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La inquietud del funcionario era lógica: ¿por qué el Ejército había rechazado a tantos reclutas sin razón aparente? Al otro lado del teléfono, el oficial se lo explicó con otra pregunta: “¿Usted quiere que un día de estos un soldado de los que custodian su edificio se enloquezca porque le falta la pasta base, y mate a varios de ustedes?”.
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El funcionario entendió y se quedó en silencio. Por la ventana podía ver, a metros de él, a dos soldados del Ejército que fusil en mano custodiaban su edificio, sede de uno de los tres poderes del Estado.
Este diálogo se produjo hace varios meses en ocasión de un rechazo masivo de interesados en ingresar a la tropa de la fuerza terrestre, pero podría haber sido hace unos días: el pasado lunes 30 de julio, una de las cuatro divisiones del Ejército dio de baja a seis reclutas luego de que sus análisis evidenciaron consumo de drogas, y diez días antes otra división rechazó a 17 aspirantes a soldado por el mismo motivo.
Desde hace ya varios meses el Ejército empezó a ajustar sus mecanismos de control de consumo de drogas, luego de detectar un aumento sostenido de casos de reclutas que son consumidores habituales de —principalmente— pasta base de cocaína o marihuana.
Incluso se modificaron los contratos que firmaban para ingresar al Ejército, y se les incorporó una cláusula según la cual aceptan que serán objeto de controles y que si se les comprueba que consumieron drogas serán dados de baja, informaron a Búsqueda fuentes militares y políticas.
Las alertas se encendieron en los últimos tiempos en el Ejército debido a que se detectaron casos de adicción a drogas en aumento en el personal subalterno —en su mayoría soldados—. Si bien los mandos militares asumen como algo inevitable que ello suceda —como reflejo natural del resto de la sociedad— la inquietud se centra en que su trabajo implica un mayor riesgo porque manejan armas y municiones. Además el Ejército tiene a su cargo, precisamente, la custodia de las sedes de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo.
Contracara.
Con la sostenida baja de los indicadores de desempleo, y la pérdida de competitividad de los sueldos militares, el Ejército empezó en los últimos años a enfrentar problemas para reclutar personal. Lejos de los viejos tiempos en que seleccionaba a sus efectivos con rigurosas exigencias entre largas filas de aspirantes, la institución perdió la posibilidad de elegir y ahora recibe como aspirantes a quienes —en la mayoría de los casos— no pudieron obtener trabajo en otro lugar. El resultado es que entre los nuevos reclutas muchos carecen de formación y de hábitos de higiene básicos (Búsqueda Nº 1.565).
Pero la situación se agravó en los últimos tiempos con un nuevo ingrediente: muchos de quienes intentan ingresar son consumidores de drogas.
En los tres meses que duran los Centros de Instrucción de Reclutas (CIR) que se realizan todos los años en varias unidades del Ejército en todo el país, la fuerza intenta formar a los futuros soldados. Allí se procura incorporarlos a la disciplina militar.
Desde comienzos del 2012, la institución empezó a aprovechar los CIR para filtrar a quienes consumen drogas. Durante los tres meses se les realizan análisis médicos y a quienes se les detecta drogas se los rechaza. “Cuando se les comunica no tienen problema; lo aceptan y se van sin chistar, porque saben que consumen y que no pueden hacerlo”, relató a Búsqueda un oficial del Ejército.
Lo cierto es que se trata de un fenómeno cuya magnitud está en aumento, y por lo tanto el control en los CIR es considerado por los mandos militares una primera línea de contención cada vez más importante. En algunas unidades se hace más de un control durante un mismo CIR; en efecto, a los reclutas que fueron rechazados en las últimas semanas se les había informado que sus análisis habían evidenciado consumo de drogas, pero aún así no pudieron pasar una segunda prueba. “Para nosotros ya eran irrecuperables”, comentó un oficial.
Más aún, si bien la situación ya es usual en las unidades del Ejército cercanas a los grandes centros urbanos (en particular las divisiones I y II), también se registran casos en las jurisdicciones que abarcan mayor territorio rural (las divisiones III con sede en Minas y la IV con sede en Tacuarembó).
Además de los análisis a los nuevos reclutas como forma de evitar directamente que ingresen a la fuerza personas con adicción a drogas, en varias unidades actúan equipos multidisciplinarios integrados por asistentes sociales y psicólogos, que tienen por objetivo apoyar al personal subalterno y prevenir ese tipo de casos.
En paralelo, en algunas unidades se desarrollan análisis sin aviso previo para detectar consumo de drogas en el personal que en la actualidad sirve en el Ejército o incluso en los efectivos que regresan de alguna “misión de paz” en el exterior. Los principales contingentes militares uruguayos que cumplen “misiones de paz” para Naciones Unidas están en la República Democrática del Congo y en Haití, donde el personal subalterno está muy “expuesto” al consumo de drogas, en virtud de que es fácil y relativamente barato conseguirlas, indicaron varias de las fuentes que consultó Búsqueda.
“No destrozar”.
En este escenario, cada vez que se detecta un caso de consumo de drogas de un efectivo que presta servicio en el Ejército, los oficiales deben resolver un dilema: el soldado no puede continuar en la institución por el riesgo que ello implica, pero al mismo tiempo se intenta “no destrozar” sus posibilidades laborales.
La vía elegida es que, cuando se le da de baja al efectivo, se registra una causal diferente o más genérica, por ejemplo que no se adaptó a la vida militar, reconocieron algunas fuentes.
“El hombre puede conseguir un trabajo donde el consumo de drogas no sea algo inaceptable como lo es en el Ejército; entonces se trata de no destrozar a la persona y que pueda tener una nueva oportunidad”, argumentó un oficial.