El Estado es cada vez “más invasivo” para combatir el delito y los derechos civiles se “están achicando”, advierte exjuez penal

Fernández Lecchini presentó su renuncia ante la Corte a fines de julio. Dejó el Juzgado penal de primer turno, donde trabajaba desde hacía más de 10 años, y se sumó al staff del estudio del abogado Diego Durand, diputado suplente por el Partido Nacional. El exmagistrado repitió varias veces la palabra “frustración” para explicar a Búsqueda por qué decidió abandonar su cargo y pasarse al ámbito privado. Frustración por no contar con recursos suficientes para dar a las víctimas una atención adecuada. “¿Cómo puede hacer un juez para atender 600 causas por año?”, planteó. También por el “trato injusto” que recibe el Poder Judicial por parte del poder político: “Se busca poco control”.

—Fue el cansancio por cumplir la misma función muchos años, y las ganas de cambiar de rol… No quería ejercer como juez en otra materia, y decidí arriesgarme.

—¿A qué se debe ese cansancio?

—Fue un proceso de acumulación, por no tener condiciones para trabajar desde hace mucho tiempo. Yo podría haber dicho: de acá en adelante hago lo mínimo posible, total, siempre voy a cobrar lo mismo. Tenía el ingreso asegurado, podría haberme dedicado a hacer poco y a viajar. Pero pensé: no quiero eso, voy a probar afuera, me quedan 20 años, si puedo hacer algo bueno para mí, para no sentirme tan frustrado…

—¿La postergación de su ascenso a un Tribunal de Apelaciones influyó en su decisión?

—Mi renuncia se debió al cansancio de estar en el mismo sitio durante tanto tiempo, y a que de aquí a 10 años quizás me encontraba en el mismo lugar haciendo lo mismo.

—¿Por qué se sentía frustrado?

—Por no tener medios para trabajar. Porque ahora todo el mundo quiere judicializar su problema, y como el Poder Judicial no tiene autonomía presupuestal, no puede atender razonablemente sus necesidades de funcionamiento. Eso lleva a que haya cada vez menos o los mismos jueces para atender el nivel de trabajo creciente, y a que estén de turno todos los meses. Eso lleva a que las audiencias no puedan ser bien atendidas, a que las decisiones deban cada vez ser tomadas más intuitivamente, menos elaboradas. Y nosotros, pobres jueces, con este panorama. Un panorama que no quiere verse desde otros sitios. Cuando me fui tenía más de 600 causas por año: ¿Cómo puede hacer un juez para atender 600 causas por año? ¿Para atender 600 problemas humanos? ¿Para atenderlos bien? Es imposible. Así no se puede asegurar un servicio de Justicia.

—¿Sentía que no podía cumplir debidamente con su labor?

—No podía atenderlos bien. Por ejemplo, se presenta una persona por un tema de violencia doméstica y me dice: “Mi expareja me tiene amenazada y me va a matar”. Yo recibo 10 denuncias de ese tipo, más otras 40 de distinta temática. No quiero que le pase nada a esa mujer, pero tengo los dos meses siguientes absolutamente atestados de audiencias. Lo único que me queda es rogar porque la mujer llegue viva a la próxima audiencia. Esa no es manera de dar un servicio de Justicia.

—¿Se necesitan más recursos?

—Sí, creo que los funcionarios del Poder Judicial y los jueces merecen un mejor trato. Los funcionarios hace años que están luchando por un aumento que ya está resuelto ¡y no pueden acceder! Son personas que ganan $ 20.000. ¿No son trabajadores?

—¿A qué atribuye esa postergación salarial?

—Probablemente no son suficientes votos. Además, se busca poco control por parte del Poder Judicial. Quieren que no sea un poder técnico, sino una agencia letrada subordinada al mando político de turno.

—¿Se refiere al Frente Amplio o a todos los partidos políticos?

—El Poder Judicial no ha podido obtener autonomía presupuestaria nunca. Es un problema que viene del siglo pasado. Y si vivís de una pensión, y no tenés tu ingreso, qué política vas a hacer. A pesar de eso el Poder Judicial es la empresa más económica para el Estado, porque es la que con menos recursos logra mejores resultados. Me dirás que los resultados son horribles, pero en relación con los recursos que le dan, que son cero, son buenos. Después está el trato injusto que merece el Poder Judicial. Desde el 2010 hasta ahora hubo una cadena de leyes inconstitucionales para evitar que el Poder Judicial cobre lo que tiene derecho a cobrar.

—¿Cree que sus colegas comparten su frustración?

— No quiero comprometer la opinión de los colegas como colectivo, pero he hablado con muchos de que no están dadas las condiciones para trabajar correctamente. Salimos de un turno y estamos tratando de hacer sentencias en nuestra casa para que la cosa avance. Pero no todo es compromiso con la causa, también se necesitan medios.

—Ha trabajado en varias causas sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, ¿cómo evalúa el avance de esas investigaciones?

—También por una cuestión de medios, no se puede avanzar. Porque en vez de haber un Juzgado dedicado solamente a eso —porque son causas enormes, donde se citan a decenas de personas, y para entenderlas hay que leer informes sobre la historia reciente— están repartidas entre todos los juzgados. Y los jueces, mientras tratan de solucionar un tema de violencia doméstica, tratan de impulsar las causas de derechos humanos, con un éxito muy relativo.

—Fue el primero que planteó la tesis de que la ley de caducidad había obstaculizado las investigaciones, y que por lo tanto los años en que estuvo vigente no debían contabilizarse para la prescripción de esos delitos…

—Plasmé esa idea en una sentencia de 2006, sobre la extradición de militares a Argentina. Luego todos llegamos a un resultado parecido, de que no se podía dar el tema por prescripto. Esa tesis iba en línea además con lo que decía la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre no admitir la prescripción de este tipo de delitos.

—Considerando ese aporte a la jurisprudencia, y la cantidad de causas en las que intervino, ¿está satisfecho?

—La sensación que me queda es de frustración, porque no pude impulsar esas causas. Siempre había una cosa. La ley de Mujica (ley Nº 18.831 que declaró que los delitos cometidos durante la dictadura son de “lesa humanidad” y por tanto no prescriben, y que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte) quiso ayudar pero empeoró todo, porque los abogados empezaron a plantear recursos contra ella. Fue una equivocación, un despropósito. Quisieron ayudar pero complicaron más, dieron un insumo para detener todo. Y no era necesaria, porque la había combatido la jurisprudencia.

—¿Piensa que el nuevo Código del Proceso Penal mejorará las investigaciones?

—Creo que no están aportados los medios para que pueda funcionar correctamente. El número de jueces es absolutamente insuficiente, por lo menos para los primeros años, hasta que la Fiscalía se acostumbre a dejar algunas causas fuera del proceso por audiencia. Además, la defensa penal tiene cada vez menos posibilidad de defender, menos protagonismo.

—¿Por qué?

—Porque el Estado tiene cada vez más medios para invadir la privacidad. Cuando el abogado va a tomar el caso, ¿hace ya cuánto que vigilan a esa persona? El Estado cada vez es más invasivo, cada vez vigila más, monitorea más, escucha más.

—¿Hay un exceso de control por parte del Estado?

—Ha crecido demasiado. Los derechos civiles, lo que los americanos llaman los derechos de los ciudadanos frente al Estado, se van achicando. Cada vez están más cercados. El individuo debería pelear por sus derechos civiles, para que no queden como un mero instrumento del Estado, en aras de políticas que son de Uruguay o de estados extranjeros.

—¿Se refiere, por ejemplo, a las exigencias que el gobierno impuso a abogados y escribanos para combatir el lavado de dinero?

—Claro, por supuesto. Hay gente que no puede trabajar tranquilamente su profesión, porque tiene que estar indagando a su cliente. ¿De dónde sale la lógica de eso? Es un trato indigno para el profesional, que le debe decir al cliente: “Mire que si usted quiere invertir US$ 100.000, tengo que investigarlo a ver si no es narcotraficante, y tengo que convertirme en policía”. Porque el Estado dice, porque el Estado quiere. Lo que falta es que le digan a la prensa: “Usted cuando reciba a una persona que traiga información, no puede guardar el secreto de la fuente. Lo tiene que denunciar, y lo tienen que investigar”. E increíblemente lo que la gente quiere es cada vez más intervención del Estado y menos libertad para sí misma, probablemente por la sensación de inseguridad que siente por el aumento de las actividades delictivas.