneos, ya sea de fútbol, fútbol americano, vóleibol, básquetbol, combate o boxeo. En 2020 se jugaron $ 3.380 millones (algo más de US$ 80 millones calculados al dólar promedio de ese año), superando a la Tómbola ($ 3.003 millones) y la Quiniela instantánea ($ 1.380 millones), aunque por detrás de la tradicional Quiniela ($ 5.637 millones) y el publicitado 5 de oro ($ 3.652 millones), según datos de la DNLQ.
La Banca de Cubierta Colectiva de Quinielas de Montevideo y las del interior agrupadas en Banquidur GIE (Grupo de Interés Económico) pretendían ampliar su negocio. En 2019 solicitaron a la DNLQ autorización para ofrecer apuestas relativas a “deportes virtuales”, es decir, imágenes animadas creadas por computadora que simulan competencias reales cuyo resultado está determinado por un generador de números aleatorios. Serían, según la ley 17.453, “juegos de azar realizados por Internet”.
El crecimiento de las plataformas internacionales de apuestas online “ha cambiado la forma de hacer negocios” y, por esa razón, los agencieros “se proponen estar a la vanguardia, incorporando más opciones” y “permitiendo utilizar los amplios canales de comercialización”, señalaban en una nota a la DNLQ fechada en noviembre de 2019. Es “importante observar que los ciudadanos están expuestos a más de 4.000 sitios web de apuestas ilegales, sin regulación y cuya profesionalidad es generalmente dudosa. La experiencia demuestra que si no exploramos estas posibilidades, la demanda insatisfecha se vuelca hacia otro tipo de juegos o actividades, en los que el Estado no tiene participación, tanto en lo que hace a la obtención de recursos fiscales como en lo relativo al control” de estos, agregaban.
“En principio”, Banquidur y la Banca de Quinielas querían ofrecer apuestas de juegos virtuales de fútbol, carrera de autos y tenis de mesa, con duración de cada competencia de entre 30 y 90 segundos. La apuesta mínima sería de $ 15. También solicitaron permiso para un juego virtual de bingo, en el que el apostador, arriesgando un mínimo de $ 10 y un máximo de $ 50, debería elegir de 1 a 10 números, de 80 que conforman el universo.
En enero del 2020 la DNLQ emitió un reglamento de los juegos de azar por Internet. Y en abril siguiente le concedió la autorización a la Banca de Quinielas y a Banquidur para comercializar apuestas de deportes virtuales. En un escrito presentado por los empresarios en el marco de ese trámite, le señalaron a esa repartición del MEF que se trata de una “forma de captación de apuestas de alto impacto tanto comercial como de cantidad de juegos”.
En otra nota dirigida en abril de 2020 al actual director de Loterías, Ricardo Berois, los agencieros consignaron que “en principio se comenzó a ofrecer los deportes virtuales aprobados” (fútbol, carreras de autos y ping-pong). En agosto de 2020 fue autorizado el bingo.
Pero llegó el Covid-19. La “extraordinaria situación de restricción de movilidad que estamos viviendo” a raíz del virus “puede modificar los comportamientos y hábitos de consumo, pero no existe asunto con mayor relevancia que la vida y la salud pública”, alegaron los empresarios en la nota para argumentar su decisión de congelar el plan. Berois atendió el pedido y en mayo de 2020 resolvió “suspender hasta nuevo aviso la autorización otorgada” para las apuestas en deportes virtuales. El jerarca dijo esta semana a Búsqueda que eso “sigue en suspenso” porque subsiste, de algún modo, la razón de que “no valía la pena agregar más juegos” dada la emergencia sanitaria.
En junio Fosara, la sociedad del grupo Cipriani recurrió por vía administrativa ese tipo de apuestas en línea —y también por “canal presencial”— habilitados a los integrantes de la Banca de Quinielas. Una fuente del MEF dijo a Búsqueda que la concesión a Fosara para que construya un hotel de lujo y explote un casino en donde estaba el San Rafael, en Punta del Este, “tiene la característica de que se trata exclusivamente de juego presencial, no solo porque el juego online no está legalmente permitido a la fecha, sino además porque así se estableció en el pliego de condiciones”. Agregó que si se aprobara el proyecto de ley, Fosara podrá ser un “aspirante luego de que se le otorgue la explotación del juego presencial, lo cual se encuentra condicionado a la inversión prometida”.
Búsqueda quiso consultar a la Banca y a Banquidur sobre los pasos a dar en torno a los juegos virtuales, pero sus autoridades no quisieron responder.
